Más de un centenar de denuncias se presentaron en Argentina por el escándalo de la criptomoneda $Libra, en la que el presidente Javier Milei llamó a invertir el viernes 4, con el argumento de que ayudaría al desarrollo del país y apoyaría a pequeñas empresas. Según los medios argentinos, la criptomoneda se había creado minutos antes de que el presidente la promocionara en su cuenta de X, y gracias a él fue posible su difusión entre potenciales inversores.

Pocas horas después, $Libra alcanzó un valor de 4.500 millones de dólares. En ese momento, nueve cuentas vinculadas con la creación de esta criptomoneda, que retenían el 75% de ella, retiraron sus ganancias (que se estiman en más de 100 millones de dólares) en una maniobra conocida como rug pull, que llevó a que el precio de la moneda se desplomara. Decenas de miles de personas perdieron lo que habían invertido.

El presidente borró el posteo, que había fijado, y después argumentó que en realidad no estaba los suficientemente informado sobre el proyecto. Sin embargo, periodistas argentinos publicaron registros de numerosas reuniones de Milei y de su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, con los impulsores de esta iniciativa.

La oposición política pidió una investigación y el gobierno anunció que la llevaría adelante desde la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. El kirchnerismo se declaró partidario de iniciarle un juicio político al presidente, y la Unión Cívica Radical (UCR) impulsó la creación de una comisión investigadora parlamentaria.

Los votos para instalar esta comisión en el Senado parecían estar asegurados, pero algo falló a último momento. Cuando se contaron los votos, eran 47 a favor de crear la comisión y 23 en contra: faltó un solo senador para reunir los 48 votos que corresponden a la mayoría de dos tercios que se necesitaba.

Seis senadores que responden a gobernadores de la UCR cambiaron de opinión y votaron en contra. “Acá hubo una presión enorme”, dijo otro integrante de esa bancada, Martín Lousteau, sin dar más detalles.

La senadora peronista Juliana di Tullio había advertido que la UCR, pese a haber pedido la creación de la comisión, podría dar “marcha atrás” porque “nunca se sabe” cómo van a actuar sus integrantes.

Uno de los que cambió de parecer fue Eduardo Vischi, coautor del proyecto de la comisión junto a Pablo Blanco, también de la UCR. Consultado por el canal La Nación+ sobre ese hecho, Lousteau respondió: “Yo no sé si los que votan así pretenden construir un país mejor. [Vischi] tendrá que hablar con el presidente del bloque. Que explique él por qué presentó un proyecto y después lo votó en contra”.

“Pero no seamos ingenuos”, dijo, y agregó: “¿Qué pasó hoy? El gobierno ejerció una presión monumental” para “que no se constituya un lugar donde investigar los hechos de suma gravedad que ocurrieron y que tienen al presidente como protagonista”. También Blanco había advertido que el gobierno intentaba “presionar a los gobernadores” para evitar que la comisión se creara.

“Hemos visto al presidente Milei, en vivo y en directo, protagonizar una estafa; sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible”, dijo Lousteau. “La moneda se lanzó al mismo tiempo que el presidente posteó; había muchos que ya estaban informados de que iba a postear y compraron desde el segundo uno”, agregó.

El senador se manifestó en contra de “que el gobierno se autoinvestigue” mediante la Oficina Anticorrupción, pero también se opone al juicio político a Milei. Cree que con esa iniciativa el kirchnerismo busca “aprovechar la situación” y que se crearía “zozobra para los 45 millones de argentinos”.

Respuestas judiciales

Además de las acciones políticas, que por el momento logró controlar, el gobierno enfrenta acciones judiciales en Argentina, que están en manos de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, y en Estados Unidos, donde también hubo damnificados. En su país se presentaron más de 100 denuncias.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consultado por el diario Perfil, aludió a una entrevista en la que Milei comparó invertir en $Libra con “ir a jugar al casino”, como si fueran equivalentes. Para el abogado, en este caso “se indujo a jugar una ruleta con el resultado arreglado, eso no es lo mismo que ir al casino”.

En cuanto a los delitos de los que podría ser acusado el presidente, mencionó los de “incompatibilidad en el ejercicio de la función pública por hacer negocios, violación de la ética pública y abuso de autoridad”, y señaló que también podría ser considerado “partícipe necesario de estafa”, incluso aunque no se haya beneficiado económicamente. Además, si se llevaran a la Justicia las denuncias públicas del empresario estadounidense Hayden Davis, creador de $Libra, sobre supuestos sobornos que pagó a Karina Milei para reunirse con el presidente, se podrían agregar los delitos de “dádivas y hasta asociación ilícita”.

Según informó el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, otras acciones judiciales se evalúan en Estados Unidos. Un estudio jurídico de Nueva York especializado en el consumo digital, Burwick Law, convocó a afectados por el caso de $Libra que quieran actuar para recuperar sus inversiones mediante una demanda civil por los perjuicios causados. Entre los demandantes que se sumaron ya hay más de 200 personas de varios países. Uno de los integrantes del estudio, Max Burwick, dijo al periódico argentino que su equipo está investigando lo que sucedió y evaluando el camino a seguir.

Mientras tanto, Milei viajó a Washington para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que reúne a la extrema derecha mundial. Allí le regaló una réplica de la motosierra que tiene en su despacho a Elon Musk, encargado de hacer recortes en las dependencias estatales de Estados Unidos, y dio un discurso de más de una hora en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Ante un grupo de invitados, insistió en que “el Estado es una organización criminal. Es peor que la mafia”.