El camino de Nayib Bukele a un nuevo mandato como presidente de El Salvador en las elecciones del 4 de febrero parece allanado.

Según las últimas encuestas publicadas en el país, Bukele no sólo sería reelecto en primera vuelta, sino que su partido, Nuevas Ideas, obtendría casi todas las bancas del Parlamento, en el que ya tiene la mayoría. Un sondeo de la encuestadora Cid Gallup publicado en noviembre concluye que la intención de voto a Bukele llega a 93%. El restante 7% de los votos válidos se reparte entre los demás postulantes.

“La oposición se percibe muy debilitada, tanto a nivel de partidos como de sus candidatos”, que son “desconocidos por la gran mayoría de los ciudadanos”, dijo por entonces a periodistas el gerente de Cid Gallup, Luis Haug. El principal rival de Bukele, según esa consultora, es Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con apenas 3% de intención de voto.

Haug agregó que entre los salvadoreños predomina “un sentimiento de bukelismo”, más que de identificación con los partidos políticos, según informó la agencia Efe.

La actual mayoría parlamentaria con la que cuenta Bukele le permitió en 2021 nombrar nuevos jueces al frente de la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional hizo posible su candidatura en estas elecciones.

La oposición, que en su momento cuestionó el mecanismo por el que fueron electos esos jueces, también denuncia que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución y que los presidentes, una vez que dejan el cargo, deben esperar diez años para postularse otra vez.

Pero la Corte Suprema entendió que esa prohibición sólo se aplica a un gobernante que haya permanecido en el cargo por diez años, el equivalente a dos mandatos.

El miércoles, en sus redes sociales, Bukele, de 42 años, respondió preguntas de sus seguidores y manifestó que no busca la reelección indefinida. Reconoció que “actualmente no existe en El Salvador” esa posibilidad, ni tampoco “la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso”, y agregó que sólo está “autorizado para correr por un segundo período”.

Actualmente, Bukele está apartado de su cargo de presidente en una especie de licencia de seis meses aprobada por el Parlamento. Este fue un requisito impuesto por la Sala de lo Constitucional para que pudiera postularse a estas elecciones.

Para definir quién lo reemplazaría en la presidencia, Bukele debía presentar al Parlamento dos nombres, de los cuales los legisladores elegirían uno y le asignarían a esa persona el cargo de “designada por el presidente de la República, encargada del despacho”.

Pero Bukele sólo presentó un nombre, el de su secretaria privada, Claudia Rodríguez, y así fue que esta mujer de su confianza llegó a la presidencia interina.

Mientras tanto, sigue vigente, desde marzo de 2022, el régimen de excepción con el que Bukele suspendió garantías para llevar adelante su política de represión a las pandillas. Desde entonces, 218 personas murieron mientras estaban privadas de libertad por las autoridades, todas ellas sin sentencia, según números de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario.

También otras organizaciones civiles, así como la oposición y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han cuestionado el régimen de excepción que se aplica en El Salvador. Sin embargo, la disminución de los homicidios que logró el gobierno de Bukele fue la base de su actual popularidad, que parece inmune a las críticas.

Esta semana, el gobierno salvadoreño abrió otro frente de polémica cuando tiró abajo el Monumento a la Reconciliación Nacional, que consistía en tres estatuas de bronce y se encontraba en la Plaza a la Transparencia, en San Salvador.

Fue construido en 2017, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), para conmemorar el 25º aniversario del fin del conflicto armado interno que el país atravesó desde 1980 hasta 1992, y que dejó cerca de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Bukele celebró en la red X la demolición del monumento. “No sólo era estéticamente horrible, sino que glorificaba el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo para repartirse el pastel”, dijo.

La demolición había sido ordenada en junio por Bukele al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, según citó el medio digital El Salvador. Sobre esta decisión, Herrera dijo que ese “espacio no era visitado por nadie, era un monumento a la corrupción”, y afirmó que se construirá una ruta peatonal que formará parte de “la nueva paz y la nueva seguridad que viven todos los salvadoreños”.

Para diputados y dirigentes de la oposición, la destrucción del monumento, construido con llaves que la iglesia católica recogió en todo el país, es un atropello a la memoria histórica de los salvadoreños.