Ante un pedido presentado en enero por la Fiscalía, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el martes órdenes de arresto contra el líder del movimiento talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani.

Después de analizar las pruebas presentadas por el fiscal Karim Khan, el tribunal consideró que desde que los talibanes gobiernan de facto Afganistán -a partir del 15 de agosto de 2021 y al menos hasta el 20 de enero de 2025-, los dos dirigentes habrían cometido el crimen de lesa humanidad tipificado como “persecución por motivos de género”, ya sea directamente o “al ordenar, inducir o solicitar” que se cometa. Las victimas fueron mujeres, niñas y otras personas “que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género”.

La sala preliminar de la CPI concluyó que los delitos también fueron cometidos contra quienes se oponen a esta persecución, “incluso de forma pasiva o por omisión”, y esto incluye a quienes los talibanes consideran “aliados de niñas y mujeres” y, por lo tanto, “opositores políticos”.

El tribunal señala que si bien las políticas del gobierno talibán “han impuesto ciertas normas y prohibiciones a la población en su conjunto, han atacado específicamente a niñas y mujeres por razones de género, privándolas de derechos y libertades fundamentales”. Las han privado “mediante decretos y edictos” de los “derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como a la libertad de circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión”.

Tienen prohibida la educación secundaria y terciaria, lo que limita, entre otras cosas, su participación en la vida pública y los empleos que pueden ejercer. Tampoco pueden usar el transporte público sin que las acompañe un hombre que las tenga a su cargo, por ejemplo.

Según el tribunal, además, el régimen que gobierna Afganistán viola “los derechos y las libertades fundamentales de la población civil” y comete “actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada”.

En cuanto a las mujeres y las niñas, la CPI señala que “la persecución por motivos de género abarca no sólo actos directos de violencia, sino también formas de daño sistemático e institucionalizado, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias”.

Las dos personas en las que recaen las órdenes de detención son figuras clave de este régimen. Hebatulá Ajundzada lidera el movimiento talibán desde 2016, cuando Estados Unidos mató a su predecesor, el mulá Akhtar Mansour, en un ataque con drones. Desde que el movimiento volvió al poder es la principal autoridad no sólo política, sino también religiosa y militar de lo que los talibanes llaman el Emirato Islámico de Afganistán.

Según informó Efe, se lo considera también el autor intelectual de las políticas más duras contra niñas y mujeres, que elabora desde su residencia en la provincia de Kandahar, donde tiene su bastión de apoyo popular.

En el caso de Abdul Hakim Haqqani, desde 2021 es la principal autoridad del sistema de justicia afgano y se encarga de implementar las normas del mulá Ajundzada y aplicar la estricta interpretación de la ley islámica que hace el régimen.

Además, fue uno de los fundadores del movimiento talibán y encabezó en su nombre las negociaciones de paz con Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump, antes de que tomaran el poder. Ni Haqqani ni el mulá Ajundzada suelen dejar el país, pero las órdenes de detención hacen más difícil la normalización internacional del régimen, que ya había logrado algún avance en este sentido.

El viernes, el régimen talibán celebró la decisión “valiente e histórica” de Rusia de reconocerlo como el gobierno legítimo de Afganistán y la consideró un “precedente positivo” para que otros gobiernos siguieran el mismo camino. La decisión de la CPI implica todo lo contrario.

El gobierno afgano calificó este martes de “infundadas e ineficaces” las órdenes de ese tribunal internacional. En un comunicado, uno de los voceros del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, manifestó: “No reconocemos ninguna institución bajo el nombre o título de Tribunal Internacional ni tenemos obligación alguna hacia ella”.

Agregó que “etiquetar las leyes de la sharia como contrarias a la humanidad y opresivas es una enemistad y hostilidad manifiesta hacia la pura religión del islam y se considera un insulto a las creencias de todos los musulmanes”.

El lunes, una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había advertido sobre la “opresión grave, creciente, generalizada y sistemática” que sufren las mujeres y las niñas en Afganistán y había instado al régimen talibán a revertir esa situación y a cumplir con el derecho internacional.

Según la ONU, sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra, 12 países se abstuvieron y 116 apoyaron esa resolución.