Ronda en el Parlamento, desde el 10 de junio, un proyecto de ley para garantizar el acceso a marihuana legal a los extranjeros no residentes, presentado por el diputado frenteamplista Eduardo Antonini. Lleva el título, en la carátula, de “turismo cannábico”, cuestión con la que las autoridades del Ministerio de Turismo no estuvieron de acuerdo durante su comparecencia en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes el miércoles, según consta en el acta.

El ministro Tabaré Viera señaló, luego de la reunión en declaraciones consignadas por Telemundo, que el cannabis “no debería ser un producto turístico”, puesto que “tendría más inconvenientes que ayudas”, más allá que desde la cartera entienden “que es conveniente habilitar a que los visitantes, los turistas, tengan los mismos derechos que un uruguayo”.

“Si hay una normativa que habilita a los uruguayos a adquirir una sustancia como el cannabis, también tendría que estar habilitado para quienes nos visitan”, agregó Viera, y señaló que “no tiene sentido” que los turistas acaben “buscando bocas de venta”.

El proyecto de ley prevé la instrumentación de permisos temporales otorgados por el Ministerio de Turismo, para que los extranjeros puedan acceder al cannabis en emprendimientos turísticos designados, en acuerdo con los clubes de membresía, a los que además aumenta el número de socios de 45 a un máximo de 200 y de 99 a 300 la cantidad de plantas que pueden tener.

La idea no es “hacer de esto un producto turístico que exponga al Uruguay ante sus vecinos”, aclaró el jerarca, por entender que se podrían llegar a tener “algunos problemas” si se convoca “a que vengan a Uruguay a hacer un consumo de drogas que no están habilitadas en otros países”.

“No es para esta temporada”

Consultado por la diaria, el exsubsecretario de Turismo Benjamín Liberoff consideró que si bien “una cosa es generar condiciones para que el que venga eventualmente tenga posibilidades de adquirir legalmente cannabis” otra distinta es “que hagas publicidad de venir a Uruguay a consumir marihuana”, lo que está, para el exjerarca, “en las antípodas” de lo que se intentó impulsar tanto “en la administración pasada” como cuando se legalizó la marihuana.

“Uruguay cuando legalizó la marihuana fue porque es un problema social al cual se le buscó una solución distinta a la persecución que se le hace en el mundo”, explicó, y consideró que para “el problema que tenemos hoy” en el sector turístico, “el cannabis no varía el amperímetro”.

“No es que no hay ninguna posibilidad, sino que simplemente creo que eso no modifica la situación; es más, si tenemos que hacer esfuerzos tienen que ser para mejorar las condiciones de conectividad [de aviones con el resto del mundo] que tiene Uruguay”, opinó Liberoff, que entendió que es necesario sentarse “en el Parlamento a discutir cómo abordarlo”, pero que “no es para esta temporada”.

Por su parte, para el exsecretario nacional de Drogas Diego Olivera, esquivar el rótulo de país con turismo cannábico “es querer remar contra la corriente innecesariamente” y “eso no lo va a determinar el gobierno”, puesto que “nuestro país ya es mundialmente conocido por esto”.

“Creo que el desafío es encontrar el enfoque adecuado, presentarnos al mundo como un país respetuoso de las libertades individuales, un país que supo reformar una política de drogas fallida y que habilita un mercado de marihuana con regulaciones que apuntan a proteger la seguridad y la salud de los usuarios”, sentenció.

“Acceso universal” antes que “turismo cannábico”

Las tres vías por las que se puede acceder al cannabis legal en Uruguay son conocidas: club de membresía, farmacias habilitadas y autocultivo. Ahora bien, ¿cómo ven estos actores “no oficiales”, por así decirlo, el fomento del turismo cannábico?

Según María José Miles, presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay, la organización está “para acompañar las iniciativas que vayan en esta línea”, pero debe sumarse “la perspectiva del acceso universal al cannabis” y no quedarse “con la visión de turismo cannábico”.

Según Miles, cuando se habla de “no residentes” también “existen migrantes que todavía están tramitando la residencia, turistas extranjeros que vienen buscando cannabis, y gente que viene a hacer intercambios”; todos ellos “son no residentes que están adquiriendo cannabis por vía ilegal”.

“Entonces, para los no residentes creemos que lo mejor sería incorporarlos dentro de cualquiera de las tres vías que hay actualmente funcionando, que los turistas puedan anotarse con su pasaporte una vez que estén en Uruguay y tener el mismo tratamiento que tiene un residente”, explicó.

Julio Rey, integrante de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA), compartió lo expresado por Miles, y entendió que, además de consignarse más un “acceso universal” que el “turismo cannábico”, debería incluirse “la microproducción” en el articulado, “para así contribuir a resolver la falta de acceso en la mayoría de las localidades del país y no apenas en los focos turísticos”.

Según Rey, esta “implementación parcial de la Ley 19.172 [de regulación del cannabis]”, con “farmacias y clubes en unos pocos departamentos”, sumado a “una economía deprimida” son “el caldo de cultivo justo para provocar un mercado gris de flores que termina con el procesamiento de ciudadanos y ciudadanas que apenas mueven unos pocos gramos para parar la olla”.

Más allá del acceso per se, para Rey “el Estado debería intervenir” para contribuir al “desarrollo como cultura y economía popular” de la marihuana, no así “para reprimir”, y llamó a “reflexionar que no hay regulación justa habiendo aún presos y presas por marihuana”.