El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó este lunes una orden de allanamiento en la casa que el expresidente estadounidense Donald Trump tiene en el estado de Florida, según informó el propio líder republicano en un comunicado.

“Mi hermosa casa Mar A Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo Trump en un comunicado difundido por medios estadounidenses.

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, se expresa en el texto de acuerdo a lo que informó el portal The Hill.

Si bien no trascendieron en primera instancia los motivos del allanamiento, Trump está inmerso en varios casos judiciales y está bajo la lupa del Departamento de Justicia por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020. Además, hace unos meses surgieron denuncias de que se había llevado a su residencia Mar A Lago documentos oficiales clasificados como secretos, recordó El País de Madrid.

El registro, según dos fuentes familiarizadas con la investigación que cita The New York Times, parece centrarse precisamente en el material que Trump se había llevado a su casa particular después de abandonar la Casa Blanca, que podría incluir cajas con documentos clasificados. Luego de que los encargados de los archivos oficiales se lo pidieran, el exmandatario tardó meses en devolver 15 cajas con documentos.

La inédita ejecución de una orden de allanamiento en la casa de un expresidente estadounidense se produce cuando el Departamento de Justicia está acelerando su investigación sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio y está analizando más en profundidad las acciones de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020, en las que el republicano fue derrotado por el actual presidente, Joe Biden.

Puntualmente, la Justicia analiza si Trump maniobró para permanecer en el poder mediante un esquema electoral fraudulento, transmitiendo lo que los funcionarios de campaña denominaron certificados electorales “falsos” para revertir las elecciones de 2020 en estados clave ganados por el postulante demócrata.

La Justicia también ordenó previamente investigaciones contra dos abogados que trabajaron con Trump. El Departamento de Justicia incautó el teléfono de John Eastman, quien elaboró memorandos para la campaña que detallaban la estrategia de falsificación de electores, así como un plan para que el entonces vicepresidente Mike Pence se opusiera a su deber ceremonial de certificar los resultados de las elecciones. También hubo un allanamiento en la casa de Jeffrey Clark, un fiscal general adjunto que Trump consideró designar fiscal general para poder enviar una investigación sobre sus afirmaciones infundadas de fraude electoral.