Una comisión experta de 24 personas se instaló este lunes en Chile con la tarea de redactar un anteproyecto de Constitución que deje atrás la actual, aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. La comisión está conformada por 12 hombres y 12 mujeres designados por las cámaras de Diputados y Senadores.
Verónica Undurraga, dirigente independiente pero vinculada con el socialdemócrata Partido por la Democracia, se encargará de presidir el nuevo órgano, que tendrá como vicepresidente al derechista Sebastián Soto, un político del partido Evópoli, cercano al expresidente Sebastián Piñera.
“Estamos aquí para servir con obras y no con palabras, por eso intentaré hablar corto y sencillo”, dijo Undurraga en su discurso al instalar la comisión. “Somos 24 hombres y mujeres a las que sus representantes en el Congreso nos han confiado una tarea muy específica y por un tiempo acotado: proponer a ustedes, a la ciudadanía, un anteproyecto de Constitución en un plazo de tres meses”, agregó.
“A estas personas se nos eligió en nuestra calidad de expertas, y lo somos en un sentido: llevamos años trabajando en temas constitucionales. Sin embargo, no perdamos de vista que esta es sólo una parte del conocimiento que hay que traer a este proceso”, dijo la dirigente, según citó el periódico El Mostrador. “Las verdaderas personas que son expertas en conocer las necesidades de nuestras niñas y nuestros niños, de las personas mayores, de lo que se necesita para sacar adelante un emprendimiento, de quienes necesitan atención de salud [...] esas personas son cada una de ustedes”, dijo a los chilenos.
Undurraga es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile, y trabaja como profesora titular de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por su parte, Soto es abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Según informó el canal T13, la mayoría de los integrantes de la comisión experta son abogados, aunque también hay una periodista, un sociólogo y una ingeniera.
La comisión funcionará dividida en tres subcomisiones: la de Sistema Político, la de Principios, Derechos Civiles y Políticos, y la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El texto que redacte a lo largo de los próximos tres meses servirá de base para el proyecto de Constitución que deberá elaborar luego el Consejo Constitucional. Este último órgano, que trabajará durante cinco meses, estará conformado por 50 personas elegidas por votación popular el domingo 7 de mayo.
El proyecto de Constitución elaborado por ese consejo luego será revisado por la comisión experta, que podrá realizar observaciones al documento. Finalmente, el texto será sometido a consulta popular en un plebiscito con voto obligatorio previsto para el domingo 17 de diciembre.
Además de la comisión experta y el Consejo Constitucional, existe un tercer órgano, el Comité Técnico de Admisibilidad, que se encargará de vigilar que el proyecto de Constitución cumpla ciertas bases acordadas por los partidos políticos al lanzar este proceso.
Este nuevo proyecto constituyente despierta entre los chilenos menos expectativas que el anterior, que finalizó en setiembre, cuando 62% de la ciudadanía rechazó el proyecto de Constitución propuesto. De acuerdo con la última encuesta de la consultora Pulso Ciudadano, publicada en febrero, 57% de la población chilena tiene poca confianza o nada de confianza en este nuevo proceso.
“Sé que muchos no se sienten convocados porque están escépticos de este proceso”, dijo el lunes Undurraga. “Los malestares de nuestra sociedad son profundos y se requerirá tiempo para generar confianzas”, afirmo en su discurso.
A su vez, Soto afirmó: “El objetivo es preparar un proyecto de Constitución que nos una, ojalá sin etiquetas, que sea una casa común, no partisana, un texto que permanezca y que nos una por mucho tiempo”.
Por su parte, el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, que al igual que el titular de Diputados, el liberal Vlado Mirosevic, se reunió el lunes con la comisión experta antes de su instalación, dijo en conferencia de prensa que el “diálogo debe ser incluyente”, y lamentó que por “muchas décadas” no ha habido “capacidad de establecer un espacio de entendimiento, con proyección de futuro, en que pese a nuestras legítimas diferencias nos consideremos todos parte del mismo proyecto que se llama Chile”.