Antes de iniciar su primer viaje oficial al exterior y visitar hoy Argentina, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cesó este fin de semana al comandante del Ejército, el general Júlio Cesar de Arruda. El militar había asumido el cargo el 30 de diciembre, cuando todavía gobernaba Jair Bolsonaro.

Según el ministro de Defensa, José Múcio, Lula destituyó a Arruda por un “quiebre en el nivel de confianza” después de los actos golpistas del 8 de enero. La presidenta del gobernante Partido de los Trabajadores, la diputada Gleisi Hoffmann, dijo en sus redes sociales que “la conducta del excomandante del Ejército se caracterizó por una insubordinación inadmisible ante las amenazas a la democracia y el partidismo de la fuerza”. Agregó que “la democracia rechaza cualquier tutela sobre los poderes civiles que emanan del voto popular”.

El periódico Folha de São Paulo informó que uno de los puntos de quiebre fue la resistencia de Arruda a despedir al teniente coronel Mauro Cid, que acababa de asumir como jefe de un batallón de la ciudad de Goiânia y que había sido un muy cercano colaborador de Bolsonaro. Cid es investigado por generar desinformación, por su supuesta relación con grupos golpistas y por haber hecho transacciones financieras a nombre de la familia Bolsonaro, informó la agencia Efe. Por otra parte, se sospecha que Arruda impidió la entrada de la Policía Militar al campamento bolsonarista que se había instalado frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia.

Como sustituto de Arruda fue designado el general Tomás Ribeiro Paiva, que días atrás hizo una defensa de la democracia después del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado por parte de bolsonaristas: “Vamos a seguir garantizando nuestra democracia porque la democracia presupone libertad y garantías individuales y públicas. Es el régimen del pueblo, de la alternancia de poder, es el voto, es cuando la gente vota y hay que respetar el resultado de las urnas”, dijo.

Luego de los ataques del 8 de enero, Lula había manifestado su malestar ante la actuación de algunos policías y militares durante esos episodios, y los acusó de ser conniventes con los bolsonaristas. En un desayuno con periodistas, Lula dijo que estaba convencido de que alguien desde dentro del palacio presidencial de Planalto “facilitó” la entrada de los atacantes.

“Lula no perdonó ni va a perdonar la instalación de campamentos enfrente del Ejército. Quiere una investigación que vaya hasta el final”, dijo ayer el ministro Múcio, según citó Folha de São Paulo. “Necesitamos saber quiénes son los culpables. Evidentemente, el Ejército no estuvo detrás de eso, pero hay que sancionar a la gente de las fuerzas que estuvo involucrada y saber quién ayudó en los destrozos”, agregó.

Como parte de la investigación de esos episodios, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, pidió que se dicte prisión domiciliaria para el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres. Basó su pedido en un informe de los servicios de inteligencia de la Policía Federal que apunta a un posible delito de omisión por parte del gobierno de Brasilia, pese a que desde hacía días había “informaciones que alertaban de los próximos hechos”. El pedido también incluye al comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, informó Europa Press.

La petición alude a los “amplios niveles de violencia que causaron graves daños a los bienes e instituciones públicas” y agrega: “Todo gracias a la omisión del sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal [DF] y en particular de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública del DF y del Mando de la Policía Militar del DF, que no adoptaron las medidas necesarias para contener a los criminales”.

Según el diario O Globo, un día antes del asalto la Policía Federal había informado al Ministerio de Justicia y a las autoridades locales de Brasilia que los bolsonaristas radicales tenían intención de entrar en las sedes de los tres poderes del Estado.

Por su parte, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la prisión preventiva por tiempo indefinido para 942 de los 1.406 seguidores de Bolsonaro detenidos por los ataques del 8 de enero. Otras 464 personas quedaron en libertad provisional con distintas condiciones, entre estas el uso de tobilleras y la obligación de presentarse cada semana ante las autoridades.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal a cargo del caso, Alexandre de Moraes, manifestó que “las conductas fueron ilícitas y graves, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos”. Agregó que “hay pruebas en los autos de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas”.