A pesar de sus políticas de conservación y metas ambientales en todo el mundo, Estados Unidos se ha convertido en un facilitador de flujos financieros ilícitos vinculados a los delitos ambientales en la Amazonia, señala un reciente informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition, por su nombre en inglés), de Estados Unidos.
Entre los métodos de lavado de activos más comunes para los actores criminales de la minería ilegal y la deforestación están la creación de compañías de fachada, las empresas ficticias y la compra de inmuebles.
Según el informe “Dinero sucio y la destrucción de la Amazonia: descubriendo el papel de Estados Unidos en los flujos financieros procedentes de los delitos ambientales en Perú y Colombia”, existen vacíos en las leyes de Washington que ocultan a los verdaderos dueños de ciertos tipos de empresas y les dan legitimidad a transacciones de origen ilegal.
Esta opacidad –concluye el documento– entorpece las investigaciones criminales transfronterizas desde Perú o Colombia para ir tras los actores del financiamiento ilegal, por lo que se recomienda un mejor protocolo para compartir información investigativa con las autoridades de los países de la cuenca amazónica.
El director ejecutivo de FACT Coalition, Ian Gary, señaló que Estados Unidos es el principal contribuidor a la falta de transparencia financiera y tiene un papel determinante para combatir los flujos ilícitos. “Estos delitos ambientales son nexo de crímenes convergentes [...]. Hay conexión entre redes criminales que trabajan en conjunto para diferentes actividades criminales. Es importante unir piezas del rompecabezas y ver cómo convergen estos crímenes y cuál es la línea de corrupción”, agregó.
El informe, además, le propone al Congreso de Estados Unidos incluir a todos los crímenes ambientales como “delitos predicados” de lavado de activos.
Los delitos predicados son delitos secundarios que forman parte de otros más serios, pero que podrían aumentar la gravedad de los crímenes. Es una medida que se ajustaría a las mejores prácticas de la Financial Action Task Force de Francia, la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los delitos ambientales son el tercer tipo de actividad delictiva más importante del mundo. En términos de valor, se calcula que ascienden a 281.000 millones de dólares anuales, señala el referido estudio con base en estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Interpol de 2018.
El informe publicado el 26 de octubre se divulga en un momento crítico para la Amazonia. Se estima que en los últimos diez años se han perdido un millón de hectáreas de agua en los territorios amazónicos, en parte por los efectos de la deforestación en ascenso y la crisis climática.
Varios reportajes de Ojo Público han expuesto el avance de organizaciones criminales multinacionales en este territorio compartido por nueve países de América Latina, el avance del narcotráfico y la expansión de la extracción del oro ilegal en Perú también hacia nuevos territorios que amenazan la seguridad y los recursos de las comunidades indígenas que allí habitan.
Además, por los efectos del fenómeno El Niño y los récords históricos de temperaturas, una sequía extrema sigue afectando la Amazonia brasileña que colinda con Perú y ha colapsado los servicios de transporte en el área.
Por medio de 19 entrevistas en América Latina y Estados Unidos, los autores del informe se enfocaron en Colombia y Perú por ser ejemplos emblemáticos de los retos para frenar la extracción del oro ilegal y la deforestación del territorio amazónico. En sus hallazgos señalan que los crímenes ambientales y sus fuentes de financiación son prioridades relativamente nuevas para las autoridades en Estados Unidos.
Detrás de los crímenes ambientales
Estados Unidos, como el país con la economía más grande del mundo, es el principal proveedor de secretos financieros del mundo; es decir, donde mejor se ocultan las riquezas y el origen de un patrimonio. Así lo identifica el Índice de Secreto Financiero de 2022, una clasificación de Tax Justice Network, organización activista basada en Londres que aboga en contra de la evasión de impuestos y los paraísos fiscales.
Según el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el dinero de origen ilegal que se mueve por el sistema financiero de ese país representa el 2% de su producto interno bruto (PIB), una cifra que equivale a casi 466.000 millones de dólares. En 2021, Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, confirmó el grado del problema: “Existen argumentos sólidos de que, en la actualidad, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es, de hecho, Estados Unidos”.
Para América Latina, Estados Unidos es uno de los principales destinos de fondos ilícitos por su proximidad geográfica y sus lazos comerciales, según el Instituto Igarapé de Brasil.
“Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un sólido marco para la prevención del lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), existen brechas críticas –como el uso extendido de entidades anónimas y la exclusión en las normas AML de determinados profesionales que actúen como barrera, como los agentes inmobiliarios– que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, sostiene el informe.
Además, el documento precisa que, aunque haya una reforma en camino, aún no existe una base de datos pública ni privada en Estados Unidos que identifique a los verdaderos beneficiarios “finales” de empresas constituidas o registradas en el país.
Por el contrario, en otros países, como Colombia, ya se han creado bases de datos confidenciales que ayudan a las autoridades a identificar crímenes por lavado de activos y evasión de impuestos. Perú, por su parte, se comprometió a establecer un directorio público de beneficiarios “finales” mediante la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).
Hay señales de que los controles podrían aumentar en un futuro cercano. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) está actualmente trabajando en la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa, que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2021. Sin embargo, los investigadores de FACT Coalition advierten que las reglas actuales no toman en cuenta una forma de compartir información crítica con autoridades de otros países para llevar a cabo investigaciones criminales transfronterizas.
“Por ley, las autoridades extranjeras deben solicitar información a través del gobierno de Estados Unidos. Aun así, las normas de implementación actuales suponen obstáculos innecesarios para que las autoridades de aplicación de la ley extranjeras accedan y utilicen la información en sus investigaciones y procesos penales”, dice el informe.
También le recomienda al Departamento del Tesoro implementar normas que obliguen a agentes de bienes raíces a conocer la verdadera naturaleza de sus clientes y así impedir que compañías ficticias laven activos mediante la compra de inmuebles.
Los autores del informe, además, destacan el rol de Estados Unidos como un país líder diplomático, y que esa posición es una herramienta importante “para ampliar el enfoque en los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos ambientales” a nivel internacional.
También indican que, al no priorizar la fiscalización del lavado de activos que proviene de delitos ambientales, el país no está cumpliendo con sus propias políticas ambientales.
Casos de estudio en Perú y Colombia
El informe identifica casos en Perú y Colombia donde los flujos financieros ilícitos vinculados a minería ilegal o delitos forestales han llegado a Estados Unidos. El primero, referido a lavado de activos por extracción ilícita de oro, es el de Pedro David Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari.
Este empresario peruano, a través de compañías ficticias en Estados Unidos y Chile, le vendió oro ilegal a la empresa refinadora NTR Metals, con sede en Miami. En 2018, tres de los empleados de la compañía fueron acusados de cargos relacionados con el lavado de activos y recibieron sentencias significativas. La empresa matriz de NTR Metals, Elemetal LLC, también se declaró culpable de violar leyes contra el lavado de activos y perdió 15 millones de dólares.
En 2015, otra compañía estadounidense, Global Plywood, registrada en el estado de Nevada, le compró 1.135 metros cúbicos de madera ilegal a un grupo de proveedores peruanos, refiere el informe. La empresa se declaró culpable en 2021 por violar la Ley Lacey –que aborda el tráfico ilegal de plantas, pescado o animales– y admitió que no actuó con la debida diligencia para verificar el origen de la madera que estaba comprando.
El informe también cita como evidencia el caso del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir 1,2 millones de dólares en coimas de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica, un punto crítico para la deforestación en la Amazonia, entre Perú y Brasil. Dicho monto –subraya el estudio– fue usado para comprar propiedades en el estado norteamericano de Maryland.
Varios casos en Colombia cuentan historias similares de cómo los fondos de los crímenes ambientales en la Amazonia acaban en Estados Unidos. Según fiscales colombianos, la empresa nacional Goldex usó presuntamente una cadena de empresas anónimas como sus abastecedores de oro, que en realidad tenía orígenes ilegales a través de todo el país. Esas empresas desaparecían poco después de las transacciones. También nombraba como suplidores del mineral a personas que nunca existieron o habían fallecido.
El oro en manos de Goldex acababa en compañías estadounidenses como Republic Metals Corp., que en 2019 se acogió a la ley de bancarrota y llegó a un acuerdo con las autoridades federales para mejorar su protocolo contra el lavado de activos, a cambio de que no enjuiciaran a la compañía. Goldex, por su parte, fue sancionada por las autoridades colombianas.
El impacto de los delitos ambientales
En Perú y Colombia, la minería ilegal y delitos forestales han destruido miles de hectáreas de la selva amazónica, afectado a las comunidades locales y a los grupos indígenas con sustancias tan tóxicas como el mercurio. También han significado el avance de otras actividades ilícitas como el narcotráfico, la violencia y la corrupción, de acuerdo al reciente estudio de FACT Coalition.
Estos delitos ambientales son una de las múltiples herramientas de las que se valen las redes criminales –como grupos armados violentos y organizaciones de tráfico de drogas– para aprovecharse de las ganancias obtenidas de forma ilícita, ocultarlas y lavarlas.
“Los delincuentes ambientales, a menudo, utilizan la falta de transparencia financiera y la documentación fraudulenta para ocultar la titularidad y los orígenes de sus operaciones”, sostiene el informe presentado en Washington.
En Perú –décimo productor de oro en el mundo y segundo en América Latina– la minería ilegal es la actividad delictiva más rentable del país, equivalente a 871 millones de dólares en un año. También es el delito con el mayor monto acumulado de operaciones sospechosas: 8.172 millones de dólares entre 2013 y febrero de 2023, de acuerdo a los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), citados por el referido informe.
“Hemos tenido casos en los que podemos seguir el rastro de la ruta del dinero sucio hasta la implicación de la empresa estadounidense”, señaló Daniel Linares Ruesta, intendente de análisis operativo de la UIF-Perú, en este informe.
En Colombia, en tanto, el oro ilegal representa hasta un 80% de la producción total de mineral en este país, según el estudio. En ese contexto, este mineral se ha convertido en uno de los bienes más lucrativos para los grupos criminales e, incluso, exmiembros disidentes de las FARC extorsionan a las comunidades locales en sus actividades mineras.
El complejo rastreo de este mineral facilita su circulación por las fronteras y dado que no se trata de una sustancia ilegal en sí misma, las autoridades sostienen que resulta difícil determinar la legitimidad de la procedencia original de este metal.
El valor monetario de la minería ilegal de oro es considerable, pero el costo medioambiental y humano es aún mayor. “La actividad minera ilegal durante estos últimos años ha ido creciendo alrededor de comunidades nativas, pero también en algunas áreas naturales protegidas. Nos hemos visto afectados porque los ríos y territorios han sido depredados [...]. Eso ha perjudicado no sólo la dieta alimentaria, sino ha habido contaminación de los ríos y eso ha producido comuneros contaminados con plomo, mercurio en sus cabellos, en la sangre”, señaló Julio Cusurichi, líder indígena del pueblo shipibo konibo de Madre de Dios.
A causa de las actividades mineras auríferas, además, más de 31.000 hectáreas de bosque fueron destruidas en el sureste de la Amazonia peruana entre 1985 y 2009. Esta cifra se duplicó entre 2010 y 2017 (64.587 hectáreas).
En otros delitos ambientales como el tráfico de madera y la tala ilegal también existen casos en los que se ha usado documentación falsificada para la exportación de esta materia prima a compradores internacionales, muchos de ellos grandes corporaciones y actores ilícitos del sistema financiero.
Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en Ojo Público.