El gobierno de Dina Boluarte, con respaldo del Congreso, ha logrado llegar hasta 2025 y todo indica que nada impedirá que culmine su mandato en julio del próximo año. Esto, pese a la grave crisis política y social, el aumento del crimen organizado y una aprobación que apenas alcanza el 4%, la más baja desde el retorno de la democracia, en el año 2000.

Por su lado, el Parlamento ha aprobado, con la venia del Ejecutivo o su silencio, leyes que, entre otras cosas, promueven la criminalidad organizada, como la que modifica su definición y obliga la presencia del abogado del investigado en los allanamientos y la que acorta los plazos de prescripción y colaboración eficaz, en un contexto en el que la inseguridad creció en el país. Las denuncias por extorsión despuntaron en 2023 y este año han continuado aumentando, mientras que el porcentaje de victimización llegó al 27,7% en 2024, una cifra que no se veía desde 2016.

En este período, el Congreso también aprobó normas, respaldadas posteriormente por el Ejecutivo, que promueven la impunidad y van en contra de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El último año entró en vigencia la ley que prescribe delitos de lesa humanidad. Mientras, la que establece una amnistía a policías y militares procesados por su participación en la época del conflicto armado interno se encuentra en manos del gobierno. Ambas generaron pronunciamientos de rechazo por parte del tribunal supranacional.

Ojo Público ha detallado que, en lo que va de la gestión de Boluarte, la Corte IDH alertó sobre el incumplimiento de 13 de sus sentencias. De estas, tres fueron consideradas desacatos; una de ellas por la restitución del indulto a Alberto Fujimori, en diciembre de 2023.

El más reciente pronunciamiento se produjo el viernes 25 de julio por el caso de la ley de amnistía. La Corte requirió al Estado peruano que suspenda su aplicación por afectar las disposiciones contenidas en las sentencias del caso Barrios Altos y La Cantuta.

Dentro de este conglomerado de normas que afectan la democracia peruana se encuentra, además, aquella que modifica la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), promovida por la propia Boluarte. La iniciativa busca censurar los contenidos de los medios independientes y prohibir la actuación de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la posibilidad de litigar contra el Estado en instancias nacionales e internacionales. También fue rechazada por la Corte IDH por considerarla una vulneración de su reglamento.

A nivel económico, Ojo Público reveló que, desde que el actual Parlamento inició funciones, se han presentado 144 propuestas legislativas que representan una pérdida de recaudación tributaria de 406.000 millones de soles al año, un 35% del PIB, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas solicitado por la congresista Ruth Luque. De ellas, 25 ya se encuentran promulgadas e implican una afectación a la recaudación de 26.954 millones de soles.

“Tenemos un Ejecutivo coludido con el Congreso, precisamente, para reducir las fuentes de ingreso permanente que tiene el fisco. Con miras a las elecciones tenemos un agravante, a raíz de la reelección o de la intención de postular a alcaldías o gobernaciones. Entonces, veo que hay un incentivo de promover gastos adicionales que emanen del Congreso. En ese sentido, va a continuar el mercantilismo sin ningún freno”, sostuvo el exministro de Economía Luis Miguel Castilla.

La confluencia Ejecutivo-Congreso también ha favorecido a la minería ilegal, con la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la limitación para incautar materiales como explosivos y armas vinculadas a esta actividad.

De hecho, más de la mitad de los legisladores del actual Legislativo apoyaron iniciativas a favor de la desregulación de la minería ilegal e informal, según un estudio de Natural Resource Governance Institute (NRGI). Resaltan las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre.

“Quien ha manejado la agenda e impuesto sus intereses ha sido el Congreso, y el Ejecutivo no ha tenido capacidad de reacción o no ha tenido el interés de poner una agenda distinta. Parece haber habido una confluencia en términos de esta agenda destructiva”, indicó Omar Awapara, secretario general de Transparencia.

Investigaciones y autoritarismo

El año pasado, el gobierno evidenció su intención de debilitar a los organismos reguladores: el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). A fines de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un decreto supremo que le permite nombrar, sin concurso público, a los miembros del consejo directivo de estas entidades. La norma elaborada en sólo 12 días contradice leyes y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A lo anterior se suman cuestionamientos como el aumento del sueldo presidencial, en plena crisis. Boluarte pasó de ganar 4.500 de soles como funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en 2021, a 30.000 soles como ministra. Luego, ya como presidenta, sus ingresos se elevaron de 16.000 soles a 35.568, más del doble.

El mandato de Boluarte también está marcado por versiones contradictorias que han puesto en serias dudas su sinceridad. A propósito del caso Rolex, en un inicio indicó que los relojes que se le encontraron eran de su propiedad y que habían sido adquiridos con sus ahorros. Luego, debió cambiar de versión.

En cuanto a las cirugías, hasta hoy, Boluarte asegura que su intervención no fue estética, pero su historia clínica reconstruida y revelada por Ojo Público contradice esa versión.

Ambos asuntos derivaron en denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso. No obstante, la primera fue archivada y la segunda sigue en proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por Alianza para el Progreso, aliado del Ejecutivo.

A estas se suman otras seis acusaciones presentadas por la Fiscalía, tres de ellas por los muertos y heridos en las protestas, lo que generó informes de organismos nacionales e internacionales alertando sobre graves violaciones a los derechos humanos.

Las otras son por presunto enriquecimiento ilícito, el supuesto uso del vehículo presidencial para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón y el presunto favorecimiento al empresario Víctor Torres Merino, con contratos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Desde que asumió el poder, a finales de 2022, la señora Boluarte ha estado permanentemente en directa subordinación al Congreso. Asistimos a un gobierno que no tiene brújula y que, en todos los terrenos, ha retrocedido. Es decir, no hay posibilidad de paliar los problemas más grandes del país. Me refiero a seguridad ciudadana, salud, educación. Yo creo que estamos en una situación límite”, afirmó el exdefensor del Pueblo Walter Albán.

El sábado 26 de julio, el Congreso eligió al congresista de Somos Perú José Jerí, investigado por violación sexual, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito, como nuevo presidente del Congreso. Lo acompañan Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular). Para Awapara Franco, esta nueva directiva no modificará sustancialmente el rumbo ni las prácticas de la confluencia con el Ejecutivo.

“Es muy difícil que vaya a haber cambios en el último año. Corresponde estar atentos a que no haya más vulneración y destrucción de la institucionalidad”, añadió Awapara Franco.

La alianza entre ambas instituciones también ha quedado en evidencia con la contratación de militantes de las bancadas con mayor peso en el Legislativo, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, en puestos clave dentro del Ejecutivo, entre ellos, ministerios.

Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, Ojo Público reportó, en junio de 2024, que en el Ejecutivo se encontraban trabajando Walter Jibaja Alcalde, exedecán de Alberto Fujimori y jefe se seguridad del Congreso fujimorista de 2016; Carmen Vegas Guerrero, exasesora de Fuerza Popular, y Ana Bertha Patiño Urco, exsecretaria nacional de Agricultura y Medio Ambiente del mismo partido, entre otros. Mientras que Alianza para el Progreso tiene presencia en el gobierno por medio del ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval.

Promesas incumplidas

El 28 de julio de 2024, Dina Boluarte expuso un discurso que duró, aproximadamente, cinco horas. Ante el actual Congreso, su aliado, lanzó promesas sobre reactivación económica, infraestructura, servicios básicos, lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, salud, educación y política exterior, entre otros asuntos.

Ojo Público revisó el listado de compromisos y encontró que algunos o no se respetaron o se cumplieron parcialmente. Por ejemplo, la presidenta planteó un proyecto de ley para ordenar la minería a pequeña escala y concluir con el proceso de formalización minera integral. No obstante, en los últimos meses, con respaldo del Congreso, se ha venido prorrogando el Reinfo.

Boluarte también habló de luchar contra la minería ilegal por medio de la destrucción de dragas, maquinaria pesada, la incautación de explosivos e insumos químicos, así como la intervención de organizaciones criminales. Sin embargo, las evidencias demuestran un retroceso. En marzo de este año, un equipo de Ojo Público identificó 17 puntos de minería ilegal a lo largo del río Santiago, en la región del Amazonas. Se hallaron dragas y un nulo control policial y militar.

También ofreció mejorar la seguridad ciudadana. “Utilizaremos la fuerza policial para cuidarlos desde que amanece, para que puedan conducirse con seguridad a sus centros de trabajo y estudio”, dijo.

Pero las cifras de inseguridad despuntaron. Los transportistas sufrieron una escalada de extorsiones y homicidios que los llevaron a realizar diversos paros. Mientras, las unidades de investigación policial siguen combatiendo en un estado de precariedad e infiltradas por el crimen.

Sobre el megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024, la presidenta aseguró que se iba a garantizar la seguridad y el orden interno en la zona para evitar la presencia de organizaciones criminales. Pese a ello, diversos medios de comunicación ya han reportado la presencia del crimen organizado.

En esa misma línea, Boluarte aseguró el avance del aeropuerto de Chincheros, en Cusco. En mayo de este año, el MTC informó que la construcción se encuentra recién en un 31,2%. Incluso ha habido quejas por demoras de las autoridades regionales cusqueñas.

La presidenta ofreció, aparte, una mayor conectividad de internet en regiones a través de fibra óptica. Un informe de Ojo Público reveló que, hace más de una década, el Estado lanzó un programa para financiar banda ancha a favor de escuelas, postas médicas y comisarías rurales en 21 regiones. A la fecha, sólo diez están en funcionamiento, tras una inversión de más de 756 millones de dólares y con velocidades de internet insuficientes, de 2 Mbps a 40 Mbps.

“La frivolidad es lo que también ha dominado este gobierno, una preocupación más por viajes, [cirugías] estéticas y relojes, antes que por enfrentar los problemas, sobre todo de inseguridad y lucha contra el crimen organizado”, sostuvo Awapara Franco, de Transparencia.

Este artículo fue publicado originalmente en Ojo Público.