Stephanie Demirdjian

En distintas convocatorias, colectivos feministas pidieron a las autoridades que se hagan cargo de “una urgencia que no admite más demoras”; la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, prometió que trabajará para “tener una ruta de cumplimiento” de la Ley 19.580.

Especialistas aseguran que el régimen jurídico vigente no acompaña los procesos de las víctimas de violencia sexual y obstaculiza su acceso a la Justicia; la senadora Silvia Nane presentará un nuevo proyecto de ley de imprescriptibilidad en el próximo período legislativo.

De visita en Montevideo, la filósofa mexicana habló con la diaria sobre los vínculos entre “capitalismo gore”, necropolítica, femicidios y el espectáculo de la muerte como una “anestesia social” frente a la violencia contra determinadas corporalidades.

La concentración, convocada por Proyecto Ikove, reunió a decenas de personas que bajo lluvia recordaron a la joven victima de violación grupal que se suicidó en Maldonado y exigieron servicios de atención que “estén a la altura”.

El porcentaje de representación femenina en las dos cámaras alcanzaría 29%, lo que implica un leve aumento respecto de la elección de 2019, pero es todavía insuficiente frente a las aspiraciones de paridad.

Los resultados de las elecciones del domingo reflejan un magro avance en materia de representación femenina en la cámara alta respecto de la votación de 2019, en que fueron electas ocho senadoras.

Hay consenso en que la Ley 19.580 es una “hoja de ruta completa” que daría respuesta a muchos de los desafíos si se asignara presupuesto para su implementación total; en cuidados, urge invertir en políticas de corresponsabilidad y fortalecer el sistema nacional.

La mayoría incluye acciones en temas como violencia hacia las mujeres, autonomía económica, educación, salud y cuidados; Cabildo Abierto se desmarca con medidas contra los “intentos para imponer una perversa ideología de género”

Nicolás Sosa Georgieff, impulsor de la iniciativa, señaló que los participantes se sumaron porque identifican cierto “malestar con la masculinidad” que surge de una “toma de conciencia”; unos 80 hombres ya pasaron por la experiencia.

Organizaciones sociales convocan a movilizarse para “preservar conquistas” que consideran “en constante riesgo” y exigir la aplicación de leyes que fueron aprobadas, pero que no se cumplen del todo, en el marco de lo que describen como una “pantomima estatal”

Hay al menos otra treintena de agresores que la Policía todavía no logró identificar; la víctima pidió que el proceso sea público para “sensibilizar” y que se conozcan las caras de sus abusadores, porque “la vergüenza debe cambiar de bando”.

El dato surge de una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana y L’Oréal Groupe, que revela cómo esta forma de violencia no sólo impacta en la seguridad y el bienestar de las víctimas, sino que además condiciona sus rutinas y comportamientos en el espacio público

Cuatro décadas después de impulsar la creación del colectivo, fundadoras e integrantes históricas recordaron los orígenes, los aportes y la agenda inédita que construyeron sobre temas que en ese entonces “nadie quería escuchar”.

El organismo asegura que está "llevando adelante el proceso de contratación de nuevos equipos técnicos”, aunque por el momento se desconoce cuándo se restablecerá el funcionamiento habitual de la atención.

El “detonante” para realizar el estudio fue la alusión a un supuesto aumento de este fenómeno en distintos proyectos presentados este año para modificar la Ley 19.580, pese a que en el país no hay datos al respecto.

Más equipos y servicios especializados, capacitaciones en la salud y la educación, promover la búsqueda ante salidas no acordadas y reforzar la articulación interinstitucional son algunas de las medidas que proponen referentes en la materia ante un problema que “no se prioriza”.

En un momento en que el tema está en el ojo de la tormenta, una investigación de Flacso Uruguay revela obstáculos en la detección, atención y reparación a las víctimas, que en definitiva terminan impactando en su protección.

Los servicios que existen están desbordados, brindan una respuesta insuficiente o están enfocados en poblaciones muy específicas; ante los vacíos institucionales, organizaciones de la sociedad civil impulsan algunas propuestas.