Habitar los asentamientos: las realidades de más de 200.000 personas que viven en los asentamientos

Son alrededor de 200.000 las personas que en Uruguay viven en aproximadamente 650 asentamientos distribuidos en la capital y en el interior del país. Un importante porcentaje son mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En diálogo con la diaria, Carina Zeballos, integrante del grupo de mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, detalló la militancia de los vecinos que habitan los territorios, las principales carencias a las que se enfrentan todos los días y la imposibilidad que genera no poder acceder a la educación, a una atención de salud adecuada y no contar con los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades y derechos básicos. Remarcó que es igual de importante acceder a una vivienda digna, tener alimento, trabajo y contar con la posibilidad de consumir, por ejemplo, cultura.

Si bien quienes integran la coordinadora, desde un rol comunitario, invisibilizado y con carencias, han logrado mejorar la condición de muchas familias y de algunos territorios (dentro de sus posibilidades, y aún encontrándose en la misma situación que intentan erradicar), lo que queda por hacer aún es muy amplio y la mayoría de los focos que necesitan ser atendidos son urgentes.

¿Cuál es la historia de la coordinadora?

Tenemos antecedentes en los años 90. Sucedía que funcionaba un tiempo y se caía, por lo difícil que es sostenerla, debido a que en aquel momento faltaban y aún faltan recursos económicos. Más o menos en 2018 un grupo de vecinas y vecinos refundamos el colectivo y en 2019 hicimos la primera concentración. En 2020 armamos el grupo de mujeres de la coordinadora, que fue súper estratégico, porque pasamos de ser tres mujeres a ser 60 que venimos de 50 asentamientos diferentes. Nos reunimos una vez por semana de forma virtual, porque somos de varios departamentos del país y trabajamos por un montón de cosas.

¿En qué cambió el hecho de contar con un grupo de mujeres tan numeroso?

Desde que las mujeres nos juntamos hemos hecho de todo. Por ejemplo, muchos talleres. El primero fue sobre frustración, porque estábamos todas frustradas, luego de temas a los que nos vemos expuestas: desigualdad, círculos de violencia, sexualidad. Tenemos una mirada muy amplia de muchos temas, porque además de la coordinadora, a la vez, cada una integra otros colectivos. La consigna de la coordinadora es “por la tierra y contra la pobreza”, pero lo que nos decimos entre las mujeres es que no tenemos que sentir culpa por lo que podríamos haber hecho y no hicimos: nos remarcamos que hacemos lo que podemos como podemos y de la mejor manera.

¿Cuáles son los pilares de la coordinadora?

Lo que siempre decimos es que el problema de los asentamientos no abarca sólo la vivienda, también incluye no poder acceder a la educación, al trabajo, a la cultura, la justicia, y la salud. Hay ejemplos de eso. Yo retomé mi educación hace 19 años, y hoy aún no pude terminar por falta de recursos y por tener que asumir otras responsabilidades. La primera propuesta que hacemos son mesas interinstitucionales que planteen políticas sociales en todos los territorios con la participación de todos los vecinos de cada lugar. La educación es fundamental; se deberían de otorgar becas de estudio para que las mujeres logren su independencia económica, porque son temas que también se relacionan con la violencia basada en género. También es un incentivo personal, porque no es que las mujeres de los asentamientos no quieran salir adelante y progresar, o que prefieran vivir allí y quieran estar en situación de pobreza; lo que sucede es que no tenemos las condiciones.

¿Ven avances en alguna de las situaciones?

Hace pocos días conocimos un caso en Paysandú, una mujer de un pueblito del departamento que trabajó 30 años en la naranja, crio 12 hijos y estuvo toda su vida viviendo en un rancho de chapa con el baño afuera, un horror. Ahora nosotras servimos de empuje para que eso sea denunciado y le resolvieron una vivienda, hay canastas de materiales para los vecinos y van a ir desde las instituciones a dar una mano. Saludamos esas acciones, pero no entendemos por qué no se hizo algo antes. Lo mismo pasó en el asentamiento de Felipe Cardoso, la gente estuvo 60 años arriba de la basura, entre las ratas, y recién ahora la Intendencia está trabajando allí.

¿Quiénes habitan los asentamientos?

No cualquiera. Sabemos que son aproximadamente 200.000 las personas que están en 650 asentamientos, según los últimos censos. No sé qué porcentaje representa a hombres y a mujeres, pero seguramente hay más mujeres que hombres. Hay mujeres afrodescendientes y sabemos que ellas son dos veces y media más pobres que el resto de las personas que habitan estos lugares. Para las mujeres, que son mayoría, con la pandemia la situación empeoró. Los hombres de alguna manera u otra consiguieron trabajo, pero las mujeres ni siquiera figuramos en las estadísticas de desempleo porque no salimos. Yo no conseguí trabajo porque al cuidar a mi hija no tenía disponibilidad horaria para trabajar, por lo cual, muchas mujeres que ya éramos invisibilizadas quedamos peor aún.

¿En qué condiciones están?

Las condiciones son muy diversas por eso insistimos en que las mesas para tratar el problema deben ser multidisciplinarias. Se les debe dar importancia a muchos temas, entre ellos, el tema de la violencia, porque las acciones incluso del Estado en los asentamientos son violentas. La diversidad es amplia por varias razones. Yo compré un terreno hace 19 años y cuando tenía trabajo estable iba todos los meses a la barraca a poner dinero para poder construir mi casa. En un momento no pude seguir y lo dejé de hacer. Con esto quiero decir que a veces se instala un discurso de que la gente no se quiere ir de los asentamientos, y ese criterio no es universalizado. Tal vez las personas como yo, que hace muchos años estamos en un lugar e invertimos en eso, no nos iríamos y preferimos canastas de materiales u otros tipos de ayuda, pero muchos sí se trasladarían si tuvieran la ayuda. Sentimos que ese discurso se utiliza para no tomar acción. Porque quienes viven hacinados en los ranchos entre cuatro o cinco personas, quienes sufren incendios y pasan horrores en invierno, sí aceptarían una vivienda en otro lugar.

¿Creen que se podría solucionar al menos lo más precario si no hubiera tantas excusas?

Claro, por ejemplo, la cantidad de casas abandonadas que hay en el Centro de Montevideo es similar a la cantidad que se necesitan para realojar familias. Si se tomara alguna postura desde el punto de vista de la humanidad y no con pensamiento de mercado, se solucionarían los problemas más urgentes. Hay asentamientos que han avanzado y son lugares preciosos, pero hay otros en los que las personas siguen viviendo entre la mugre.

Pero hay otros temas, También hay que saltar una burocracia que es impresionante. Tal vez los trámites están pensados para quienes piden que en su barrio se plante un árbol, esas cosas sí pueden esperar y no afectan los derechos humanos de las personas, pero los planteos de los asentamientos son vinculados a la vida de la gente; hay que buscar la forma de que esas cosas se resuelvan más rápido.

Además de la condición precaria en cuanto al acceso, las oportunidades y los recursos, ¿se exponen a otras situaciones, por ejemplo, de discriminación?

Sí. Hace unos meses, al lugar en el que vivo fue una diputada, de la cual no daré el nombre porque va más allá de eso, a recorrer mi barrio, y aproveché a remarcar la importancia de la cultura en los asentamientos. Me contestó: “Tambores no porque se ponen a tomar vino en la esquina”, y me pareció un comentario racista y de aporofobia, ni que hablar que venía de una diputada. Hay compañeras que no consiguen trabajo por el lugar en el que viven. En mi caso, doy clases de apoyo escolar porque soy estudiante de magisterio, y una madre, después de saber dónde vivo, no quiso que le diera apoyo a su hijo. Hay discriminación, prejuicios y mucho racismo.

Mencionaste una situación en el interior. ¿Hay diferencias entre los asentamientos del interior y los de Montevideo?

En el interior es peor, porque al estar alejados de Montevideo todo llega mucho más tarde, se pasan la vida entera viviendo entre la inundación y en otras pésimas condiciones. En la capital se generan otros grupos y la red social es amplia; en el interior a veces sucede, pero no en todos los territorios.

¿Cómo ven desde la coordinadora el rol del Estado en el tema asentamientos?

Por ejemplo, en el Plan Avanzar, hasta hoy no sabemos exactamente qué es lo que implica. Anunciaron intervenir 15.000 hogares, alrededor de 120 asentamientos, pero, por ejemplo, en Maracaná Sur son como 500 familias que pelean por el realojo desde hace 30 años o más. Con base en los presupuestos que han anunciado ya sabemos que no da para todos estos realojos; capaz que sí para quienes están encima de la cañada, pero no para todos. No pueden decir que harán un plan en 120 asentamientos y no detallar cómo y qué se va a intervenir. Hay que trabajar con las vecinas, no pueden desconocer el trabajo de las militantes sociales, que está totalmente invisibilizado.

¿Cuáles han sido los principales impactos después de la asunción del nuevo gobierno?

Los recortes se sienten, se está generando un retroceso difícil de reparar. Se recortaron programas sociales en el territorio, por ejemplo, el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial. Defendíamos pila la articulación, por ejemplo, para que los esfuerzos no queden como cosas aisladas, y en 15 años se habían generado muchos vínculos; haber perdido todo eso y cerrar cosas que desde el principio pedimos que se fortaleciera con recursos y más participación es no habernos escuchado. Por otra parte, no podemos negar que hay asentamientos que tienen 60 años, no es ni de este ni del anterior período, hubo un sector que quedó excluido y sigue así hasta ahora. Pero no decimos que es todo lo mismo: los recortes de los últimos años fueron terribles. Lo que hicieron con las ollas populares, que durante los últimos dos años alimentaron a la gente y sostuvieron la vida, también fue terrible.

¿Cuál fue el rol de las ollas en los asentamientos?

Yo estuve el primer mes de la pandemia en una olla y es desgastante, no tenés tiempo para hacer otra cosa y, en vez de reconocer eso y hacerse cargo, porque es algo que le corresponde hacer al Estado, las responsabilizan de un montón de cosas. Lo cierto es que la gente sigue sin tener para comer.

Si tuvieras que explicar, desde tu perspectiva, la urgencia de atender a los asentamientos y a quienes los habitan, a quienes tal vez no estén tan cercanos a esa realidad o no la prioricen, ¿qué dirías?

Que es importante porque se trata de la vida de las personas, fundamentalmente de las infancias y de las mujeres. Las mujeres necesitan lograr su independencia económica, poder educarse y salir adelante para resolver otras problemáticas, por ejemplo, la violencia a las que están expuestas. Hay que dejar de lado la mentalidad del mercado. Lo que nosotras impulsamos es que nos podamos desarrollar como personas, y antes de eso hay que lograr que las mujeres que tienen 70 años y aún no pudieron terminar primaria puedan hacerlo. Cuando tengamos las mismas condiciones que el resto de la sociedad podremos salir al mercado de trabajo, pero preparados, como los demás.

Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.