China repudió este jueves un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en la región de Xinjiang y los derechos de los uigures y otras minorías étnicas. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, el informe está “lleno de falacias”.

En el texto, de 48 páginas, la oficina señala que las autoridades chinas pudieron haber cometido crímenes contra la humanidad hacia los uigures y otros grupos étnicos al aplicar políticas de detenciones arbitrarias masivas y otros abusos.

Wenbin calificó el documento como un “invento convertido en herramienta política” por parte de otros países y llamó a terminar con las “malas prácticas” y los “dobles raseros” en materia de derechos humanos, según citó la agencia de noticias Efe. A su vez, la misión china ante Naciones Unidas manifestó que el documento está “basado en desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas antichinas”, y que “distorsiona las leyes y políticas de China, calumnia sin motivo e interfiere en asuntos internos”.

El informe fue difundido a la prensa acreditada en la ciudad suiza de Ginebra minutos antes de que terminara el último día de Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos. La dirigente chilena denunció la semana pasada presiones para que no publicara este documento, pero adelantó que antes de dejar el cargo lo daría a conocer.

En el texto, la oficina que tuvo a su cargo afirma que la legislación antiterrorista china llevó a la “privación de la libertad a gran escala” entre 2017 y 2019. Si bien a partir de ese año los centros de internamiento disminuyeron en tamaño y cantidad, las detenciones bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo siguen ocurriendo, agrega.

“La aplicación de estas estrategias [contra el terrorismo] y de las políticas asociadas en la región administrativa especial de Xinjiang han dado lugar a restricciones severas e indebidas a una amplia gama de derechos humanos”, dice el documento, según citó Europa Press. “Estas pautas de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas”, se explica en el informe.

Señala que esas estrategias antiterroristas contienen “conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discreción a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción”, todo esto “en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente”.

“El tratamiento de las personas retenidas en el sistema de los llamados VETC [centros vocacionales de educación y entrenamiento, donde son detenidos los uigures] es igualmente preocupante. Las alegaciones de patrones de tortura o malos tratos, incluyendo el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”, establece el informe. Reconoce, sin embargo, que no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre la extensión de estos abusos.

De acuerdo con las agencias internacionales, el documento también denuncia que “hay graves indicios de violaciones a los derechos reproductivos” mediante políticas de planificación familiar y control de la natalidad aplicadas de manera discriminatoria y forzosa. Reporta, además, restricciones a la libertad de religión, de expresión y de movimiento.

Según recordó Efe, China no permitió que expertos de la ONU visitaran la región, situada en el noroeste del país, para investigar la situación, pero de todos modos estos accedieron a entrevistar a personas que estuvieron detenidas en los centros de internamiento. Algunas dijeron que fueron interrogadas sin acceso a una defensa legal. “Ninguno de los entrevistados dijo que pudo salir de las instalaciones o visitar su hogar” durante los internamientos, que duraban de dos a 18 meses y en los que eran vigilados por funcionarios armados. Se les advertía que una vez que salieran deberían hablar bien sobre esos centros.

La oficina que lideró Bachelet reclama que se revise la legislación contra el terrorismo, se libere a todos los detenidos de manera arbitraria y se investigue el paradero de personas que son buscadas por sus familias.

Por su parte, el Congreso Mundial Uigur llamó a dar una respuesta a esta situación denunciada por Naciones Unidas y a terminar con las “atrocidades” contra ese pueblo. La entidad pidió al Consejo para los Derechos Humanos que convoque una reunión urgente, que actúe la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, y que los gobiernos den pasos para proteger a esa población.