La Policía Federal brasileña acusó formalmente el jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por delitos contra el Estado democrático de Derecho, en el marco de la investigación que está analizando la trama golpista para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022.

Entre los acusados, además del exmandatario, también están los exministros Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional) y Walter Braga Netto, quien estuvo a cargo de la Casa Civil, de Defensa y también fue candidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro.

De acuerdo a lo que informó la revista Carta Capital, además figura en la nómina de acusados el actual presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

El documento, remitido por los investigadores al Supremo Tribunal Federal (STF), tiene más de 800 páginas.

Ahora, corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) decidir si solicita nuevas medidas, denuncia a los investigados o si, por el contrario, solicita el archivo del caso.

Los delitos destacados por los que se acusa a Bolsonaro y a sus funcionarios incluyen el de intento de golpe de Estado (de cuatro a 12 años de prisión), abolición violenta del Estado democrático de Derecho (de cuatro a ocho años de prisión) y organización criminal (de tres a ocho años de prisión).

En un comunicado, la Policía Federal explicó que “las pruebas se obtuvieron a través de diversas investigaciones policiales realizadas a lo largo de casi dos años, debidamente autorizadas por el Poder Judicial”.

La investigación llegó a la conclusión de que las personas ahora acusadas estaban organizadas mediante una división de tareas, lo que permitió individualizar acciones y comprobar la existencia de seis grupos dentro de la trama golpista. Ellos eran: Desinformación y ataques al Centro del Sistema Electoral; unidad responsable de incitar a personal militar a sumarse al golpe de Estado; Centro Jurídico; centro operativo de apoyo a acciones golpistas; Centro de Inteligencia paralelo; y Centro operativo para el cumplimiento de medidas coercitivas.

Bolsonaro ya ha sido acusado este año en otras dos investigaciones policiales: el caso de las joyas saudíes y la falsificación de los carnés de vacunación contra el coronavirus.

La conclusión de la investigación policial sobre la trama golpista se produce días después de la revelación de que militares cercanos al entonces presidente habían ideado un plan para matar a Lula, al vicepresidente electo Geraldo Alckmin y también al ministro del STF, Alexandre de Moraes.

Al respecto, un informe de la Policía Federal, al que accedió Reuters, llegó a la conclusión de que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” del plan para asesinar al líder del Partido de los Trabajadores, a su vice y a Moraes.