La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó conocimiento del caso de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno en Perú, cuyas historias fueron reconstruidas en la investigación “Raptados: la historia olvidada de los niños de la guerra en Perú”, publicada por Ojo Público y Connectas. El reportaje documenta 11 casos de menores que desaparecieron y terminaron en manos de militares.

Dicho reportaje fue enviado a la CIDH para visibilizar estos graves casos de vulneración de derechos humanos ante este organismo internacional. Tras recibir el material periodístico, la comisionada Andrea Pochak, relatora de Memoria, Verdad y Justicia, expresó a este medio su disposición a revisarlo y solicitó que se transmitiera a las víctimas la predisposición de la CIDH a recibir sus testimonios directamente, con el fin de apoyarlas, si así lo requieren, en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

Los 11 casos identificados en la investigación de Ojo Público y Connectas tienen en común que, en su niñez, figuraban en las listas de personas desaparecidas por el conflicto armado interno, elaboradas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.

Cuando reaparecieron, ya adultos, y se reencontraron con sus familias, revelaron que, de niños, niñas o adolescentes, fueron detenidos arbitrariamente por miembros del Ejército peruano. Luego de eso, la mayoría de ellos fueron recluidos en bases antisubversivas y cuarteles, lugares donde fueron torturados y abusados sexualmente. Fueron trasladados del campo a la ciudad, a viviendas de militares y sus familias, donde los varones fueron criados como hijos adoptivos o ahijados y las niñas obligadas a realizar labores domésticas.

Este medio, en coordinación con Silveria Flores, quien es conocida como Silvia y así es identificada por la CVR, parte del grupo de víctimas secuestradas en su niñez, grabó un video en el que ella narra su testimonio para la CIDH. El material será enviado a Pochak, junto con sus datos de contacto, con el objetivo de facilitar un eventual acercamiento directo entre este organismo y las personas afectadas que continúan esperando justicia.

Silvia lleva más de 40 años luchando contra las consecuencias de la violencia que sufrió, de niña, a manos de agentes del Estado durante el conflicto armado interno en Perú. Aquellos abusos le produjeron una discapacidad física, además de muchos recuerdos de pérdidas de familiares y maltratos que no la dejan dormir tranquila.

Desde hace algunos meses, Silvia espera una noticia que puede cambiar su vida. A través del seguro integral de salud (SIS), el hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud, en Lima, debe comprar una prótesis para que la operen de la cadera. Sufre una discapacidad que le provocó la madre de un oficial del Ejército peruano cuando la empujó del techo de una vivienda. En ese lugar, siendo todavía una niña, sufrió explotación laboral y sexual, luego de que militares la separaran forzosamente de su familia y la trasladaran, desde una comunidad campesina de Ayacucho, hasta la capital peruana.

Luego de la publicación del reportaje de Ojo Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se contactó con Silvia para ofrecerle apoyo con un tratamiento médico, ya que ella cojea y sufre mucho dolor en la cadera.

A través del Programa de Reparaciones del Ministerio de Justicia, le ofrecieron atención médica en el SIS. Silvia ya tenía ese seguro gratuito y, años antes, había acudido a un establecimiento del Ministerio de Salud para ser atendida. Sin embargo, le informaron que la prótesis que requería costaba más de 13.000 soles [poco más de 3.500 dólares]. Ella no tenía ese dinero, pues vive en situación de pobreza.

Con la mediación de este programa, en los últimos diez meses ha sido evaluada por especialistas del hospital María Auxiliadora, quienes concluyeron que deben colocarle una prótesis en la cadera o perderá la movilidad.

Ojo Público consultó con voceros del SIS, quienes informaron que la compra de la prótesis para Silvia es responsabilidad del María Auxiliadora. Este establecimiento, explicaron, recibe cada año un presupuesto del SIS para atención médica y adquisición de medicinas, insumos y dispositivos médicos. Ante nuestra insistencia, aseguraron que el hospital ya inició el trámite de compra, y estimaron que, en un mes, “la paciente tendrá su prótesis”.

Aún hay más de 2.000 desaparecidos

En 2002 Silvia dio su testimonio en una audiencia pública de la Comisión de la Verdad. Más de dos décadas después, volvió a contar su historia para Ojo Público.

A inicios de los 80, cuando vivía en la comunidad de Oronccoy, en el distrito de Chungui, provincia de La Mar, en Ayacucho, y tenía siete años, vio cómo soldados del Ejército entraron a su casa, torturaron y asesinaron a su hermano Valerio, de 18 años. Semanas después, miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso incursionaron en su comunidad y asesinaron a más de 20 personas, entre ellos sus tíos abuelos. Uno era el alcalde de Oronccoy y el otro, juez de paz.

Silvia relató que, en una de las intervenciones de los militares a la hacienda de su abuelo, ella y sus familiares huyeron al monte, pero su abuela, su tía y sus primas de 4 y 2 años fueron encontradas y asesinadas. Cuando salió de su refugio, perdió el rastro de sus padres. Días después se reencontró con su hermana Celestina, dos hijos de esta y otros parientes.

Los soldados los atraparon, mataron a su tío y llevaron a los niños a la base militar de Chungui, donde se reencontró con su papá, que estaba detenido. Tiempo después, los militares los obligaron a regresar a la comunidad de Chapi.

Con engaños de su primo y ante la ausencia de sus padres, Silvia relató que, a los 9 años, fue subida a un helicóptero. “Militares venían a diario en helicóptero. Se llevaban niños”, dice. Ella sólo hablaba quechua, idioma que algunos militares también hablaban.

Cuando llegó a Ayacucho la encerraron en una habitación de un cuartel del Ejército junto con unas diez niñas, donde permaneció varios meses. “Los militares nos enseñaban a los niños a usar fusiles. Cuando no podíamos, nos pegaban duro. Todos los días nos llevaban al campo para entrenar”, recuerda.

Silvia relató que, a los 9 años, fue subida a un helicóptero. Luego fue trasladada a la capital, donde la violencia adoptó nuevas formas. “Me llevaron a Lima, junto con tres niñas”, dice Silvia. Cuando llegaron al aeropuerto, a cada niña la metieron en vehículos diferentes. Un comandante le dijo en quechua que ella iba a vivir con su mamá, que iba a estudiar, pero cuando la dejó en su casa y se fue, “comenzó el infierno”.

“No le entendía a su mamá porque yo no hablaba castellano. Me botó para el jardín de atrás, donde tenía plantas y animales. Yo no conocía iguana, tortuga, culebra. Me hacía comer las verduras que les tiraba”, recuerda.

Cuando el comandante volvió a visitarla, Silvia recuerda que se quejó y le pidió volver a su pueblo. Al enterarse de sus reclamos, la madre del oficial esperó a que su hijo se fuera, la metió a un cuarto y le pegó duro. Trajo a un hombre, que la violó.

La niña intentó huir, trepando al segundo piso junto a un tanque de agua. La mujer la empujó y cayó al jardín. Allí la dejó gritando de dolor, hasta que un joven de una casa vecina la rescató. “Nunca vas a decir tu nombre, si no, te van a matar. Diles que te olvidaste”, le advirtió en quechua al dejarla en un hospital.

Silvia fue operada en un hospital de Lima, donde permaneció más de un año. Le pusieron clavos en la cadera, que aún tiene, pero que ya no le sirven. Un joven estudiante que trabajaba como personal de limpieza y hablaba quechua le enseñó castellano. Fue adoptada por una familia que le dio un nuevo nombre y apellido.

A los 22 años, viajó a Ayacucho, donde, tras una intensa búsqueda, se reencontró con su madre y sus hermanos. Ellos pensaban que había muerto y hasta habían construido una tumba con su nombre.

Actualmente, Silvia vive en una zona alejada de la provincia de Cañete, en Lima. No consigue trabajo debido a la dificultad que tiene para movilizarse y a los intensos dolores en su cadera. “Soy carga para mis hijos porque yo no puedo traer sustento a la casa”, dice.

Tiene cuatro hijos, uno de ellos menor de edad. Es madre soltera. Ha mantenido a su familia lavando ropa, vendiendo golosinas, criando animales. Dice que sus hijos han trabajado desde que eran niños, terminaron el colegio y sólo una estudia en la universidad, con una beca Repared (beca “Reparación para víctimas del conflicto armado”).

Durante las dos décadas de violencia política, entre 1980 y 2000, desaparecieron 2.622 niños, niñas y adolescentes en Perú, según el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro (Renade) del Ministerio de Justicia. Entre ellos había niños separados forzosamente de sus familias por miembros del Ejército o por Sendero Luminoso, que reaparecieron en su adultez.

De acuerdo con documentos internos del Renade, un número indeterminado de más de 1.300 niños, que figuran en este registro y de quienes no se tiene ninguna pista, podrían estar vivos. Algunos conservarían el mismo nombre que tenían cuando desaparecieron. Otros, en cambio, podrían vivir con una identidad distinta.

Pese a eso, fuentes cercanas a dicha entidad señalaron que el reducido presupuesto otorgado por el Estado y la falta de voluntad política han impedido iniciar una campaña de búsqueda de estos niños desaparecidos, hoy ya adultos.

A la espera de una pensión del Estado

Silvia está inscrita en el Registro Único de Víctimas, donde figuran más de 265.000 personas afectadas durante el conflicto armado interno. Ella ha sido reconocida por el Estado como afectada por violación sexual, pero no por las otras afectaciones que sufrió. En 2013 le otorgaron una reparación de 10.000 soles.

También está inscrita en el Registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Además, se registró para recibir una pensión no contributiva del Estado dirigida a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, que otorga el programa Contigo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Después de muchos trámites, en mayo de 2024 el programa Contigo le otorgó una pensión de 300 soles cada dos meses. Sin embargo, en agosto de ese año, el pago fue suspendido sin explicación alguna.

Según voceros de Contigo, Silvia fue desafiliada del programa porque identificaron que recibió un ingreso económico. La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que los beneficiarios no pueden recibir ningún tipo de ingreso. No obstante, Silvia asegura que no ha recibido ingresos desde 2023, cuando sufrió una caída que le impidió seguir realizando trabajos eventuales.

Contigo señaló a este medio que, actualmente, Silvia cumple nuevamente con los tres requisitos de elegibilidad (discapacidad severa, no percibir ingresos y situación de pobreza) y tiene la categoría de potencial usuaria de este programa. No obstante, aclaró que su reincorporación depende de la disponibilidad de vacantes en su región, lo cual está sujeto al presupuesto asignado o a la ampliación de este.

Una versión más extensa de este artículo fue publicada por Ojo Público.