El viernes 6, un grupo de ciudadanos, entre ellos dirigentes y activistas del Partido Nacional de Honduras y de otros movimientos y partidos políticos, se citaron en la primera entrada de la colonia Kennedy de Tegucigalpa para exigir con una movilización de antorchas que se continúe con el tratado de extradición y denunciar el nepotismo en la administración de la presidenta Xiomara Castro. María José Sosa, participante de la acción ciudadana, afirmó sentirse “indignada por las acciones de este gobierno” y agregó que no “imaginaban la magnitud de todos los desastres y crisis que le iban a provocar al pueblo hondureño”.

El contexto de estas exigencias comenzó el miércoles 28 de agosto, cuando Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras, hizo declaraciones que sacudieron el panorama político. Dogu expresó su preocupación tras la reunión entre Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, y José Manuel Zelaya, exsecretario de Defensa, con Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, señalado por Estados Unidos por narcotráfico. Dogu aseguró que estaban “muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela, fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”.

El 28 de agosto, la presidenta Xiomara Castro, utilizando la defensa de la soberanía hondureña frente al intervencionismo de Estados Unidos como excusa, ordenó al canciller Enrique Reina que denunciara el tratado de extradición con ese país. La decisión generó una ola de reacciones en contra y sectores de oposición convocaron a una movilización para el 30 de agosto, que finalmente no se realizó.

El 31 de agosto, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta, se presentó en el Ministerio Público para aclarar un video de hace 11 años en el que aparece en una reunión con narcotraficantes. Zelaya afirmó haber caído en una trampa y negó cualquier implicación de su familia en actividades ilícitas. El 2 de setiembre presentó su renuncia formal como diputado ante el Consejo Nacional Electoral, aunque no hubo confirmación oficial del Congreso sobre su dimisión. Finalmente, el 3 de setiembre, InsightCrime publicó videos en los que Zelaya aparece discutiendo la entrega de dinero proveniente de “aportaciones” de capos de la droga. En esas negociaciones mencionó que la mitad de lo acordado sería destinado al “Comandante”, apodo de Manuel Zelaya, su hermano.

La presidenta ha calificado la acción de Carlos Zelaya como un error deplorable “sin informar al coordinador, a la candidata y al partido, lo realizó a espaldas nuestras, nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, eso no lo aceptamos y no lo permitiremos”.

En medio de ese tornado político, resurgió la convocatoria para una nueva movilización de antorchas, esta vez liderada por el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, y Rashid Mejía, dirigente del movimiento Una Sola Voz por Honduras.

Uno de los participantes en la marcha aseguró a Contracorriente que “la patria se encuentra en peligro, no podemos seguir siendo gobernados por gente que no cumple las leyes, por gente incapaz, deshonesta y que internacionalmente ha puesto a Honduras en evidencia de que somos un país narcotraficante”.

En 2015 el Movimiento de las Antorchas fue una iniciativa ciudadana que presionó y logró que Juan Orlando Hernández accediera a la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Estas nuevas antorchas, sin embargo, provocan el rechazo de un sector de la sociedad por incluir al Partido Nacional y a un general cuestionado por sus acciones durante el golpe de Estado.

Este artículo fue publicado originalmente en Contracorriente.