En una cumbre que comenzó este jueves en Bruselas, varios líderes de la Unión Europea dieron la bienvenida a la posibilidad de debatir medidas “innovadoras” frente a la migración irregular, entre estas, la creación de “centros de retorno” de inmigrantes fuera del territorio del bloque. La idea fue propuesta esta semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta dirigida a los gobernantes de la Unión Europea.

Para Von der Leyen, se podrían sacar enseñanzas de un acuerdo migratorio que estableció el gobierno de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, para derivar a Albania migrantes rescatados en Italia y construir centros para albergarlos en territorio albanés. De este modo, Italia deriva al exterior la gestión de las solicitudes de asilo y la eventual repatriación de esas personas.

Como parte del acuerdo, el miércoles Italia envió a Albania (que todavía no integra la Unión Europea, aunque solicitó unirse al bloque) los primeros 16 migrantes, diez procedentes de Bangladesh y seis de Egipto. Según las autoridades italianas, todos ellos llegaron desde países seguros y no tienen un perfil que indique vulnerabilidad, algo que la oposición pone en duda.

“Estoy orgullosa de que Italia se haya convertido en un modelo a seguir”, dijo Meloni ante el Senado. Agregó que la iniciativa despertó interés en “varios exponentes de gobiernos europeos y no europeos, de diferente color político, como Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, sólo para nombrar algunos”. Sin embargo, tanto la oposición política como organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron esta medida.

Amnistía Internacional consideró que es “vergonzosa” y “alarmante” la decisión de la Comisión Europea de estudiar la propuesta de Von der Leyen, porque la posible creación de centros de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea violaría el Pacto sobre Migración y Asilo del bloque.

Eve Geddie, la directora de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas, reprochó que por “años” las autoridades del bloque evitaron cuestionar a países que aplicaban medidas de este tipo, y que ahora busca incorporar algunas igualmente “incompatibles” con los derechos humanos.

“Los gobiernos saben que los intentos de enviar a personas, sin garantías procesales, a países con los que no tienen relación son ilegales, inviables y económicamente costosos”, dijo. De acuerdo con Europa Press, Geddie pidió que se abandone el estudio de cualquier tipo de “externalización” o “deslocalización” de responsabilidades referidas a migrantes o refugiados.

También organizaciones sociales dedicadas al rescate de migrantes en el Mediterráneo cuestionaron esta política. Una de ellas, SOS Humanity, denunció que, con el acuerdo, las solicitudes de asilo “serán tramitadas con un procedimiento acelerado fuera de la Unión Europea” y “sin examen judicial”, de modo tal que se violan derechos fundamentales de esas personas.

“Lo grave es que esto está sucediendo con el aplauso de la Comisión Europea, o sea, el organismo indicado para trazar la línea en cuestiones fundamentales como esta”, dijo a la agencia Efe Valentina Brinis, abogada de otra organización, Open Arms. Agregó que “el único efecto” de esta medida será “el aumento del sufrimiento de las personas rescatadas frente a un gasto público enorme pero inútil”.

Elly Schlein, la líder del Partido Democrático italiano, estimó que la instalación de los centros en Albania costarán 800 millones de euros o más. Dijo a Corriere della Sera que esos recursos se podrían haber destinado a la salud pública o a acortar las listas de espera de solicitantes de asilo, “pero en lugar de esto los tiran a la basura para deportar a migrantes pisoteando sus derechos”.

Riccardo Magi, líder del partido opositor italiano Más Europa, afirmó que ahora Albania es “la nueva colonia penitenciaria de Italia”.