La coalición de gobierno desistió de su intención de reformular este año la ley de 2008 que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). A pesar de mantener un balance crítico del accionar del organismo, el oficialismo evaluó que no “dan los tiempos” para aprobar un proyecto de ley antes de la elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo, que asumirá en setiembre, confirmaron diversas fuentes políticas.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi contó a la diaria que tenía “casi pronto” un proyecto de ley para “fijar mejor las competencias” de la INDDHH, que “son muy difusas”, y “darle mucho más fuerza a la defensoría del pueblo, que prácticamente no existe”, pero señaló que como “hay que cambiar a las autoridades —hay que cambiarlas ya—, no dan los tiempos parlamentarios para aprobar o rechazar el proyecto de ley”.

La negociación que se abre ahora es sobre la elección de los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la INDDHH. La ley 18.446, que creó la institución, establece que la Asamblea General creará una comisión especial, con integrantes de todos los partidos políticos, que recibirá la postulación de los candidatos, los entrevistará y elaborará una nómina que se someterá a votación del cuerpo, integrado por diputados y senadores.

Previo a esta etapa, dirigentes del oficialismo transmitieron a senadores del Frente Amplio (FA) que suspenderán la modificación del marco legal de la INDDHH y que su intención es renovar a todos los integrantes del actual directorio, ya que la norma prevé que algunos miembros del Consejo Directivo “sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH”. Varias organizaciones sociales, entre ellas, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Fundación Mario Benedetti, han planteado la necesidad de que los directores Wilder Tayler y Mariana Mota continúen en el cargo por otros cinco años, a los efectos de dar continuidad en el trabajo por la búsqueda de detenidos desaparecidos.

El oficialismo, en principio, maneja designar cuatro miembros del Consejo Directivo y que la oposición defina el quinto integrante. Bianchi manifestó que esto “ya pasa” en la práctica, en referencia al reparto que se dio en la designación de los últimos dos Consejos Directivos, en 2012 y 2017.

Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por dos tercios del total de componentes de la Asamblea General, pero si no se alcanza esa mayoría especial para cubrir todos los cargos en dos votaciones sucesivas, el proceso comienza de nuevo y basta con la mayoría absoluta del total de componentes. Esto fue lo que sucedió en la elección del primer Consejo Directivo, en 2012, cuando los cuatro directores propuestos habían sido votados por mayoría especial, salvo la exfiscal Mirtha Guianze, por lo que fueron necesarias tres sesiones.

En la última votación del Consejo Directivo, en 2017, hubo un acuerdo político, y fueron votados en una primera instancia Tayler, María Josefina Plá, Mariana Blengio, Juan Faroppa y Mota. En esa oportunidad, el FA había resuelto impulsar la reelección de Faroppa y Juan Raúl Ferreira -que habían sido promovidos por organizaciones sociales-, pero este último no contó con el apoyo del Partido Nacional (PN), por lo que se terminó votando solamente la designación del primero y a Plá en lugar de Ferreira.

La senadora blanca manifestó que si bien algunos de sus correligionarios aspiran a llegar a este reparto de cuatro y uno, esto todavía no está cerrado, y sostuvo que ella no participa en la negociación porque no está de acuerdo con los criterios para elegir a los directores. “Para mí tenemos que hacer el esfuerzo y buscar personas con formación académica, que nos aseguren imparcialidad y, sobre todo, nivel”, señaló.

A su entender, es necesario evitar “sustituir lo que tenemos hoy, que lamentablemente es político partidario, ya de barricada prácticamente, por otro que no sea político partidario”. “Ahora son todos frenteamplistas, por más de que los quieran hacer aparecer como independientes, no hay ningún independiente, y después está Mariana Blengio, que no está elegida institucionalmente como del PN, pero sabemos que es del PN y es catedrática de derechos humanos”, opinó.

El senador de la oposición Enrique Rubio dijo que desde el FA no ven con buenos ojos el planteo de “cuatro a uno”, porque en realidad cuando se eligieron a los integrantes del actual Consejo Directivo, se tuvieron en cuenta “condiciones técnicas, su trayectoria, un conjunto de elementos”. “No son representantes de partidos políticos”, sentenció, en contraposición a Bianchi.

Los planteos del oficialismo

Previo al referéndum por los 135 artículos de la ley de urgente consideración, la vicepresidenta Beatriz Argimón adelantó la intención del oficialismo de reformar la ley que creó la INDDHH, por entender que el organismo había intentado “intervenir” en la campaña, al solicitar una “urgente investigación” del Ejecutivo sobre los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos el año pasado.

Desde Cabildo Abierto vieron con buenos ojos la propuesta, ya que varios dirigentes habían planteado públicamente que la institución no debería existir. “Es una institución que fue creada por una ley que tiene numerosas previsiones que entiendo que son inconstitucionales, y que ha cumplido una función sesgada y yo diría hasta mentirosa, porque no hay peor mentira que una verdad a medias”, manifestó meses atrás el senador cabildante Guillermo Domenech.