Un diferendo por las bandas de frecuencia de transmisión que desde hace años involucra al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la empresa de televisión por cable Multiseñal (Multicanal SA) tuvo un nuevo capítulo recientemente: una sentencia del 26 de mayo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) acepta el reclamo de Multiseñal y ordena suspender el acto administrativo de convocatoria a una subasta, que se efectuó en 2019 y les asignó las bandas de transmisión a las telefónicas Antel y Movistar.

El diferendo entre la empresa y el Estado uruguayo se remonta a 2011, cuando el gobierno, con el objetivo de adecuar la política nacional de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, exhortó a las empresas de televisión para abonados que usaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios, para transmitir por el sistema de antenas, a que cambiaran de frecuencia. Luego, se determinó que esa banda de frecuencia será utilizada para internet.

En diciembre de 2019 se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, a la que se presentó Telefónica [Movistar] y ganó, y luego Antel, que no participó por su calidad de servicio descentralizado, se sumó aportando la misma cantidad de dinero. Fuentes oficiales explicaron a la diaria que también hubo una asignación de una banda cercana a Claro, y que en total se estima que las telefónicas invirtieron unos 65 millones de dólares para transmitir por la nueva infraestructura.

A pesar de que las empresas de televisión para abonados habían sido exhortadas a retirarse de esa frecuencia de espectro radioeléctrico como máximo en enero de 2013, actualmente Multiseñal continúa funcionando allí y argumenta, entre otros factores, que es necesario hacer una inversión de alto costo para pasar a la nueva infraestructura. En este contexto, inició un reclamo primero con un recurso de revocación ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), y luego por la vía administrativa ante el TCA.

Así las cosas, y tras lanzar críticas a la subasta “apresurada” que hizo el gobierno anterior, es que la actual conducción del MIEM buscó un acuerdo extrajudicial con Multiseñal por este diferendo. En setiembre del año pasado, la diaria informó del pedido de autorización que hizo el MIEM para pagar 2,5 millones de dólares a Multiseñal, a cambio de que libere las bandas de frecuencia que utiliza y no realice reclamos al Estado.

En marzo de este año, se supo que Multiseñal rechazó ese acuerdo y prosiguió con el reclamo judicial. La reciente sentencia del TCA, a la que accedió la diaria, plantea que se ampara “la solicitud de la ejecución de los actos impugnados”, es decir, la resolución inicial con la convocatoria a la licitación de 2019 de las bandas de frecuencia para transmitir.

“En relación con la solicitud de suspensión de ejecución de los actos impugnados, asiste razón a la parte actora [...], corresponde hacer lugar a la solicitud formulada”, dice la sentencia. Cita parte de los argumentos de Multiseñal para rechazar la licitación de 2019: “La adjudicación de derechos de uso en la misma banda en la que transmite lo perjudica sustancialmente y es nula por haberse dictado sin levantar el efecto suspensivo del recurso planteado por la compareciente contra la convocatoria del llamado”. Sobre este punto hicieron énfasis las fuentes oficiales, ya que cuestionan la decisión de las pasadas autoridades de promover en 2019 una licitación habiendo en curso un reclamo por vía judicial y administrativa de Multiseñal.

El camino hacia adelante

Tras la sentencia del TCA, los abogados de la Ursec están trabajando para presentar una apelación cuando culmine la feria judicial vigente. El principal asunto que ven desde el gobierno es que “la licitación ya se ejecutó”, y las empresas efectuaron sus inversiones, por lo que no ven posible revertir estos procedimientos.

Si bien el fallo del TCA se aplica a la resolución que convocó a la subasta y no a la asignación de frecuencias, el tribunal judicial sigue analizando el reclamo “de fondo” de Multicanal y se estima que en unos diez meses podría dar el veredicto final. En el gobierno se anticipa que a raíz de este fallo reciente, la empresa de cable tiene las de ganar y se analizan los escenarios a futuro. Con esa sentencia definitiva favorable, Multicanal podría exigir dejar sin efecto la subasta de 2019; ante la imposibilidad de hacer eso -que además abriría la puerta a juicios de las compañías telefónicas-, el Estado deberá resarcirlo por un monto bastante mayor a la frustrada negociación por 2,5 millones de dólares, indicaron las fuentes.

En setiembre del año pasado y al acudir al Parlamento, el titular del MIEM, Omar Paganini, habló sobre la intención del gobierno de acordar con Multicanal, lo que finalmente fracasó por decisión de los accionistas de la compañía. “Tenemos un problema bastante serio con la banda 2,6. Entendemos que no hay otra solución mejor [que el acuerdo extrajudicial]”, sostuvo. También cuestionó el proceder del Frente Amplio en el gobierno anterior: la subasta “fue hecha de manera apresurada y ha generado debilidades jurídicas muy fuertes, que entendemos que tienen que ser subsanadas. Hay derechos preexistentes en esa banda que entendemos que deben ser, de alguna manera, resarcidos mediante una negociación”.