Venezuela celebrará elecciones con observadores de la Unión Europea, el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, en una fecha que todavía está por definirse del segundo semestre del año que viene.

Así lo acordaron el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en una reunión que se cerró en la noche del martes en Barbados.

El documento, que busca la “promoción de derechos políticos para todos”, fue firmado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en nombre del gobierno, y el exalcalde de Caracas Gerardo Blyde como representante de la oposición.

También fue firmado por otros integrantes de las delegaciones negociadoras, así como por el ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y de representantes de países que acompañaron el proceso de mediación: Noruega, Países Bajos, Rusia, México, Colombia y Brasil.

Las partes acordaron que para las próximas elecciones se depurará y actualizará el padrón electoral, y se convocará a los nuevos votantes a inscribirse en jornadas especiales dispuestas para su registro.

Gobierno y oposición también coincidieron en rechazar cualquier forma de violencia que afecte el ejercicio de los derechos políticos, y en que los candidatos serán elegidos libremente por cada organización que se presente a estos comicios, “atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley”.

Según informó la agencia Efe, unos y otros se comprometieron a implementar mecanismos de financiación electoral transparentes y a promover que en los medios de comunicación públicos y privados se contemple el acceso a todos los candidatos de forma equilibrada.

La delegación del gobierno venezolano aclaró que este acuerdo no deja sin efecto las inhabilitaciones que tienen algunos políticos para ejercer cargos públicos.

Rodríguez dijo que, así como los menores de edad y los extranjeros no pueden postularse, “si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde, [...] pues tampoco puede ser candidato”.

Para la opositora PUD, que el domingo elige en primarias su postulante a la presidencia, este punto es central, porque la favorita en esas elecciones es la exdiputada María Corina Machado, del sector Vente Venezuela, que está inhabilitada a postularse a cargos públicos.

La alianza señaló que el acuerdo es “una ruta” para que los dirigentes inhabilitados “recuperen sus derechos con celeridad”.

Sin embargo, este miércoles, en un comunicado, Machado tomó distancia del documento firmado y dijo que “no arroja certezas” ni establece “acciones y plazos específicos que despejen la ruta” hacia las elecciones.

“En el pasado, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que, genuinamente, benefician a los venezolanos”, dijo.

Desde el exterior, el acuerdo fue celebrado por diversos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que su país hará esfuerzos “para unir a la comunidad internacional en apoyo al proceso de negociación”. Meses atrás, Estados Unidos comunicó que suavizaría las sanciones que aplica a Venezuela si el gobierno implementaba cambios que condujeran a la celebración de elecciones “libres y justas”.

Por su parte, Rusia, uno de los países que acompañaron este proceso, consideró que el pacto “contribuirá a una mayor estabilización de la situación política en Venezuela” y a “la garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.

También cuestionó “las medidas restrictivas unilaterales llevadas adelante por Estados Unidos” contra ese país y manifestó que Venezuela sufrió “injerencia” en sus asuntos internos, así como intentos de “frenar” su desarrollo.

La Unión Europea coincidió en recibir “con beneplácito” el acuerdo, que según consideró, “representa un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela”.

De todos modos, agregó: “Seguimos pidiendo la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente, la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales, la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa, y el respeto de los derechos humanos y políticos”.

En la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó a las dos partes por “abrir un canal de diálogo”, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó en un comunicado el acuerdo como “un paso importante para el retorno de Venezuela a la normalidad”.