Poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en Argentina, el grupo armado peronista Montoneros se atribuyó un atentado que tuvo como objetivo el comedor de la Superintendencia de Coordinación de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires.

Ese día, el 2 de julio, “policías y civiles, hombres y mujeres, altos jefes o simples empleados habían coincidido en la planta baja del edificio de la calle Moreno 1417 para disfrutar del almuerzo, cuando la detonación de una maleta especialmente preparada con material explosivo quebró la calmada cotidianidad”, afirmó el juez Mariano Llorens en un fallo emitido este jueves por el tribunal que integra, la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que ordenó que se investiguen esos hechos. La explosión dejó más de 20 muertos y 100 heridos.

El caso ha tenido varios giros desde el final de la dictadura, que no investigó el atentado, sino que aplicó la persecución, la tortura y la desaparición forzada para los sospechosos y otros integrantes de Montoneros. “La reacción de las autoridades de facto fue el silencio y la represión indiscriminada, desde todos los ángulos posibles”, dijo Llorens.

Con la restauración democrática, en 1983, varios líderes de Montoneros fueron juzgados, entre ellos el dirigente Mario Firmenich, que fue detenido en Brasil y condenado a 30 años de prisión por homicidio y secuestro. Pero después, él y otros integrantes del grupo armado fueron comprendidos en los indultos que dispuso el presidente Carlos Saúl Menem para los militares condenados por los crímenes de la dictadura.

Cuando esos indultos fueron derogados por el presidente Néstor Kirchner, la Justicia pudo avanzar en la investigación de crímenes vinculados al terrorismo de Estado y también se investigó, por orden de un tribunal, este atentado de 1976.

La jueza María Servini estuvo a cargo del caso y concluyó que debía cerrarse porque se trataba de delitos comunes que ya habían prescripto.

Sin embargo, los querellantes apelaron. Entre ellos, representantes de familiares de algunas de las víctimas y los abogados María Laura Olea, por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, quien durante la dictadura fue gobernador bonaerense de facto y es recordado por la frase “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.

Ante el recurso que presentaron, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó este jueves que se reabra la investigación y que se cite a declarar como indagado al líder montonero Mario Firmenich, que actualmente vive en España.

El tribunal revocó el sobreseimiento de Firmenich, así como los del periodista Horacio Verbitsky y los de Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, según publicaron elDiarioAr y el portal Infobae.

La corte, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Llorens, concluyó que este atentado en particular no prescribió. Para el tribunal, este criterio se fija para este caso de manera “excepcional” porque nunca fue investigado realmente y porque las víctimas no eran agentes estatales.

Argumentó que implicó una “grave violación a los derechos humanos” porque la falta de investigación impidió a las familias de las víctimas acceder al esclarecimiento de lo ocurrido. Señaló, por otra parte, que Montoneros se atribuyó públicamente esta acción.

De acuerdo con elDiarioAr, los jueces Bruglia y Bertuzzi argumentaron que la decisión se fundamenta también en “la enorme gravedad y magnitud del evento, que constituye el objeto procesal”, y en que el lugar y el momento elegidos para colocar el explosivo indica que no se intentó discriminar entre las eventuales víctimas.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, una abanderada de lo que ella denomina “memoria completa”, que equipara los crímenes de grupos armados con el terrorismo de Estado, expresó en su cuenta de X: “Hoy es un gran día para la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo. Cuando propuse impulsar esta iniciativa hace algunos meses en el Senado me tildaron de improvisada e inexperta, pero la verdadera justicia siempre llega. No esperamos otra cosa que una condena ejemplar para los asesinos que se esconden detrás de una ideología para matar”.