Justicia social espacial, derecho a la ciudad y especulación inmobiliaria

Todos los países de América Latina –de diversos modos y desde distintas tradiciones– han protegido alguna idea de justicia social, igualdad o dignidad humana, que se expresa no sólo en una idea de igualdad formal ante la ley sino de igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes, sobre todo aquellos imprescindibles para gozar de condiciones adecuadas de vida, cuidando que nadie quede excluido. Además, los sistemas internacional y regional de derechos humanos también protegen el derecho a la igualdad y no discriminación respecto de la educación, la salud y a la vivienda, entre otros derechos. Aquí les propongo hablar del acceso a la vivienda desde una perspectiva más amplia a la ciudad.

Desde hace algunas décadas, algunos autores geógrafos y urbanistas vienen planteando la necesidad de buscar un principio de justicia espacial o territorial, al tiempo que en las ciencias sociales se habla de discriminación o segregación espacial para expresar diversas situaciones en que las personas son discriminadas en el acceso a un lugar donde vivir y/o a producir. Dice el geógrafo estadounidense David Harvey: “La diferencia entre las necesidades y las asignaciones nos muestran el grado de injusticia territorial en un sistema determinado”. Esto es un poco lo que sucede con el acceso a la vivienda y a la tierra, mientras aumenta la necesidad de amplios sectores de la sociedad, y la especulación inmobiliaria dificulta el acceso de los sectores desaventajados a partir de su actividad.

Desde hace más de dos décadas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sostiene que debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda, un mayor acceso a la tierra para sectores empobrecidos de la sociedad y apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad.¹

Lo cierto es que, junto a la obligación del Estado de facilitar este acceso a la vivienda y a la tierra para los sectores mas postergados de la sociedad, esta se adquiere o alquila en un mercado especulativo que expulsa a quienes están en desventaja económica. Por eso, el relator de Vivienda de las Naciones Unidas, Balakrishnan Rajagopal, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos del año pasado, afirmó:

“A fin de que los gastos de vivienda sean asumibles y no pongan en peligro otras necesidades básicas, es fundamental que los estados tomen medidas para garantizar que la vivienda sea asequible para todos, si es necesario, mediante la regulación del costo de los alquileres y la vivienda, entre otras medidas. La discriminación en este aspecto del ejercicio del derecho a la vivienda puede darse tanto en el acceso a la vivienda pública, por ejemplo, si no hay igualdad en el acceso a vivienda asequible [...] como en el acceso a la vivienda en el mercado privado, por ejemplo, si los costos de alquiler, de la vivienda y de los servicios son desproporcionadamente más elevados”.²

Además, el relator llamo la atención sobre la discriminación que sufren algunos grupos con mayor perjuicio. Por ejemplo, llama la atención la discriminación que sufren por razón de género las mujeres en el acceso a la vivienda privada de alquiler, el acceso a la propiedad de la vivienda, la herencia, la seguridad de la tenencia, los desalojos forzosos y las condiciones habitacionales inadecuadas.

El relator propone algunas medidas mencionando algunas experiencias positivas de lucha contra la discriminación en el mercado de vivienda. Por ejemplo, menciona el programa de las autoridades locales de Berlín “Alquila de forma justa, vive de forma justa” para controlar la discriminación en el mercado de la vivienda de alquiler y vivienda y ofrecer asistencia en la búsqueda; y en Barcelona se ha creado una oficina municipal por la no discriminación que, en colaboración con grupos de la sociedad civil, vigila la discriminación, incluida la discriminación en materia de vivienda. Esta oficina ha detectado patrones discriminatorios en el mercado inmobiliario privado, especialmente por parte de los arrendadores hacia los residentes con apellidos extranjeros, y ha organizado una campaña de concientización sobre esta cuestión.

Pero la discriminación en el acceso a la vivienda no se limita solamente a estas prácticas individuales que llevan a cabo propietarios respecto de determinada clase de arrendatarios, sino que también se expresa de forma estructural en áreas urbanas, barrios y ciudades a partir de nuevas prácticas de un mercado inmobiliario completamente desregulado que privilegia la construcción de viviendas premium, el alquiler de departamentos para turistas de alto poder adquisitivo a través de aplicaciones, y la creciente participación de flujos financieros globales en la actividad inmobiliaria, que impactan en reducir las oportunidades de tierra y vivienda para los sectores populares en nuestras ciudades de América Latina.

Estas actividades muchas veces son alentadas por los gobiernos locales a través de decisiones urbanísticas que las favorecen (por ejemplo, normas de zonificación, ventajas o incentivos fiscales, etcétera) o, en el mejor de los casos, simplemente toleradas, dejándolas hacer. Lo cierto es que cuando la lógica del capital galopa desbocada sin que los estados tanto a nivel nacional como local sostengan las riendas, nuestras ciudades cada vez más se convierten en expulsoras de las personas que están en mayor desventaja por su condición económica, género o pertenencia étnica. Por eso el relator de vivienda de Naciones Unidas viene alertando sobre la necesidad de regular el mercado inmobiliario, así como promover la participación ciudadana en la planificación urbana, lo que la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad llama “gestión democrática de la ciudad”.

Es que las ciudades son una construcción colectiva en donde cada decisión del poder público y cada movimiento del sector privado condiciona al resto de los habitantes. Tal vez sea más sencillo entender lo que sucede cuando se aprueba la instalación de un shopping en un barrio determinado y esto provoca el cierre de centenas de negocios de cercanía y la pérdida de empleo de quienes allí trabajan. Lo mismo sucede con el mercado inmobiliario cuando se orientan tendencialmente a la construcción de viviendas premium y los gobiernos facilitan su expansión en detrimento de espacios y apoyo para la vivienda popular y autogestionada, lo que termina produciendo una lenta y silenciosa expulsión de los sectores populares de nuestras ciudades.

Por ello, el relator observa: “Las consecuencias de la discriminación en materia de vivienda que experimentan distintos grupos por motivos de raza, color u origen nacional o étnico se ponen de manifiesto en la exposición desproporcionada a condiciones habitacionales inadecuadas, la mayor vulnerabilidad a los desalojos, los obstáculos para acceder a la propiedad de la vivienda y a oportunidades de alquiler y, en muchos estados, las políticas continuadas de segregación directa e indirecta.³

Estas circunstancias nos tienen que llamar la atención para comenzar a exigir como ciudadanos y colectivos organizados una mayor participación en las decisiones urbanas y que nuestros estados adopten medidas consistentes de control de un mercado que promueve territorios cada vez más segregados y expulsivos.