Durante un acto oficial organizado en Brasilia para recordar el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó en su totalidad el proyecto de ley aprobado por el Congreso para reducir las penas de quienes promovieron un golpe de Estado en el país.

El 8 de enero de 2023, una multitud de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro destruyeron esos edificios emblemáticos, obras de arte y objetos históricos, al tiempo que reclamaban un levantamiento militar que derrocara al presidente Lula, que había asumido días antes, el 1º de enero.

Esos hechos fueron precedidos por una trama golpista liderada por Bolsonaro para mantenerse en el poder después de perder las elecciones de 2022. Por esos hechos, el exgobernante recibió una pena de 27 años de prisión y ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

“Tal vez la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por parte del Supremo Tribunal Federal”, dijo Lula durante el acto de este jueves, rodeado por varios integrantes de su gobierno. El presidente destacó la “firmeza” de las instituciones democráticas, así como el “juicio justo” que tuvieron quienes intentaron derrocarlo. “Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa. Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad” por un tribunal cuya actuación “será recordada en la historia”, dijo.

Bolsonaro y otros 28 altos cargos militares e integrantes de su gobierno que lo acompañaron en la trama golpista se encontraban entre los más beneficiados por el proyecto de ley vetado este jueves por Lula. Otros dos jerarcas juzgados por estos hechos fueron absueltos por falta de pruebas.

La iniciativa votada por el Congreso establece que los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado están emparentados, y concluye que las penas para quien cometió los dos, como Bolsonaro y sus aliados, no deberían sumarse, sino que se aplicaría sólo la más grave.

Tanto Bolsonaro como integrantes de la cúpula golpista podrían ver reducido su tiempo de reclusión en régimen cerrado a algo más de dos años. Después podrían pasar a otro régimen, que les permita mantener actividades fuera de prisión durante el día, según lo determine la Justicia.

Todavía pueden acceder a esos beneficios si el Congreso levanta el veto presidencial, y todo indica que cuenta con los votos para hacerlo.

Para que el veto sea revocado se necesita el apoyo de 257 de los 513 diputados, y la iniciativa superó esa cantidad de votos en la cámara baja: obtuvo 291. En el Senado se requieren los votos de 41 de los 81 senadores, y el proyecto de ley fue aprobado por 48.

De todos modos, si este proyecto se convierte en ley, podrán impugnarla la Fiscalía, el gobierno e incluso organizaciones de la sociedad civil.

En su momento, cuando Lula anunció que vetaría la ley, dijo que si bien los legisladores tenían la potestad de aprobarla, él tenía la de vetarla, y que así lo haría.

Para quienes participaron, hace tres años, en el asalto a las sedes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en reclamo de un levantamiento militar, el proyecto vetado ayer significaría una reducción de las penas de prisión efectiva –hasta en dos tercios– por haber cometido los delitos como parte de una “multitud”, algo que la iniciativa considera un atenuante. De este modo, podrían acceder a un régimen de prisión semiabierto con sólo una sexta parte de la condena cumplida.

En total, 1.399 personas fueron condenadas por los hechos del 8 de enero de 2023, según datos actualizados este jueves por el Supremo Tribunal Federal.

“Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. En nombre del futuro, no tenemos derecho a olvidar el pasado”, dijo Lula durante la ceremonia de este jueves. “No aceptamos ni la dictadura civil ni la dictadura militar. Lo que queremos es una democracia que emane del pueblo y se ejerza en nombre del pueblo”, agregó.

También el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, resaltó la importancia de no olvidar: “La ceremonia de hoy, que se repite cada año, tiene precisamente este propósito: recordar a todos que es necesario permanecer unidos y vigilantes en defensa de nuestra libertad, que fue duramente conquistada”, dijo, según citó la Agência Brasil. Agregó que los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho son “imprescriptibles e inelegibles para indulto, gracia o amnistía, especialmente cuando involucran a grupos armados civiles y militares”.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, también participó en el acto oficial y señaló: “Si, tras perder las elecciones, intentaron un golpe de Estado, imagínense lo que habrían hecho si hubieran ganado las elecciones”.