A las denuncias de sobreprecios y coimas en compras estatales, y a la publicación de audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el gobierno argentino respondió con acciones judiciales para evitar que se divulgue más información y para actuar contra los periodistas que la difundieron.
Un cuestionado juez civil, Alejandro Maraniello, aceptó el lunes el pedido de aplicar una medida cautelar que prohíbe la difusión por cualquier medio de comunicación de audios de la hermana de Javier Milei, así como grabaciones de otros funcionarios registradas en la Casa Rosada.
Según Maraniello, “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión” de esos audios, aunque no conoce su contenido ni el interés público que pueden tener. Agrega que no se incurre en “censura previa”, algo que prohíbe la Constitución argentina, porque la medida es “una restricción de carácter provisorio y excepcional”.
Además, el gobierno presentó a la Justicia penal una denuncia por violación de la ley de inteligencia en la que también pide medidas de censura. Allí solicita, además, el allanamiento al canal Carnaval Stream, en el que se difundieron audios de Karina Milei, y a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otras personas. Pide también que se incauten dispositivos electrónicos de los dos periodistas.
Rial denunció públicamente que recibió amenazas y que al llegar a su casa el fin de semana encontró estacionado un Ford Falcon verde, el auto conocido por su uso en acciones de terrorismo de Estado en la última dictadura argentina, con un conductor que lo vigilaba.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo sobre el escándalo de los audios que el gobierno enfrenta un complot en el que participan opositores y “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”, y hasta sospecha de una “incidencia de Venezuela”. Agregó: “No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el gobierno”.
Senadores de distintos partidos que integran la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión repudiaron en una conferencia de prensa las acciones del gobierno. La presidenta de la comisión, la senadora peronista jujeña Carolina Moisés, dijo que como integrantes del Congreso tienen el deber de proteger la Costitución, y que “lo que ha hecho el Poder Ejecutivo” en este caso “es anticonstitucional”.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa también manifestó su “más enérgico repudio” al pedido de Bullrich de allanar los domicilios de periodistas, así como a “la medida cautelar otorgada que prohíbe la difusión de los audios que involucran a funcionarios de gobierno, ya que representan un profundo ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información”.
El fiscal Carlos Stornelli aceptó la denuncia del Ejecutivo, aunque dijo que no hará allanamientos ni pedirá a los periodistas denunciados que revelen sus fuentes.
El audio que llegó a Uruguay
Ante la prohibición en Argentina, el canal de streaming uruguayo Dopamina publicó uno de los audios que tenía previsto divulgar Rial, en el que supuestamente se escucha a Karina Milei aludiendo a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, también cuestionado por irregularidades. En el audio, muy breve, se afirma: “Hay que estar abajo de Martín”, porque es “el que tiene la información” y “yo respeto a Martín como cabe[za]”.
Una vez que se hizo público, Martín Menem dijo en su cuenta de X que “ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, donde mantiene reuniones periódicas de coordinación con Karina Milei.
La publicación fue compartida por el presidente argentino. “Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real”, afirmó, sin aclarar a qué tema se refería. “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”, dijo.
Denuncias contra el juez Maraniello
Maraniello, el juez que prohibió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada, tiene varias denuncias en su contra, entre ellas, cinco por acoso y abuso sexual. Otras abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de fondos públicos.
Una trabajadora denunció que fue presionada por el juez para encontrarse con él fuera del horario laboral, a lo que accedió por temor a perder su empleo, y que en ese contexto fue obligada a mantener relaciones sexuales, publicó Infobae.
Estas denuncias se procesan en el juzgado de María Servini y en el Consejo de la Magistratura, el órgano que se encarga de nombrar, promover, sancionar y destituir a los jueces.