El 3 de junio se llevarán a cabo las elecciones en Corea del Sur, según anunció el martes el presidente en funciones del país, Han Duck-soo, después de que el anterior líder de Seúl, Yoon Suk-yeol, fuera destituido por su declaración de la ley marcial.

Por unanimidad, los ocho magistrados del Tribunal Constitucional de Corea del Sur sentenciaron el viernes la destitución del presidente Yoon. El mandatario fue acusado de violar gravemente la Constitución al intentar perpetrar lo que las autoridades califican como un acto de insurrección, delito que en el Código Penal surcoreano puede acarrear hasta la pena capital. Al explicar su decisión, el tribunal señaló que “los actos inconstitucionales e ilegales del demandado traicionan la confianza del pueblo y constituyen una grave violación de la ley, que no puede tolerarse desde el punto de vista de la protección constitucional”.

Es la segunda vez desde 2017, después de la destitución de Park Geun-hye, que un presidente del Partido del Poder Popular (PPP, derecha) es destituido de su cargo. Pero ahora, Yoon, exfiscal general que ha conservado sólidas amistades en el mundo judicial, ha puesto de manifiesto algunas de las deficiencias de la democracia surcoreana.

Si bien esta crisis tiene su origen en la declaración de la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado, la indudable proximidad de Yoon al poder judicial no ha hecho sino alimentar el malestar nacional. Esto se reflejó directamente durante su elección en 2022, cuando Corea del Sur descendió en la clasificación V-Dem (variedades de la democracia) de la universidad sueca de Gotemburgo, que mide el progreso democrático.

Aun así, Yoon cuenta con apoyos que no temen criticar a las instituciones clave del Estado de derecho, como el pastor Jeon Kwang-hoon, líder del movimiento evangelista pro-Yoon, que declaró tras la decisión de la corte: “Unos cuantos estafadores se reúnen en el Tribunal Constitucional y destituyen fraudulentamente [...]. El Tribunal Constitucional debe ser abolido y sustituido por un tribunal sometido al poder del pueblo”. Por su parte, el PPP, del que surgió el presidente depuesto, organiza y estudia posibles candidatos para la próxima elección. Entre ellos, emergen como favorito en los sondeos por el lado conservador Kim Moon-soo, excandidato a las primarias del partido, así como el alcalde de Daegu, ciudad ubicada al sureste del país.

Tras el terremoto político, Corea del Sur se dirige entonces a las urnas. La Comisión Electoral Nacional ha comenzado ya los preparativos para la 21ª elección presidencial, prevista para el 3 de junio, apenas 60 días después de la destitución. El escenario electoral parece favorable para un cambio de poder: según la última encuesta publicada el 2 de abril por Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research y Hankook Research, más de la mitad de los surcoreanos (51%) anhela una victoria de la oposición progresista, mientras sólo un tercio de los ciudadanos respaldaría a un nuevo candidato conservador.

Con el viento a favor, el líder del Partido Demócrata y probable candidato Lee Jae-myung no ha tardado en posicionarse. En un discurso incendiario tras conocer el veredicto, Lee acusó al ahora expresidente de haber “destruido la Constitución” y de utilizar “las armas y cuchillos que el pueblo le confió” para amenazar la democracia. Sus palabras, cargadas de simbolismo, reflejan la estrategia de presentar las próximas elecciones como un plebiscito entre la defensa de las instituciones democráticas y las tendencias autoritarias que, según la oposición, representó el gobierno de Yoon.

Lee Jae-myung navega con habilidad un calendario que le ha sonreído inesperadamente. Apenas semanas atrás enfrentaba una condena por fraude electoral que fue anulada en vísperas de la crisis constitucional. Aprovechando la situación también, los demócratas planean ahora convocar un referéndum simultáneo a las presidenciales para reformar la Constitución y blindar la separación de poderes, enarbolando las banderas de la soberanía y la unidad nacional que tanto resonaron durante la crisis.

En las calles de Seúl, la temperatura política alcanzó el pasado fin de semana su punto de ebullición. Miles de ciudadanos han convertido la capital en un campo de batalla ideológico, con manifestaciones que dividen el paisaje urbano entre defensores y detractores del fallo constitucional. Paradójicamente, los mercados han recibido con calma la convulsión política: el won repuntó frente al dólar y la bolsa de Seúl cerró con una subida del 0,35%, como si Wall Street prefiriera la certeza de una crisis resuelta a la incertidumbre institucional. La imagen es elocuente: por segunda vez en menos de diez años, la democracia surcoreana ejecuta a su propio presidente conservador, demostrando su capacidad de autodefensa, pero dejando al descubierto fracturas sociales tan profundas que ningún tribunal, por supremo que sea, parece poder cicatrizar.