Más de 900 civiles fueron heridos durante la represión policial y militar a las protestas en Perú contra el gobierno y el Congreso y en pedido del adelanto de elecciones, entre fines de 2022 e inicios de 2023, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo. De ese total, al menos 42 personas sufrieron lesiones físicas permanentes, según corroboró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). A un año del inicio de las manifestaciones, OjoPúblico contactó a un grupo de afectados por la violencia de las fuerzas de seguridad. Muchos de ellos tienen secuelas y discapacidades que les impiden trabajar, estudiar, movilizarse o, incluso, hablar con fluidez. Entre las víctimas hay adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

El 9 de febrero de 2023, Víctor Rojas Alarcón salió caminando de su casa, ubicada en el centro poblado de Huancabamba, a 20 kilómetros de Andahuaylas (Apurímac). No pensó que regresaría a su hogar siete meses después y, mucho menos, en una silla de ruedas.

Aquel día, Rojas Alarcón y otros miembros de su comunidad se organizaron para protestar en la provincia de Aymaraes, localizada a seis horas en auto de Huancabamba. Repartidos en las tolvas de dos camiones, uno verde y otro azul, salieron 41 personas.

El agricultor y comerciante de 34 años iba en el camión verde, junto con otros 13 ciudadanos. Los vehículos no llegaron a su destino: encontraron la carretera bloqueada por otros manifestantes cerca del centro poblado de Izcahuaca e hicieron una olla común. Comieron y emprendieron el regreso.

Habían avanzado unos 20 minutos, hasta la zona conocida como Siete Vueltas, cuando varios vehículos de la Policía aparecieron detrás de ellos y empezaron a dispararles, relató Víctor a OjoPúblico.

Durante el tiroteo, contó, se echó al suelo para cubrirse. Luego, cuando los agentes interceptaron el camión y los hicieron bajar, Rojas Alarcón intentó levantarse pero no pudo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego que le provocó una lesión medular traumática.

Los médicos le han dicho que no va a volver a caminar.

—Está como un cable cortadito —dice Rojas Alarcón para explicar lo que pasó con su médula espinal.

Tras ser herido, fue trasladado al hospital Antonio Lorena del Cusco, por la gravedad de su lesión. Luego de permanecer dos meses en esta región, él y su esposa, Reyna Merino Barboza, viajaron a Lima a buscar rehabilitación.

La pareja volvió a su casa en setiembre pasado, unos días antes del cumpleaños de Víctor. Durante todos esos meses, su hija de 12 años quedó al cuidado de familiares.

—Yo no quiero quedarme en silla de ruedas. Tiene que haber una solución para mí. Hasta el momento no acepto —dice el agricultor, quien lucha para recuperar su peso normal: durante la hospitalización bajó 25 kilos.

El hombre también ha perdido la función urinaria y es propenso a enfermarse con infecciones debido al uso de una sonda. Desde febrero, ya ha tenido tres de ellas.

Rojas Alarcón y su familia se han hecho cargo de los gastos de su atención en un centro de rehabilitación en Lima, el alquiler de una habitación en la capital, su alimentación, transporte y medicinas. Los 25.000 soles entregados por el Estado peruano como reparación económica a los heridos ya se han acabado, cuenta.

—Ahora voy a estar con mi ahorrito, y si se acaba ese ahorrito, ¿dónde voy a ir? Voy a estar botado aquí. El Estado tiene que ser coherente, tiene que hacerse cargo de mí. Si yo caminara, no pediría nada —dice el hombre que, antes de quedarse sin movilidad en las piernas, sembraba de seis a siete hectáreas de quinua para vender en la feria de Andahuaylas.

Víctor es parte de los más de 900 civiles heridos durante la represión a las manifestaciones contra el Ejecutivo, el Legislativo y en pedido del adelanto de elecciones, iniciadas tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción constitucional de Dina Boluarte.

Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú, el informe elaborado por la OACNUDH tras la convulsión social, detalla que 42 de esos civiles sufren lesiones físicas permanentes.

Además, hay menores de edad que dejaron de asistir a clases para recibir rehabilitación y llevan marcas permanentes en sus cuerpos. También, familias enteras que viven entre el olvido y una tragedia permanente.

El momento que transformó sus vidas

Antes de ser herido en la base de la cabeza, cerca de la nuca, Miguel Ángel Yucra Mendoza estudiaba mecánica automotriz. El joven, de 23 años, es el mayor de tres hermanos. Hasta diciembre del año pasado trabajaba, de manera ocasional, en algunos talleres y manejaba un mototaxi. Así había empezado a apoyar económicamente a su familia.

La tarde del 15 de diciembre de 2022 estaba en su casa, en Ayacucho, cuando vio, por redes sociales, a militares disparando contra un grupo de manifestantes que se encontraba en el aeropuerto. Cogió su bandera del Perú, esa que la familia tenía para izar en fiestas patrias, y salió de su casa dispuesto a ayudar a los heridos.

Caminó una hora hasta llegar al parque ubicado frente al cementerio, la zona donde los militares desataron una balacera tras el desalojo del aeropuerto.

Allí se detuvo para ayudar a trasladar a los heridos hacia dos ambulancias que estaban cerca. Fueron alrededor de dos horas moviéndose por el parque y calles aledañas en las que, cada tanto, cuenta, tenía que agacharse para protegerse de las balas.

En un momento, cuando caminaba por el medio del parque, sintió un golpe detrás de su cabeza. Escuchó un sonido intenso en ambos oídos y la boca se le llenó de un líquido que no lo dejaba respirar. Había caído de cara al piso.

—No sabía que me habían dado en la cabeza. Traté de ponerme de pie, pero no podía. Veía medio borroso. Es allí donde vienen y me ayudan. Lo único que pensaba era en mi vida, no pensaba en que me habían dado. Pensaba en mi familia: “No me he despedido de ellos, no me despedí de mi mamá, vine para ayudar a las personas y he terminado en que me ayuden a mí” —cuenta.

Unos jóvenes lo cargaron hasta una de las ambulancias y, finalmente, fue trasladado al hospital de EsSalud. Esa noche, a primera vista, su mamá y su tía no lo reconocieron porque toda su cabeza estaba hinchada. Tuvieron la certeza de que era él sólo por los tatuajes que tiene cerca de la oreja derecha y en los brazos.

Miguel Ángel fue operado al día siguiente. Su madre contó a OjoPúblico que le retiraron un fragmento de la parte inferior del hueso del cráneo. Una doctora le explicó que la lesión había sido provocada por una bala. Sin embargo, el hospital no conservó el hueso para su análisis, y la familia no sabe dónde está el proyectil. Este medio pidió la versión de EsSalud. Sin embargo, el proceso de entrega de información no se había concretado al cierre del presente informe.

Durante la operación entró en coma. Por eso, ese mismo día, fue trasladado al hospital Rebagliati, en Lima. Despertó el 24 de diciembre, nueve días después de ser herido. En total, fue sometido a cuatro operaciones en la cabeza y estuvo internado dos meses.

Después de la última cirugía, los médicos recomendaron el alta y la recuperación en su casa, para evitar una infección intrahospitalaria. Le dijeron a Miguel Ángel que no soportaría una quinta operación.

Su madre, Guillermina Mendoza Vargas, lo sacó en una silla de ruedas y volvieron a Ayacucho. En esa misma silla, permaneció postrado por algunas semanas. No podía caminar ni hacer ningún esfuerzo.

En abril de este año, Miguel Ángel intentó suicidarse. Pensaba frecuentemente en su imposibilidad de caminar, trabajar o estudiar.

—Cuando llegué del hospital, acá estaba en silla de ruedas. Me llevaban a mi cama, echado, así. Me he recordado de las cosas del hospital. Lo que me han dicho es “ya no vas a hacer nada, ya tu vida no va a ser la misma de antes”. Así amanecía y anochecía. Me ponía a pensar en esas cosas. Yo ya no hacía nada y mi mamá estaba allí, trabajando. Veía todo eso y decía “ya no quiero ser un estorbo”—recuerda.

Su familia lo llevó al centro de salud mental comunitario y, desde entonces, recibe terapia psicológica una vez al mes. Miguel Ángel cuenta que ahora está mejor. Ha empezado a estudiar cocina.

—Ahora ya no pienso en esas cosas. Más bien quiero terminar mis estudios y ayudar a mi familia como antes. Ya no pienso en lo que me ha pasado, quiero olvidarme de eso.

Aún le quema la cabeza, se marea, suda mucho y, a veces, sus piernas no le obedecen. El próximo 15 de diciembre, exactamente un año después de ser herido, tiene una cita en el hospital de Ayacucho para la lectura de una tomografía que le hicieron en noviembre.

Durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, más de 900 civiles resultaron heridos, según la Defensoría del Pueblo. De ese total, al menos 65 presentaron impactos de proyectiles de armas de fuego en las partes superiores del cuerpo, como la cara, la mandíbula, el pecho, la espalda y los brazos, según documentó OACNUDH.

Dejar los juegos y el estudio

CJSH, un adolescente de 15 años que vivió toda su vida en el distrito de Pichanaki, en la selva central de Junín, recuerda el 16 de diciembre de 2022 como uno de los peores días de su vida.

Esa mañana, el menor salió hacia la cerrajería en la que trabajaba en sus tiempos libres para ayudar a su familia, compuesta por su madre y dos hermanas menores. Era viernes, pero él no acudió al colegio: las clases se habían suspendido por las protestas.

Cuando regresaba a su casa, ubicada a cinco cuadras de la carretera Marginal, el adolescente escuchó un fuerte zumbido y cayó al piso.

—Pensé que me había golpeado una bala en la cabeza por el fuerte sonido que escuché detrás de la nuca —dijo.

Sin embargo, se trató de un proyectil que atravesó y destrozó su codo derecho y rozó la piel de su abdomen. Tras el impacto, cayó al piso.

El menor recuerda el frío de la cama de metal del hospital de apoyo Pichanaki en la que lo tuvieron durante un día entero. La sala estaba colmada de otros heridos que, como él, gritaban por el dolor.

Los médicos le cosieron el brazo pese a no contar con anestesia local. El adolescente lloraba y pedía a los doctores que pararan o dejaran entrar a su madre, quien se encontraba en la puerta del hospital. Ninguna de sus súplicas fue atendida.

—Esa cicatriz va a quedar en él para siempre. En las noches me dice “mamá, tengo miedo”. Por más que ha recibido terapia, continúa afectándole —cuenta Susana Soto.

Su temor es tal que no han regresado a Pichanaki desde entonces. La familia se hospeda en un albergue mientras el adolescente lleva sus terapias físicas en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Tras una cirugía de reconstrucción, ha logrado recuperar parte de la movilidad de su brazo, pero aún tiene limitaciones.

De los 49 civiles fallecidos durante la represión policial y militar a las protestas, siete eran adolescentes. La OACNUDH documentó, además, 28 casos de menores de edad heridos por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones, siete de ellos de gravedad. Como CJSH, muchos otros adolescentes no participaban en las marchas.

En el mismo Instituto Nacional de Salud del Niño, EQN, de 14 años, también recibe sus terapias. Desde enero, debe viajar cada dos o tres semanas desde Apurímac a Lima para sus controles y su rehabilitación. La última vez que estuvo en la capital hizo el viaje en ómnibus, 16 horas de ida y 16 de retorno. No pudo abordar los vuelos porque había perdido su documento de identidad.

Sus padres deben pedir permiso en el colegio que, al principio, era bastante flexible para apoyar su recuperación. Sin embargo, en las últimas semanas, algunos docentes no reconocen las faltas a causa de los viajes.

Todos los días, el menor toma una pastilla cada ocho horas y otras más, si se siente mareado. Le han prohibido cargar peso y hacer deporte. Dice que extraña entrenar vóleibol y trabajar en el campo. Siempre ayudaba a sus papás y, los fines de semana, iba a las chacras de otras personas para ganar 40 o 50 soles para sus gastos.

El adolescente fue herido por un proyectil de arma de fuego durante la represión policial a las protestas del 12 de diciembre de 2022, en la provincia de Chincheros, Apurímac. La familia vive en una casa a unas cuadras en línea recta de la comisaría y, desde allí, se escuchaba el enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos.

Preocupado por su madre, que había salido a trabajar, el adolescente salió a buscarla. El proyectil ingresó por el costado izquierdo de su abdomen y se alojó cerca al área lumbar: le destrozó el bazo —órgano que los médicos tuvieron que extraer por completo—, le provocó una hemorragia interna y le fracturó una vértebra lumbar.

Desde Chincheros, fue trasladado a Ayacucho y, luego, a Lima. Estuvo en coma hasta el 20 de diciembre de 2022 —el día de su cumpleaños— y fue sometido a dos operaciones. La primera por la hemorragia, y la segunda para extraerle el proyectil.

Hasta la fecha del ataque, EQN siempre tuvo claro que quería ser policía o ingeniero civil. Ahora, ha descartado la primera de esas opciones. A veces, no puede dormir porque recuerda todo lo que pasó desde que fue herido.

Hay otros casos que, aunque forman parte de las estadísticas oficiales, aún no son investigados por el Ministerio Público.

Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en OjoPúblico.