A pedido del Poder Ejecutivo, la cámara alta aprobó el martes la extensión de medidas de “alivio fiscal” para micro y pequeñas empresas de las zonas fronterizas, en especial del litoral, ante la diferencia cambiaria que existe hace ya largo tiempo con Argentina. El proyecto, que ahora pasa a Diputados, mantiene las mismas exoneraciones que había antes, sólo que ahora se aumenta el monto, ya que la facturación anual de las empresas pasa de cuatro millones de unidades indexadas a diez millones.

Entre los beneficios se establece la exoneración de 100% de los aportes patronales jubilatorios, de la prestación tributaria unificada monotributo y monotributo social Mides, del IVA mínimo mensual para pequeñas empresas, además de la exoneración de los anticipos mínimos del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) y exención de los pagos mensuales del impuesto al patrimonio.

Según la justificación del gobierno, las zonas fronterizas son “muy particulares” pues en ellas “coexisten sociedades con origen en dos países con características diferentes”, por ejemplo, idiomas distintos y regímenes comerciales diferentes. Se señala que dentro de las principales “inestabilidades” se encuentran las variaciones cambiarias, “el alto nivel de informalismo, falta de competitividad y sustentabilidad, así como la diferencia de precios de los productos ofertados”. 

Esta última, apuntó el gobierno, se basa fundamentalmente en los costos de las mercaderías de un lado y otro de la frontera, así como en el precio de las tarifas públicas, los costos salariales y el régimen tributario aplicable en los distintos países fronterizos. Sin embargo, las cámaras de comercio del litoral consideran que “es más de lo mismo”.

Joaquín Innella, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, dijo a la diaria que es una medida “tibia” que sin dudas “ayuda”, pero que hay que ver a cuántas empresas y “de qué manera”. En ese sentido, señaló que las medidas que se necesitan para el departamento tienen que ser de “corto plazo”. “A largo plazo hay muchas promesas, veremos qué de todo eso es lo que se hace. Se están cerrando empresas, se queda gente sin empleo. Esto es más en la diaria que en proyectos a seis meses”, expresó.

En síntesis, consideró que es una medida que en “algún puntito va a ayudar”, pero que tampoco va a “solucionar nada”. De las medidas que propusieron al gobierno “no hay respuestas concretas”, lo que los hace pensar en no participar en otra eventual instancia: “Es todo una pérdida de tiempo, más que nada para los privados. Es todo promesas”. 

Por su parte, el presidente del Centro Comercial de Río Negro, Gustavo Filippini, señaló que si bien ven positivamente la medida, pedían “algo distinto”. Por ejemplo, un aumento más en el Imesi para que el combustible bajara un poco más de precio. 

“Son las cosas que hacen que la gente cruce al otro lado para cargar combustible. Nada va a suplir la diferencia de precios que hay, eso lo tenemos claro. Por más que el gobierno dé todas las medidas que pueda, la gente va a ir igual porque la diferencia es muy grande, pero pedíamos algo más paliatorio que nos ayude a que los uruguayos se queden de este lado consumiendo porque creemos que cada vez que uno compra del otro lado hay gente que de este lado se puede quedar sin trabajo. Puede ser un amigo, un vecino, un pariente. Eso es lo que tenemos que poner arriba de la balanza cuando vamos a comprar al otro lado”, apuntó, en diálogo con la diaria. Agregó que “las cosas acá no se mantienen porque sí” y que las empresas van a tener que empezar a tomar resoluciones: “Van a tener que achicar sus costos porque las ventas no se dan”.

El economista Gastón Núñez opinó, en diálogo con la diaria, que el efecto que puede tener esta rebaja sobre los precios no lo puede cifrar “en más de 3% o 4%”, siempre dependiendo de la estructura de costo de la empresa. Señaló que “tampoco hay seguridad del traslado a precio, entonces, fuera de eso, ni siquiera da para abolir la diferencia entre fronteras que, en realidad, es diez veces mayor”. “Es un saludo a la bandera, no tiene ningún tipo de efecto” lo aprobado por el Senado, agregó. 

Firmes

Hace un mes la Aduana se comprometió a fiscalizar en mayor medida el contrabando “hormiga” desde Argentina a Uruguay, en especial, en Salto, donde se da el “problema mayor”, según había comentado el director de la dependencia, Jaime Borgani. Para Innella, esa medida, que significó que ingresara más personal a los distintos postes fronterizos, “es como un tornillo en una tuerca”: “Viene, lo ajusta, funciona tres días y después se afloja de vuelta. Es la realidad. Depende del humor y de quién esté controlando, pero no es estable. No tiene mucha seriedad”.

En cambio, Filippini opinó que ahora “son más exigentes” respecto a lo que trae la gente desde la vecina orilla. Eso se tradujo en encontrar “contrabando grande”, lo que vale que controlen “mucho más” a todos los que van en autos particulares. Aun así, consideró que es “muy difícil” que sólo con los controles “cambie la aguja”, porque “es un tema más de conciencia”.