La minuta que el Senado envió al Poder Ejecutivo para solicitarle un proyecto de ley que “consagre la indemnización moral, social y económica” de las víctimas de “hechos y actos acaecidos” entre 1962 y 1976 “cometidos por integrantes de grupos armados de carácter ideológico” abre un debate en torno a las reparaciones que a lo largo de los últimos años se han aprobado.

El Estado, principalmente a iniciativa de la dictadura, resolvió aplicar distintas compensaciones económicas a familiares de víctimas del ámbito militar, policial y civil, y también ha participado oficialmente en reconocimientos a los caídos en la lucha contra la sedición, como en algún momento se los denominó.

En el libro Las conmemoraciones: las disputas en las fechas in-felices, coordinado por Elizabeth Jelin en el año 2002, el historiador Aldo Marchesi colabora con un capítulo en el que repasa las celebraciones del 14 de abril, jornada en la que se conmemora el día de los caídos en manos de la guerrilla, basados en esa fecha de 1972. “Esa mañana son asesinadas cuatro personas en diferentes atentados”, recuerda Marchesi: el subcomisario Oscar Delega, el agente Carlos Leites, el capitán Ernesto Motto y el exinterventor de Secundaria y exsubsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, acusados de pertenecer al escuadrón de la muerte.

Todos ellos murieron a manos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) que, como represalia, esa misma tarde perdió a ocho de los suyos, asesinados por las Fuerzas Conjuntas. Tres días más tarde fueron asesinados ocho militantes del Partido Comunista.

Pero al día siguiente del asesinato del militar, los dos policías y el civil en manos del MLN-T, el entonces presidente de la República, Juan María Bordaberry, convocó a la población, mediante cadena de radio y televisión, al sepelio. La fecha conmemorativa quedó, y en aquellos primeros años, la convocatoria llevaba como lema “Homenaje a las víctimas de la insania”. En agosto de 1975, a través de un decreto, se instituyó el 14 de abril como conmemoración oficial, con el nombre de “Día de los caídos en la lucha contra la sedición”. Esta iniciativa fue promovida por la Jefatura de Policía de Montevideo, la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa Nacional y del Interior.

Marchesi detalla que más adelante “la convocatoria conmemorativa trascendió el perfil corporativo” y “los actos contaban con la presencia obligatoria de escolares primarios y secundarios, y en algún caso de estudiantes universitarios”.

Luego la vuelta de la democracia “implicó transformaciones importantes en varios aspectos de la conmemoración”. Se le dio un nuevo nombre: “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas”. Allí se apuntó a “resignificar la fecha, quitándole la fuerte identificación con la dictadura”. Pero el historiador recuerda que “la pertinencia de asistir o no al acto oficial siempre fue un motivo de veladas discusiones por parte de los diferentes actores políticos” y en 1987 “se produjo un cambio importante: el acto oficial dejó de tener oratoria”. Se siguió realizando, sin discurso, hasta el primer gobierno del Frente Amplio, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez puso fin al carácter oficial de la conmemoración.

Reparaciones económicas

Más allá de ese recordatorio oficial que estuvo vigente durante décadas, el Estado también ha aprobado reparaciones económicas para familiares de las víctimas de la guerrilla. En 1973, por ejemplo, la Ley 14.136 otorgó “una pensión graciable, complementaria de la que les corresponde percibir conforme al régimen legal vigente”, a familiares de Acosta y Lara.

En el caso de los familiares de militares, un decreto ley de 1974 buscaba dar “reparación a los causahabientes de los militares caídos en la lucha antisubversiva”, y fijó la indemnización del Estado en 2.480 unidades reajustables si la víctima era del personal de categoría superior y 2.170 si era de categoría subalterna. El texto señala que los montos “se aplicarán a la adquisición de vivienda tipo medio y económico respectivamente” y, “si hubiera excedente, los causahabientes tendrán la libre disposición de este”. Montos similares están determinados para familiares de policías “fallecidos en los actos de servicio”.

Además, según consta en un acta del Consejo de Estado del 3 de setiembre de 1974, en la sesión de ese día se dio una extensa discusión para extender la prestación que recibían los familiares de militares caídos en manos de la guerrilla a policías y civiles, proyecto que se decidió elevar a comisiones para su estudio.

El senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, promotor de la minuta de comunicación que se aprobó este martes, manifestó a la diaria desconocer “si ha habido algún tipo de reparación para víctimas militares”. Sin embargo, dijo que “aparte de la reparación económica se pretende una reparación social e histórica, que se tenga presente qué fue exactamente lo que sucedió”, y consideró que “existiendo una ley que reconozca que hubo víctimas ya es una forma de ubicarlos en la historia”. “A estas personas se las ha invisibilizado durante 50 años. Es bueno que se sepa que hubo otras víctimas de la violencia en el Uruguay”, apuntó.

En cambio, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo a la diaria que “es falso que los familiares de los policías, de los militares y de los civiles muertos hayan quedado desamparados”, debido a las distintas medidas que se han aprobado. “Una normativa legal tenían”, dijo con respecto a las reparaciones económicas. Así las cosas, dijo que CA “reproduce su versión de la historia pero no sabe de historia del pasado reciente, lo que quiere es descentrar el debate de las cosas que están pasando ahora”. “Reconozco que hay gente que tiene derecho al dolor y puede tener derecho a una reparación, pero eso no lo puede hacer un partido como CA, que es parte del debate”, sentenció.