Después de cuatro años al frente del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet se despidió formalmente del cargo el martes y terminó este miércoles su mandato. La dirigente chilena informó en julio que no tenía planes de continuar por un nuevo período. “Ha llegado la hora de volver a Chile y estar con la familia”, tuiteó en aquel momento.
Hasta el miércoles no estaba definido quién será su sucesor, que deberá ser propuesto por el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, y confirmado por la Asamblea General. Según dijo Bachelet a la prensa, unas 50 personas se presentaron al puesto, pero no dio a conocer ningún nombre. Mientras no se designe un nuevo titular, será reemplazada de forma interina por su adjunta, la jordana Nada al Nashif.
Al dejar el cargo, Bachelet pidió: “Debemos hacer todo lo posible por evitar una gran fractura y mantener el sistema universal, continuar un mundo multipolar con fuertes instituciones multilaterales y un respeto global a la ley internacional”.
Señaló que su mandato estuvo marcado por la pandemia de covid-19, los desafíos del cambio climático y “la incertidumbre económica, con aumento de precios de los alimentos y combustibles, que se ha exacerbado con la crisis en Ucrania”, informó la agencia Efe. La expresidenta chilena y extitular de ONU Mujeres recordó también los movimientos de protesta contra “el racismo estructural, la corrupción y el abuso de poder”.
Antes de irse
En su última semana de mandato Bachelet actuó sobre diversos asuntos. Llamó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a respetar a los otros poderes del Estado. “No hay que hacer comentarios que pueden aumentar la violencia o el odio contra las instituciones democráticas”, dijo, y continuó: “Lo peor es que ha pedido a sus seguidores que protesten contra las instituciones judiciales el 7 de setiembre, cuando Brasil cumple 200 años de su independencia. Esto ha llevado a que los partidos pospongan manifestaciones en esa ocasión y las pasen para el día 10, para evitar choques”.
También criticó a Israel por obstaculizar el trabajo de observadores de la ONU en el territorio palestino al negarles el visado. “En 2020, los 15 empleados de mi oficina en Palestina, que ha operado en el país durante 26 años, no tuvieron más remedio que marcharse, y las posteriores peticiones de renovación de visado han sido ignoradas durante dos años”, dijo, y recordó que como miembro de la ONU Israel tiene la obligación de cooperar con sus representantes. Agregó que “el trato de Israel a nuestro personal es parte de una tendencia más amplia y preocupante de bloquear el acceso de los derechos humanos al territorio palestino ocupado”.
Por otra parte, cuestionó la posibilidad de que el periodista y activista australiano Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos y enjuiciado, debido al impacto que esto tendría en la libertad de prensa, tanto en los periodistas como en las fuentes de información.
Bachelet reconoció días atrás que fue objeto de fuertes presiones para no publicar un informe sobre los derechos humanos en China, centrado en la situación de los uigures, una etnia de origen túrquico y practicante del islam que habita mayoritariamente en la provincia de Xinjiang, en el noroeste del territorio chino. Dijo que recibió una carta firmada por unos 40 países -que no nombró- pidiéndole que no lo publicara.
Este miércoles, antes de su publicación, China manifestó que el informe de Bachelet sobre los uigures puede afectar la cooperación del país con la ONU. “Nosotros hemos dejado muy claro a la alta comisionada y a otros funcionarios que nos oponemos firmemente a este informe”, dijo el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun. “Todos sabemos que la llamada cuestión de Xinjiang es una mentira completamente fabricada con motivos políticos y su fin es minar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo”, afirmó el funcionario del gobierno de Pekín.