Paulo Gonet, el fiscal general de Brasil, pidió al Supremo Tribunal Federal que condene al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y otros delitos contra las instituciones que podrían ser penados con entre 12 y 40 años de prisión.

Para la Fiscalía, Bolsonaro fue el “líder de una organización criminal” en una trama golpista. Gonet lo considera el principal articulador, beneficiario y autor de varios delitos contra el estado democrático de derecho, según citó el portal Metrópoles. “En el ejercicio del cargo más alto de la República, instrumentalizó el aparato estatal y operó, de forma dolosa, un esquema persistente de ataque a las instituciones públicas y al proceso de sucesión” en el gobierno, acusó Gonet.

A medida que avanzó esta investigación, se conoció que Bolsonaro es sospechoso de haber propuesto a los altos mandos militares, en 2022, dar un golpe de Estado para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva, que recién había sido electo presidente, asumiera el cargo el 1º de enero de 2023. El plan no contó con todos los respaldos que necesitaba y no se consumó.

Incluso se denunció que planteó la posibilidad de asesinar a Lula y al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y evaluó la prisión o el asesinato de Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral e integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). Una vez que Lula asumió su cargo, una multitud bolsonarista asaltó, el 8 de enero de 2023, las sedes de los tres poderes del Estado y destruyó patrimonio nacional de Brasil, en reclamo de un levantamiento militar contra el nuevo gobierno.

El fiscal Gonet acusó al expresidente y a otras siete personas, que eran sus colaboradores cercanos, de los delitos de “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio del país”.

Gonet señaló que para Bolsonaro esos delitos “tuvieron como objetivo final su permanencia ilegítima al mando del país y el debilitamiento de las instituciones públicas, negando el principio de alternancia democrática, la soberanía popular y el equilibrio de poderes”. Para cometer esos delitos, el expresidente utilizó “agentes, recursos y poderes del Estado”, lo que le permitió “propagar narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias”, además de deslegitimar el sistema electoral.

Así lo transmitió la Fiscalía al STF a última hora del lunes, y afirmó que existe “un amplio conjunto de pruebas” que exponen “la trama conspiratoria contra las instituciones democráticas”. Se prevé que el tribunal se pronuncie sobre el pedido de la Fiscalía en agosto o setiembre, una vez que se cumplan todos los plazos procesales.

La Justicia de Brasil y los aranceles de Trump

Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente que dejó su banca de diputado para instalarse en Estados Unidos y buscar apoyo de Donald Trump y su gobierno, publicó en su cuenta de X: “Si Brasil ya no tiene constitución, entonces hemos venido a beber de la fuente de la constitución del país que es referente de democracia y libertad”. En otro mensaje, llama al “pueblo” de Brasil a dejar allí su agradecimiento a Trump y reclama la aplicación de la Ley Magnitsky, una norma creada para sancionar a extranjeros que cometan violaciones a los derechos humanos.

La extrema derecha de Brasil reclama una amnistía para el expresidente. Su hijo manifestó este martes que “no hay otro camino” para impedir que Trump cumpla su amenaza de aplicar aranceles de 50% a los productos brasileños a partir del 1º de agosto.

Otro hijo de Bolsonaro, el edil Flávio Bolsonaro, dijo que el fiscal que acusó a su padre “debe haber tomado altas dosis de Diazepam, que causan confusión mental y alucinaciones”, y agregó que “no sólo el presidente de Estados Unidos, sino todo Occidente, está alarmado por lo que ha pasado en Brasil”.

Trump reiteró este martes que Bolsonaro enfrenta “una caza de brujas”, que “es un buen hombre” y que fue un presidente “muy respetado”. Por eso, agregó, “nadie está contento con lo que está haciendo Brasil”.

El lunes, Lula firmó el decreto que reglamenta la Ley de la Reciprocidad, aprobada en el Congreso en mayo. Esa norma le brinda herramientas al gobierno para adoptar medidas ante barreras comerciales injustificadas impuestas por países o bloques económicos. A su vez, el decreto contempla acciones diplomáticas en busca de una solución negociada a este tipo de conflicto.

El vicepresidente Alckmin informó este martes que el gobierno brasileño intentó dialogar y llegó a enviar, hace dos meses, una carta a la Casa Blanca para negociar los primeros aranceles anunciados por Trump, de 10%, pero no obtuvo respuesta. Dijo que el siguiente paso es manifestar en otra carta que Brasil espera esa respuesta y sigue decidido a resolver este problema, y agregó que evalúa pedirle a Washington una ampliación del plazo para negociar los aranceles de 50%.

Alckmin dio esa información en una conferencia de prensa después de reunirse con empresarios del sector industrial para discutir esta situación. Las mayores patronales reclamaron diálogo y expresaron su apoyo a la posición del gobierno frente a esta amenaza arancelaria.