Parte de las actas de toda la actuación del tribunal de honor militar sobre el teniente coronel retirado Armando Méndez, que fueron declaradas reservadas por 15 años por el Ministerio de Defensa Nacional, fueron dadas a conocer este viernes por el semanario Brecha. Tal como había informado la diaria, esos documentos tratan sobre el Operativo Conserva, uno de los delitos económicos de la dictadura, que se dio entre 1981 y 1982, que involucró al exdictador Gregorio Álvarez y a empresarios de la industria frigorífica.
Según informó el semanario, Méndez, quien fuera designado presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en dictadura, dijo a ese tribunal que los cabecillas del operativo por el cual el Estado perdió 15 millones de dólares fueron Carlos Mattos Maglia, ministro de Agricultura y Pesca de la época -quien es tío del actual secretario de Estado, Fernando Mattos-, y el conocido empresario José María Alori.
Méndez dijo en el tribunal de honor, en 1982, que se procuraba concretar un negocio un tanto dudoso con stock de ganado que no se faenaba y que peligraba morir. La idea, que surgió de Mattos Moglia y Alori, era exportar carne bovina y ovina, pero había una dificultad adicional: colocar el ganado para “manufactura y conserva”. El propósito era faenar 14.600 toneladas para producir corned beef. Según se expone en la investigación de Brecha, el problema se dio cuando Mattos Moglia quiso adjudicar la faena de las casi 15.000 toneladas de ganado conserva en forma directa a frigoríficos elegidos a dedo.
El hoy coronel retirado, sin embargo, solicitaba una licitación abierta dado su puesto como presidente del INAC. Por ende, el represor Méndez se opuso al criterio de Mattos Moglia de dar a los privados la ejecución del Operativo Conserva. Según consignó el semanario, consideraba que debía ser un “negocio de gobierno a gobierno”, mientras que el exministro, en cambio, optó por que no fuera sea así. Decidió, en ese entonces, que Inversur Trading, empresa de la que era responsable Alori, ejecutara el negocio y así beneficiarse.
El propio Alori fue quien elaboró el contrato entre el gobierno e Inversur, en el que especificó los mecanismos por los que el Estado -de facto- financiaría al empresario la compra de la carne a frigoríficos que no eran individualizados. A la vez, extendía una carta de crédito para que Inversur impulsara la producción de corned beef en cinco frigoríficos argentinos. Según detalló Méndez en el tribunal, el negocio significó un beneficio seguro para Alori –y para los frigoríficos que faenaron las 14.600 toneladas–, y aseguró que terminó en un perjuicio de 15 millones de dólares para el Estado.