A las movilizaciones que se vienen llevando adelante en el departamento boliviano de Santa Cruz contra la detención del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, se sumó este miércoles el anuncio de marchas en el departamento de Potosí.
Un dirigente local, Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico Regional, un bastión opositor al Movimento al Socialismo (MAS), dijo este miércoles que “Potosí ingresa en movilizaciones”. Sobre los motivos, afirmó que la “libertad del pueblo está en riesgo” y que “sólo la acción en la unidad de los bolivianos sentará la mano a cualquier gobierno dictatorial y los operadores corruptos de la mal llamada Justicia”.
Pumari, que integró la fórmula presidencial encabezada por Camacho en las elecciones de 2020, está detenido desde hace más de un año acusado de varios delitos vinculados con el golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre de 2019. También por esos delitos fue detenido Camacho, uno de los protagonistas de las protestas violentas que se dieron en ese momento.
Al tiempo que se agregan movilizaciones en defensa de Camacho en distintos departamentos del país, como Cochabamba, Beni o La Paz, el gobierno cuestiona los intereses y el apoyo que reciben esas protestas. Este miércoles el vocero de la presidencia, Jorge Richter, se preguntó por el financiamiento de los grupos movilizados que atacan a policías en Santa Cruz. “¿Quién financia a estos grupos? ¿Quién los está dotando de recursos para poder diseñar y producir la cantidad de armamento que se ha confiscado?”, cuestionó en una entrevista con Unitel citada por el diario La Razón.
Richter dijo que las manifestaciones son violentas de manera planificada. “Hay que preguntarse quiénes los están organizando, quién le está dotando los explosivos de alta peligrosidad […], pero también quién les va señalando o fijando los objetivos de lo que se planifica a atacar”, agregó.
Según señaló el periódico paceño, algunos de los enfrentamientos entre policías y manifestantes ocurrieron en el marco de intentos de ocupar el Comando Departamental de la Policía. La respuesta con gases lanzados por los funcionarios afectó a vecinos de la zona, que también sufrieron el impacto de los destrozos de los manifestantes, que quemaron vehículos y dañaron viviendas.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que lo que ocurre en Santa Cruz muestra que en algunos grupos persisten “pensamientos segregacionistas y feudales patronales”. Afirmó que en esa región “se busca imponer al más puro estilo del patrón, lo que tiene que pensar, decir y hacer el resto de la gente”, dijo, según citó La Razón. “Y quien no piensa igual, no solamente es señalado de traidor, sino de no ser un buen cruceño o cruceña”, agregó la ministra, quien es oriunda de Santa Cruz, y denunció que esas personas y sus familias sufren amenazas.
De acuerdo con el periódico, desde la detención de Camacho, el 28 de diciembre, se han registrado ataques a viviendas y negocios de personas opositoras al gobernador, y se llegaron a publicar listas con nombres de “traidores a Santa Cruz”. Un caso sonado fue el del saqueo y la quema que de la casa del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
Hasta ahora fueron detenidas unas 30 personas por manifestaciones violentas, al tiempo que se investiga si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
Camacho, que es el principal acusado en la causa llamada Golpe de Estado I, dijo que es un “preso político” del oficialista MAS, y afirmó que fue condenado por “un caso inventado” por el gobierno de Luis Arce. Desde sus redes sociales, y mientras está detenido, Camacho llamó al presidente Arce a ser “valiente” y a aceptar un debate entre los dos, en el que Arce defendería “su gobierno autoritario, en contra del proyecto democrático de las regiones y de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura”. Frente a la cárcel en la que está recluido Camacho en La Paz, se instaló el martes un grupo de indígenas partidarios del gobierno de Arce. Según informó la agencia Efe, un representante de ese grupo, Ovidio Mamani, manifestó que la vigilia que iniciaron se debió a su malestar porque el lunes visitaron esa cárcel dos diputados ultraderechistas del exterior: el español Víctor González, de Vox, y el chileno Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano de Antonio Kast. Ellos son “legisladores de la derecha fascista”, dijo Mamani.
González y Sánchez dijeron ser “observadores” y afirmaron que existe en Bolivia una “sistemática violación de los derechos humanos”. La Cancillería boliviana, en respuesta a lo que consideró una “intromisión inaceptable” en los asuntos del país, comunicó que presentará un reclamo ante los gobiernos de España y Chile.