El 11 de noviembre, el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, condecoró con la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Oro –máxima distinción que Costa Rica otorga a jefes de Estado o de Gobierno– a Nayib Bukele, su homólogo salvadoreño, por los avances que ha registrado su país en materia de seguridad.
Se trata de un reconocimiento que llama la atención, ya que Costa Rica es un país cuya proyección internacional se asoció siempre a ideales de paz y mediación. En su discurso, en el marco de la visita oficial de Bukele a Costa Rica, Chaves destacó la “proeza histórica” lograda por Bukele, que en otros países llevaría “generaciones” alcanzar. El caso salvadoreño demostró –aseveró– que en momentos históricos clave los pueblos tienen la necesidad de no diluir en exceso el poder que les dan a los gobernantes. O lo que es lo mismo, puso en duda la separación de poderes como garantía y fundamento de la democracia liberal, algo de lo que sabe bastante Bukele, quien ha erosionado profundamente los contrapesos de la democracia salvadoreña en el último lustro.
Un mes antes de este reconocimiento, el mandatario panameño José Raúl Mulino anunciaba la puesta en marcha de su plan de seguridad Panamá 3.0. En su cuenta en X difundía un video de presentación que, desde la melodía, pasando por los planos y el propio discurso, mostraba fuertes paralelismos, nada azarosos, con un video que ese mismo día Bukele había publicado también en sus redes. El de Bukele, mejor resuelto, se viralizó rápidamente y no fueron pocos quienes vieron semejanzas con la estética de Leni Riefenstahl, cineasta alemana que trabajó al servicio del nazismo, por el tipo de tomas, la coreografía de masas –en este caso de militares– y la exaltación de la figura del líder. El de Mulino, con menos difusión, se acompañaba de un discurso que justificaba el plan contra los pandilleros con marcos discursivos que bien podrían ser los empleados por Bukele.
Estos son sólo dos ejemplos, entre otros, de cómo opera en los últimos tiempos la “bukelización” de la política de seguridad en América Latina. No son pocos los presidentes o candidatos que en los últimos tiempos han planteado la posibilidad de emular o, como mínimo, inspirarse en los planteamientos de Bukele, y replicar su discurso, para responder en sus respectivos países a este flagelo. Desde Ecuador a Honduras, con la aprobación de un régimen de excepción y la construcción de cárceles, proliferan cada vez más los mandatarios que han adoptado planteamientos que resuenan a la praxis aplicada en El Salvador, buscando de paso una popularidad como la lograda por Bukele, a la cabeza de los líderes de la región. En junio del año pasado, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, visitó El Salvador para interiorizarse sobre los métodos de Bukele y se deshizo en elogios al mandatario.
Como apunta el Latinobarómetro 2024, por segundo año consecutivo Bukele aparece como el líder mejor evaluado en América Latina, por delante del papa Francisco. ¿Pero qué es lo que caracteriza específicamente este modelo de seguridad, su régimen de excepción y sus medidas punitivistas, entre ellas la construcción de megacárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo? Viendo la difusión cada vez más extendida de unas prácticas que tienen la impronta del mandatario salvadoreño, no está de más tratar de aclarar qué se entiende por la “bukelización” de las políticas de seguridad. Asumiendo que no es un modelo replicable ni deseable, nuestra hipótesis es que, lejos de medidas específicas, lo que lo singulariza es la capacidad de comunicar, aparentemente, un caso exitoso de política de “mano dura”.
El auge del “modelo Bukele” hay que situarlo en una coyuntura en la que ningún liderazgo regional es capaz de plantear una propuesta convincente y que pueda atribuirse resultados tangibles en materia de seguridad. ¿Qué logros recientes pueden identificarse en otros países de la región? Luiz Inácio Lula da Silva, con escaso margen de maniobra en su política interna por la correlación de fuerzas adversa en el Congreso brasileño, se ha mostrado más asertivo en la arena internacional que en el plano interno. Gabriel Boric, por su parte, llegó al palacio de La Moneda consciente de que en el terreno de la seguridad se iba a jugar una parte no menor de su mandato. La seguridad es la principal preocupación de los chilenos y uno de los temas con peor evaluación de la gestión del gobierno, a pesar de que durante su mandato se han aprobado los mayores aumentos presupuestarios de los últimos años y de que ha sido el gobierno proactivo que puede mostrar más de medio centenar de leyes aprobadas en el ámbito de la seguridad. Tampoco Gustavo Petro, quien se erigió en la antítesis de Bukele desde la izquierda por sus acalorados intercambios en redes sociales, puede apuntar ningún éxito nítido en su política de “paz total”, mientras que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en México con un discurso de desmilitarización y una política de “abrazos y no de balazos”, pero en la práctica fue cediendo más terreno a los militares. A la espera del viraje que pueda imprimir Claudia Sheinbaum, la inseguridad sigue siendo un reto pendiente.
Como han argumentado Adam Isacson y John Walsh, el modelo Bukele no es replicable a otros países latinoamericanos por varios motivos que muestran la excepcionalidad salvadoreña. Desde variables como la concentración urbana que registra este país centroamericano, pasando por su singular geografía dentro de la región –su territorio es 13 veces menor que el de Ecuador, 54 veces menos que el de Colombia y 400 veces menor que Brasil–. Y, sobre todo, los actores ilícitos a confrontar –las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18–, que, comparados con los que operan en el grueso de la región (el cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Choneros o el Tren de Aragua, por mencionar algunos ejemplos), acumulan menos poder financiero. El crimen organizado que se registra en países como México, Colombia o Ecuador está mucho más conectado, fragmentado y, sobre todo, cuenta con más recursos que las maras salvadoreñas.
Ahora bien, al margen de que este modelo no sea replicable más allá de El Salvador, cabe subrayar que tampoco es que sea deseable como solución a los problemas de inseguridad. A pesar de carecer de información precisa por la opacidad que acompaña la gestión de Bukele, sí se tiene constancia ya de algunos efectos que lleva aparejados en una región con un problema estructural de hacinamiento en los centros penitenciarios, que, lejos de reinsertar a los reclusos, son lugares que alimentan las violencias: El Salvador ha pasado a ser el país con la tasa de encarcelamiento más elevada del planeta (con más de 1.000 presos por cada 100.000 habitantes).
Desde marzo de 2022, el régimen de excepción establecido por Bukele se ha prorrogado ya 34 veces. Desoyendo solicitudes de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en setiembre de 2024 publicó un informe detallado en el que se exhorta a suspender este régimen, El Salvador mantiene una suspensión de derechos y libertades individuales, con más de 3.000 denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, abusos y violaciones a los derechos humanos. A ello hay que sumar, entre otras polémicas medidas, los procesos judiciales masivos en los cuales se juzgan decenas e incluso centenares de personas al mismo tiempo. La respuesta desproporcionada que se ha implementado empieza a mostrar sus falencias: 8.000 inocentes capturados en el marco del régimen de excepción han sido puestos en libertad. A estas detenciones arbitrarias hay que sumar al menos 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, porque, como afirma Bukele, “ninguna operación es perfecta”. A la postre, esta bukelización alimenta una deriva autoritaria más amplia que pone en cuestión la democracia y los derechos humanos.
¿Qué hay de nuevo?
El denominado “modelo Bukele” puede ubicarse dentro de una larga tradición de políticas punitivistas y de mano dura que ponen el foco en la severidad de las sanciones para disuadir conductas delictivas, en detrimento de enfoques más integrales y equilibrados que incluyen elementos de prevención y rehabilitación. Un tipo de política que, lamentablemente, tiene una larga tradición en la región. No en vano y precisamente en El Salvador, durante las presidencias de Francisco Flores y Elías Saca, ya se implementaron políticas de este tipo frente a las maras que operan el país, denominadas, literalmente, Mano Dura (2003-2004) y Súper Mano Dura (2004-2008).
Esto ya supuso reformas legislativas, como la denominada Ley Antimaras, que aumentaba las penas hasta 50 años de prisión y establecía una mayor presencia policial con “detenciones preventivas” y el uso de las Fuerzas Armadas para labores de control interno en zonas con altos índices de homicidios. Se construyeron, además, cárceles como el Centro Penal de Ciudad Barrios, que, con un diseño específico para responder a las pandillas, aislaba a los reos para evitar que siguieran operando desde la prisión, además de condenarlos a penas excesivas en detrimento de programas de rehabilitación. Los discursos empleados por aquel entonces ya hacían alusión a la “guerra” contra estas organizaciones, así como la “tolerancia cero”. ¿Cuál es, entonces, la particularidad que tiene el modelo Bukele respecto de otras experiencias de corte punitivista?
Hay al menos dos elementos que pueden apreciarse como componentes novedosos: por un lado, la obtención de resultados palpables por la ciudadanía y, por otro, el componente comunicativo que lleva asociado. Ambas cosas son indisociables y explican la capacidad de articular una narrativa por parte de Bukele que se ha impuesto entre sus partidarios y, lo que es más preocupante si cabe, también entre sus propios detractores.
Dejando a un lado las limitaciones que pueda tener la tasa de homicidios a la hora de registrar con finura las distintas violencias que sacuden Latinoamérica, está fuera de toda duda el encomiable descenso en la tasa de homicidios que ha logrado El Salvador en la última década. Algo que, además, se produce a contrapelo de la realidad que experimentan otros países de la región.
Así, mientras buena parte de las sociedades latinoamericanas han visto cómo se han agravado los problemas de seguridad, en este país centroamericano se ha logrado reducir drásticamente los asesinatos a unos guarismos inferiores a los de cualquier otro país del hemisferio, incluido Estados Unidos, y sólo por detrás de Canadá. De los 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 –uno de los mayores a escala internacional– se ha pasado a 2,4 en 2023, la cifra más baja de todo el continente americano junto con Canadá (1,93 por cada 100.000 habitantes). Este descenso abrupto se acompaña, además, de una idea de fuerza inapelable: “El Salvador ha dejado de ser uno de los países más peligrosos del planeta para ser uno de los más seguros del hemisferio”; algo que no es mera retórica, sino que se experimenta como una práctica cotidiana en el día a día. En efecto, los salvadoreños han recuperado el espacio público perdido por las prácticas de las maras. Si bien las políticas de mano dura tienen arraigo, como se ha señalado, no existía ningún precedente de este corte que pudiera ponerse encima de la mesa como caso exitoso. Ahora bien, ¿es esa mejora en la inseguridad fruto de las políticas de Bukele y, en concreto, de su régimen de excepción, tal y como se suele asociar?
Buena parte de la popularidad que se ha granjeado Bukele en la ciudadanía salvadoreña y en toda la región se explica por sus logros a la hora de confrontar a las pandillas, aunque, como se ha indicado, esta no se explica sin la excepcional capacidad que ha ido desplegando en el manejo de su comunicación política. Un ámbito que no le resulta ajeno, ya que se dedicó profesionalmente antes de su carrera política a esta actividad e incluso trabajó en este terreno para campañas presidenciales como la del candidato del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Schafik Hándal, partido en el que Bukele militó.
Uno de los ejemplos paradigmáticos para comprender la importancia del componente comunicacional ha sido la historia de éxito que Bukele fue capaz de construir sobre el descenso de los homicidios como efecto del régimen de excepción que implementó a partir de marzo de 2022. Si se analiza con atención la tasa de homicidios que se utiliza para sostener esta idea, el pico dramático que se registra en este indicador se produjo en 2015 (con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes). Desde el año siguiente, todavía durante la presidencia de Salvador Sánchez-Cerén, empieza a registrarse un cambio de tendencia que ha sido inexorable desde entonces. Cuando Bukele toma posesión ya se había logrado reducir esta tasa por debajo del 50%, y cuando se inicia el régimen de excepción, la reducción ya era de 84,7%. Al régimen de excepción de Bukele, por lo tanto, sólo se le podría atribuir en puridad 15,3% del descenso en la tasa de homicidios que ha registrado el país desde 2015. Sin embargo, su éxito reside en haber logrado capitalizar los datos que son atribuibles al mandato anterior y haber afianzado este relato dentro y fuera de las fronteras. Esto, además de permitirle monopolizar un logro que no inició él ni es en su totalidad fruto de su régimen de excepción como pretende, le ha servido para implementar un paquete de medidas que, al mismo tiempo que le han otorgado más poder, han erosionado la frágil democracia salvadoreña, llegando incluso a retorcer la Constitución para poder ser reelegido.
Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en Nueva Sociedad.