El gobierno de Daniel Noboa declaró este jueves un nuevo estado de excepción que esta vez incluye la capital, Quito, además de seis de las 24 provincias del país y dos municipios. En enero, cuando dispuso por primera vez esta medida, el Poder Ejecutivo declaró el “conflicto armado interno” e identificó a varias bandas del crimen organizado como “combatientes”.

En el decreto publicado, que dispone la aplicación de este régimen por 60 días, el Poder Ejecutivo citó como argumentos dos informes elaborados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Uno de esos documentos afirma que “los grupos delictivos han formado nuevas alianzas”, que “muchos” de ellos “mantienen sus capacidades y representan una amenaza” y que “ciertos delitos graves” han aumentado, según citó el portal ecuatoriano Primicias.

“Si bien existe una contención, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos”, agrega el documento.

En el decreto se mencionan distintos ejemplos de hechos violentos sucedidos recientemente, como el asesinato de siete personas en un local utilizado para peleas de gallos en Guachapelí, el 29 de setiembre, o el triple crimen que tuvo entre sus víctimas un bebé, en la ciudad de Portoviejo.

También alude a tres casos en que fueron asesinados funcionarios del servicio nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores (SNAI).

El 19 de setiembre fue atacada a tiros Katherine Mazón, funcionaria judicial del SNAI, cuando se desplazaba en auto con su esposo, en Quito. La abogada murió una semana después a causa de los disparos.

El mismo mes dos directores de cárceles fueron asesinados en atentados armados contra los vehículos en los que viajaban. La responsable de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada del país, Daniela Icaza, fue atacada cuando se dirigía de la localidad de Daule a la ciudad de Guayaquil. A su vez, Álex Guevara, director de la cárcel de Sucumbíos, murió tiroteado en un vehículo oficial en el que se desplazaba junto a otros dos funcionarios que fueron heridos.

El gobierno afirma en el decreto que, aunque “estas amenazas” son “enfrentadas con operaciones militares de ámbito interno”, afectan “el normal desarrollo de las actividades sociales, económicas de la ciudadanía y, por ende, a sus derechos constitucionales”. Agrega que hay un “incremento de hostilidades, delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados” en diversas regiones.

El otro informe que menciona el gobierno de Noboa alude a la situación del SNAI y argumenta que los estados de excepción aplicados este año, que habilitan la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía en las cárceles, han “contribuido a garantizar la seguridad y control” en esos ámbitos, informó el medio ecuatoriano.

Según el gobierno de Noboa, la medida busca “coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado y de la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público”, para evitar el accionar de bandas criminales.

Algunos de los efectos del estado de excepción son la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como de la libertad de reunión. En algunas localidades se aplica además un toque de queda de 22.00 a 5.00, del que sólo quedan exceptuadas algunas actividades esenciales.

El gobierno ya había dispuesto el estado de excepción tres veces este año, aunque la medida no abarcaba la capital. La decisión de aplicar un régimen de este tipo debe ser revisada por la Corte Constitucional. En ocasiones anteriores, este tribunal descartó como razón de esta suspensión de garantías la declaración de “conflicto armado interno”, aunque sí avaló la medida por “grave conmoción interna”.

La agencia de noticias Efe recordó que Ecuador llegó en 2023 al primer lugar en homicidios per cápita en América Latina, con 47,2 por cada 100.000 habitantes. El gobierno de Noboa, que asumió hace un año, afirma que a lo largo de 2024 los homicidios disminuyeron 17%, pero siguen siendo frecuentes, al igual que otros delitos graves como secuestros y extorsiones.