Por décadas, América Latina ha sido la región más desigual del planeta. Además, es altamente vulnerable al impacto del cambio climático, a pesar de que sus emisiones totales representan aproximadamente el 8,3% de las emisiones globales. Esto es especialmente evidente en áreas estratégicas como la Amazonia y Centroamérica, cruciales para el control de recursos productivos y energéticos. Existe una clara asimetría entre las emisiones y la manera en que se generan y perpetúan las vulnerabilidades en la región.

Diversas investigaciones revelan que las poblaciones empobrecidas son más vulnerables a los impactos del cambio climático, al mismo tiempo que emiten menos carbono que los grupos que tienen mayores ingresos. El análisis realizado por Oxfam sobre la desigualdad de carbono en 2020 mostró que el 10% más rico de la población mundial no sólo es responsable del 46% del crecimiento de las emisiones entre 1990 y 2015, sino que también utilizará lo que queda del presupuesto de carbono antes de 2030.

El simple reconocimiento de un modelo de desarrollo insostenible ya no es suficiente. Es imperativo admitir la existencia de una deuda climática que divide a los países desarrollados de los empobrecidos. Esta deuda también se manifiesta internamente en los países, reflejando una creciente desigualdad, que se expresa en los impactos sociales y ambientales distribuidos de manera asimétrica entre la población, como las olas de calor y las sequías. Además, se manifiesta en el acceso desigual a los bienes comunes como el agua y la tierra. Finalmente, se evidencia en las injusticias relacionadas con las responsabilidades de financiación y reparación. Es hora de abordar estas cuestiones de frente.

Asimetría de los impactos

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para América Latina y el Caribe ha insistido en que los eventos climáticos están aumentando los riesgos y la vulnerabilidad justamente en los lugares donde se concentra la pobreza, la desigualdad, la falta de alimentos y la violencia. Estos aspectos, sumados a factores como los desplazamientos forzados y las acciones de las industrias extractivas, están afectando la capacidad de las poblaciones locales para prepararse y responder adecuadamente a la actual emergencia climática. Esta situación afecta de manera particular a las mujeres y niñas, quienes además enfrentan riesgos y agresiones diferenciadas, muchas veces orientadas a minar su liderazgo y el ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, miles de personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina. Los eventos climáticos extremos, como sequías y altas temperaturas, están afectando los cultivos y el rendimiento de los suelos. El hambre en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pasó de afectar a 2,2 millones de personas en 2018 a casi ocho millones en 2021. Según el Programa Mundial de Alimentos, este incremento estuvo relacionado con la crisis de la covid, pero también con factores climáticos extremos. Vale la pena recordar que el impacto de los huracanes Eta e Iota afectó a alrededor de nueve millones de personas y dejó daños materiales por aproximadamente 1.000 millones de dólares en los países centroamericanos y México.

Aquellos que más han contribuido a la situación de emergencia están en deuda con los países y comunidades menos responsables y más afectados por la actual crisis climática.

Acceso desigual a bienes comunes

El acceso a un recurso vital como el agua también se ve gravemente afectado por la crisis climática. La deforestación, la sobreexplotación, los cambios en el uso del suelo, la expansión de la urbanización, las actividades productivas intensivas (como la agricultura industrial y la ganadería) y la minería contribuyen al estrés hídrico de la región. El estrés hídrico y las consecuentes sequías tienden a agravar las desigualdades vinculadas con el acceso al agua. Las investigaciones realizadas para el período 1970-2019 señalan que se perdieron alrededor de 28.000 millones de dólares debido a las sequías en la región. El estrés hídrico también tiene un impacto importante en materia de energía, pues más de la mitad de la electricidad en la región proviene de plantas hidroeléctricas.

La ciudad de Lima, con una población de más de 10,2 millones de habitantes, es una de las ciudades más áridas del mundo con precipitaciones menores a 15 mm al año. Se abastece principalmente de las cuencas hidrográficas de los ríos Rímac (en cuya cabecera de cuenca actualmente se desarrolla un proyecto minero), Chillón y Lurín, que nacen en los nevados y glaciares de la cordillera de los Andes. Estos ríos han disminuido su extensión 43% en los últimos 40 años como consecuencia del deshielo de los glaciares causado por el incremento de la temperatura. Recientemente, hemos vivido racionamientos de agua y electricidad en ciudades importantes como Bogotá y Quito.

Responsabilidades de financiación y reparación

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido que los impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. Producto de esta situación, las pérdidas y daños están aumentando a nivel exponencial. Se trata de cultivos, infraestructura e incluso vidas humanas y animales que están viendo mermados sus medios de vida y sus derechos. A pesar de que el Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños, hasta la fecha los avances en este sentido se ven limitados por el escaso compromiso de los países desarrollados en materia de responsabilidades y financiamiento.

La financiación, cuando se ha otorgado, ha sido en forma de ayuda, principalmente como seguros, apoyos humanitarios y en forma de préstamos. Pero la ayuda es voluntaria, se realiza sobre la base de la caridad y muchas veces del interés propio de las inversiones o negocios existentes en los países empobrecidos. Sabemos que muchas compañías y empresas de los países desarrollados utilizan diversos mecanismos de “responsabilidad corporativa” para encubrir sus acciones e impactos en los territorios afectados. El debate alrededor de pérdidas y daños defiende la necesidad de reparación por parte de los países desarrollados. Se basa en la necesidad de que el fondo adoptado en las negociaciones internacionales y actualmente bajo responsabilidad del Banco Mundial actúe a partir de un principio de justicia: aquellos que más han contribuido a la situación de emergencia están en deuda con los países y comunidades menos responsables y más afectados por la actual crisis climática.

Lise Josefsen Hermann es periodista freelance. Carlos G Aguilar es sociólogo con una especialidad en derechos humanos y coordinador regional de justicia climática para la Plataforma de Oxfam en América Latina. Este artículo fue publicado originalmente en latinoamerica21.com.