El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá en la mañana de este miércoles si el expresidente Jair Bolsonaro y otras siete figuras cercanas a él serán acusados y posteriormente juzgados por el supuesto intento de golpe de Estado ocurrido después de las elecciones de 2022, ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro es acusado de liderar una organización criminal, de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños a los bienes de la unión y deterioro del patrimonio en el marco de los ataques que hubo contra las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Lula. Por todos esos cargos, en caso de ser hallado culpable, podría afrontar una sentencia de más de 40 años de prisión.

Los otros siete exjerarcas –que son considerados, junto con el exmandatario, el núcleo duro del plan golpista– cuyo posible juicio está siendo debatido en el STF son Alexandre Ramagem, ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional; Mauro Cid, teniente coronel del Ejército y exayudante de campo de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil; y Almir Garnier, excomandante de la Armada.

Según informó el portal Metrópoles, este martes los ministros de la Primera Sala del STF realizaron dos sesiones para evaluar la denuncia de la Fiscalía General de la República (PGR, por sus siglas en portugués). Por la mañana, presentaron sus alegatos el fiscal general de la República, Paulo Gonet, y los abogados defensores de los imputados.

Un elemento que causó sorpresa fue que Bolsonaro decidió asistir personalmente al juicio llevado adelante en la sede del STF en Brasilia y permaneció durante ambas sesiones sentado junto a sus abogados frente al ministro Alexandre de Moraes, quien es el relator del caso y un conocido adversario del excapitán.

En las sesiones del martes, los ministros consideraron pedidos de las defensas para, por ejemplo, excluir del juicio a Moraes y también a Cristiano Zanin y a Flavio Dino.

Los defensores legales de Bolsonaro y los otros acusados por la PGR consideran que estos tres ministros del STF no son imparciales, ya que el enfrentamiento de Moraes con Bolsonaro es conocido y, además, Zanin fue el abogado de Lula y Dino, quien fue ministro de Justicia durante el actual gobierno, fue nominado por el presidente para integrar el STF, la máxima instancia de la Justicia brasileña.

Por unanimidad, cinco votos contra cero, este pedido fue revocado. Otra solicitud de la defensa de Bolsonaro fue que el caso fuera juzgado por la totalidad de los integrantes del STF y no únicamente por la primera sala.

En este caso, de acuerdo a lo que informaron medios brasileños, los ministros, por mayoría, mantuvieron el juicio en la Primera Sala, pero la votación tuvo el voto divergente del ministro Luiz Fux, quien argumentó que lo más conveniente era enviar el juicio al pleno.

Los ministros también rechazaron de manera unánime la solicitud de la defensa de la nulidad de las declaraciones realizadas por Cid, antiguo ayudante de Bolsonaro, quien luego de ser detenido accedió a colaborar con la Justicia y sus testimonios se convirtieron en piezas clave para sustentar las acusaciones contra el expresidente y los otros exjerarcas involucrados.

Un momento importante de las sesiones del martes fue la declaración de Celso Vilardi, quien es el abogado que lidera el equipo de defensores legales de Bolsonaro.

Vilardi, de acuerdo a lo que consignó Agencia Brasil, inició su defensa alegando que Bolsonaro es “el expresidente más investigado en la historia de este país” y que, a pesar de ello, la denuncia del fiscal general Paulo Gonet no proporcionó evidencia de la conexión de Bolsonaro con la trama golpista ni con los atentados del 8 de enero de 2023, cuando partidarios del exmandatario invadieron y destruyeron la sede de los Tres Poderes en Brasilia.

El abogado aseveró que “el [ex] presidente de la República no tiene nada que ver con [el plan] Puñal Verde y Amarillo”, denominación que le dio la Policía Federal al operativo que contemplaba tomar el poder y asesinar a Lula y otras autoridades.

Vilardi subrayó que Bolsonaro autorizó el proceso de transición como un cambio anticipado de mando de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2022, lo cual, argumentó, es incompatible con un intento de golpe.

El abogado dijo además que no se puede culpar a Bolsonaro de lo ocurrido el 8 de enero de 2023 “porque él no apoyó lo sucedido, sino que lo rechazó”.