En la noche del martes, la Fiscalía General de la República (PGR, por sus siglas en portugués) denunció al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal armada.

De acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles, los acusados también fueron denunciados por daños calificados por violencia y amenaza grave a los bienes de la Unión, y con daños considerables a la víctima y deterioro de los bienes catalogados.

La denuncia, presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de la Justicia brasileña, se produce luego de que un grupo de trabajo de la PGR analizara una investigación de la Policía Federal con más de 884 páginas sobre las investigaciones que llevaron a la imputación de 40 personas en el mes de noviembre.

Ahora corresponde al STF analizar la denuncia y tomar la decisión de si Bolsonaro debe ser encarcelado por los delitos que se le imputan.

Según la acusación presentada por el fiscal general de la República, Paulo Gonet, el expresidente lideró una organización criminal que trabajó para planear un golpe de Estado que lo mantendría en el poder incluso después de la derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Los líderes de la organización eran el propio Presidente de la República y su candidato a vicepresidente, el general Braga Neto. Ambos aceptaron, alentaron y ejecutaron actos tipificados en la legislación penal de atentado al bien jurídico de la existencia e independencia de poderes y al Estado democrático de Derecho”, afirmó Gonet en la denuncia presentada ante el STF.

Las investigaciones llevadas adelante por agentes de la Policía Federal sobre las que se sustentó la acusación presentada en primera instancia ante la PGR concluyeron que el golpe liderado por Bolsonaro no se materializó debido a “circunstancias que escaparon de su control”. Entre ellas estaría la resistencia a sumarse al plan golpista de los comandantes de la Fuerza Aérea, el teniente brigadier Baptista Junior, y del ejército, general Freire Gomes.

Según las investigaciones, el plan comenzó en 2021, durante la pandemia, con ataques sistemáticos al sistema de voto electrónico, a través de declaraciones públicas y en las redes sociales.

En julio de 2022, el entonces presidente Bolsonaro, en una inusual convocatoria, se reunió en Brasilia con embajadores y representantes diplomáticos acreditados en el país para informarlos sobre las fallas del sistema de voto electrónico, en un intento de preparar a la comunidad internacional para no respetar la voluntad popular en las elecciones que se realizarían meses más tarde.

Durante la segunda vuelta, el 30 de octubre de 2022, integrantes de entidades de seguridad del Estado se movilizaron para intentar impedir que la población votara por Lula. Además, la investigación llegó a la conclusión de que las personas involucradas, que se desempeñaban en organismos públicos, facilitaron los hechos de violencia generalizados que se registraron en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, exactamente una semana después de que Lula asumiera la presidencia.

Las investigaciones también lograron determinar que, paralelamente, los autores intelectuales del golpe de Estado presionaron al comandante del ejército y a altos jerarcas militares para realizar acciones tendientes a impedir que Lula asumiera su cargo.

La denuncia apunta a la elaboración de diversos actos que pretendían romper el orden constitucional, entre los que se consideraba la detención de ministros del STF.

Las investigaciones revelaron que la operación para ejecutar el golpe, en la que incluso se barajó la posibilidad de asesinar a Lula y también al vicepresidente, Geraldo Alckmin, así como del ministro del STF, Alexandre de Moraes, contaba con la total aprobación de Bolsonaro.