Pedro Jisdonian, diputado del Partido Nacional que preside la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara, le ofreció 300.000 pesos a una colaboradora para que retirara la denuncia que presentó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por haber trabajado sin estar registrada en el Banco de Previsión Social (BPS), informó este viernes El Observador.

La mujer que denuncia a Jisdonian, A. Ramos, argumenta que hizo trabajos de diseño gráfico y se desempeñó como coordinadora de equipo del diputado, pero cobró en efectivo montos por debajo del laudo y nunca fue registrada formalmente como trabajadora, según señala en la solicitud de audiencia del ministerio.

La denuncia llega después de que el diputado presentara una denuncia penal contra la mujer por el delito de violencia privada, en la que describió que sufrió situaciones de acoso por parte de ella y afirmó que existían 50 mensajes sin abrir enviados por la denunciada, según informó el diario.

El abogado de Jisdonian, Julio Pereyra, explicó a El Observador que según su versión no se trataba de una empleada del diputado, sino de una “militante” que hacía “trabajo voluntario” y que Jisdonian le ofrecía entre 4.000 y 5.000 pesos no como pago por su trabajo, sino para ayudarla a atravesar problemas económicos. “Voluntariamente lo hacía porque ella misma planteaba que lo quería ayudar. El tema de la plata venía porque ella misma llamaba a Pedro para solicitárselo, para pagar el agua, la luz. Entonces le daban esa plata. Pero por lo que él me comenta no era a cambio del trabajo”, relató el abogado.

Ante la denuncia planteada en el MTSS, el diputado le ofreció a Ramos un acuerdo económico por 300.000 pesos para resolver el conflicto y que la situación quede bajo una cláusula de confidencialidad, cuando la denuncia hecha en el ministerio exige que el diputado le pague más de 670.000 pesos por el despido común, despido abusivo, diferencias salariales, aguinaldo, licencia y multas.

El texto del acuerdo implicaba mantener en reserva toda la información –sin importar el soporte– a la que tiene acceso la mujer por haber trabajado con el diputado. Para el abogado se exigió confidencialidad porque “ella manejó información sensible de gente que está afiliada al partido, proyectos de ley que se trabajaban, distribución y logística como se hacía en las ferias. Venía por ese lado, para salvaguardar ese tipo de información que ella pudiera haber escuchado”.

Cuando se le consultó por qué propuso el acuerdo si entienden que el trabajo era voluntario, el abogado del diputado respondió: “Fue a raíz de diferentes posiciones jurisprudenciales que hay con respecto al trabajo de voluntariado; entendíamos que era algo razonable, sin perjuicio de que nosotros tenemos la convicción de que no había relación laboral y que es trabajo voluntario”.