Para el presidente estadounidense, Donald Trump, la “conducta maligna” de la Corte Penal Internacional (CPI) “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos” y “socava” su trabajo en seguridad nacional y el de sus aliados. Así argumentó su decisión de firmar una orden ejecutiva, similar a un decreto, para sancionar a altos funcionarios de ese tribunal que juzga crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Trump afirma que la CPI ha impulsado “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, al que define como un “cercano aliado”, y agrega que el tribunal ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra Yoav Gallant, su exministro de Defensa.

Esas órdenes de detención se emitieron en noviembre por sospechas de que Netanyahu y Gallant cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Pese a esta orden de arresto, Netanyahu viajó a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el sábado.

El tribunal ordenó las detenciones después de dictaminar que tiene jurisdicción sobre el caso y considerar que hay pruebas de que Netanyahu y Gallant actuaron a sabiendas para privar a los palestinos de la Franja de Gaza de elementos “indispensables para su supervivencia”. Para la CPI los dos pueden ser “penalmente responsables” del uso del hambre como arma de guerra, así como de otros crímenes contra la humanidad que incluyen asesinatos y “actos inhumanos”.

Trump afirma que las acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto”.

Durante su primer gobierno, Trump había impuesto sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus asesores por haber investigado si los militares de Estados Unidos cometieron crímenes de guerra en Afganistán.

Otro exfiscal de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo, manifestó el viernes en su cuenta de X su rechazo a la decisión de Trump y publicó: “¿Debería la CPI investigar a amigos estadounidenses como Netanyahu? ¿O sólo a enemigos como Putin? No sé qué hará Estados Unidos, la pregunta es cómo la humanidad protegerá las instituciones que protegen los derechos de las víctimas de crímenes masivos”.

El abanico de sanciones que contempla la orden ejecutiva de Trump incluye restricciones financieras y limitaciones para que integrantes de la CPI y sus familiares inmediatos obtengan visas para viajar a Estados Unidos. Se aplicarían a aquellos funcionarios que colaboren en investigaciones contra ese país o sus aliados.

La orden dispone que en un plazo de 60 días el Departamento del Tesoro presente una lista con personas que podrían ser objeto de estas sanciones.

Llamados a defender el sistema de justicia internacional

La CPI rechazó la decisión de Trump, que podría “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”. Sin embargo, manifestó que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”. “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 estados parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, agregó la CPI en un comunicado.

El rechazo a las sanciones dispuestas por el presidente de Estados Unidos fue extendido. En respuesta al anuncio, Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu impulsaron un texto en defensa de la labor de la CPI, al que se sumaron otros 74 países firmantes del Estatuto de Roma. Entre ellos figuran Brasil, Chile, Canadá, Reino Unido, Bélgica y España.

Los 79 países declararon su “continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”, y la consideraron “un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas”. Se comprometieron a garantizar que siga funcionando en esos términos.

En el texto señalaron que la medida de Trump representa un “desafío sin precedentes” para la CPI e incrementa “el riesgo de impunidad” para los criminales que violen el derecho internacional, un instrumento “crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”. “Sancionar a la CPI amenaza la independencia de la corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”, manifestó el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

A su vez, el gobierno de Países Bajos, donde se encuentra la sede de la CPI, en La Haya, lamentó esta medida. El ministro neerlandés de Relaciones Exteriores, Caspar Veldkamp, manifestó: “Nuestro país tiene una sólida reputación y responsabilidad como país anfitrión de instituciones jurídicas internacionales importantes. Países Bajos contribuye activamente al fortalecimiento del orden jurídico internacional y la cooperación multilateral y cumplirá de buena fe las obligaciones vinculantes del derecho internacional y los tratados”.

Sin embargo, voces de la ultraderecha se sumaron a la posición de Trump y Netanyahu contraria a la CPI. En Países Bajos, Geert Wilders, el líder del extremista Partido por la Libertad, que integra la coalición de gobierno, manifestó, según citó Efe: “¿No se podría trasladar la CPI a Bélgica o algo así? Nunca he entendido qué ganamos con que tenga su sede aquí”.

Desde el gobierno de Hungría, el ministro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, dijo que las sanciones dispuestas por el presidente estadounidense son una medida “absolutamente comprensible” y acusó al tribunal internacional de haberse “convertido recientemente en una herramienta política tendenciosa”.

Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch consideraron que sancionar a los integrantes de la CPI apunta a debilitar el sistema internacional de rendición de cuentas y a que crímenes cometidos en la Franja de Gaza queden en la impunidad.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo que Trump “lanza el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de justicia internacional”. “En un momento histórico en el que estamos presenciando un genocidio contra los palestinos en Gaza, la agresión de Rusia contra Ucrania, y que el Estado de derecho global se está viendo amenazado, instituciones como la CPI son más necesarias que nunca”, afirmó en un comunicado.

Según citó Europa Press, para la directora de justicia internacional de Human Rights Watch, Liz Evenson, los países que integran la CPI deberían dejar claro que “nadie está por encima de la ley” y “demostrar que están dispuestos a garantizar que la CPI pueda hacer justicia por los peores delitos, sea quien sea el responsable”.

Trump ve a Gaza como una “transacción inmobiliaria”

El anuncio de sanciones a la CPI llegó después de que Trump presentara su plan para la Franja de Gaza, que consiste en evacuar a toda la población de ese territorio palestino -supuestamente de manera temporal- y dejarlo bajo control de Washington, que lo convertiría en la “Riviera de Medio Oriente”.

Esa iniciativa ha sumado sucesivos rechazos porque implica el desplazamiento forzado de la población palestina, contrario al derecho internacional, y le niega a ese pueblo sus aspiraciones de establecer un Estado en ese territorio y en Cisjordania.

Sin embargo, Trump sigue defendiendo su plan. El jueves dijo que su idea es convertir la Franja de Gaza en “uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de toda la Tierra” y el viernes, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, afirmó: “Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria, donde seremos un inversor en esa parte del mundo”.

Esa visión fue cuestionada, entre otros, por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. “Nadie va a hacer un lugar bonito encima de miles de cadáveres de mujeres y niños”, dijo durante una entrevista con las radios Metrópole y Sociedade. Para Lula, se trata de un plan de convertir la Franja de Gaza en una zona turística para ricos después de expulsar a sus pobladores.

Según citó Agência Brasil, Lula afirmó que lo que se debe “hacer en Palestina es crear un Estado palestino y dar decencia a ese pueblo, que no puede ser tratado como basura”, “cuidar de esas personas, que merecen ser atendidas como cualquier otro pueblo del mundo”.

A su vez, la Presidencia de Egipto manifestó que el mandatario, Abdelfatah al Sisi, se comunicó este viernes por teléfono con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y que los dos destacaron la importancia de “acelerar la reconstrucción de manera que se garantice el restablecimiento de la vida en Gaza, y afirmaron su rechazo a evacuar a los palestinos de la franja, así como a los intentos de desplazarlos”. Insistieron en que la creación de un Estado palestino independiente es “la única vía para lograr la paz sostenible y la estabilidad a la que aspira Medio Oriente”.

Además, Al Sisi inició una ronda de contactos con países árabes y de mayoría musulmana para unirse en el rechazo a “cualquier medida encaminada a desplazar al pueblo palestino de su tierra”.

Lejos de la visión de Egipto y Guterres, para Trump la reconstrucción no tiene urgencia. “No tenemos apuro. Realmente no hay apuro”, dijo el gobernante, que se hizo rico como empresario inmobiliario. “No necesitaríamos soldados en absoluto, eso lo manejarían otros, y las inversiones también serían gestionadas por otros. Así que, sin prácticamente ninguna inversión, llevaría estabilidad a la zona y otros podrían invertir más adelante”, concluyó.