El 1° de setiembre es la fecha señalada para que asuman las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Poco menos de dos meses antes, la comisión bicameral conformada para analizar las postulaciones recibirá nombres hasta el 11 de julio –es decir, el próximo lunes–, para luego conformar una lista tentativa y comenzar con las entrevistas.

En un contexto en el que la INDDHH, en su conformación actual, ha sido objeto de cuestionamientos desde algunos sectores del oficialismo, unas 50 organizaciones sociales –que además de los partidos políticos también presentarán a sus candidatos– firmaron una misiva en la que cuestionan la idea de la coalición de gobierno de designar a los miembros del Consejo Directivo con un criterio de “cuatro a uno”, es decir, que el oficialismo defina cuatro miembros y la oposición sólo uno.

Las organizaciones sociales y el Frente Amplio (FA) ya manejan una lista tentativa de nombres. Según contaron distintas fuentes a la diaria, entre los posibles postulantes aparecen Ana Agostino, Daoiz Uriarte, el filósofo Nelson Villarreal, la historiadora Isabel Wschebor, el abogado Federico Álvarez Petraglia y el abogado especializado en derechos humanos Javier Palummo.

Sin embargo, la posibilidad de que los directores Wilder Tayler y Mariana Mota continúen en su puesto cae bien entre las organizaciones sociales, dijeron fuentes a la diaria, aunque no les parece viable que el oficialismo acompañe esta propuesta. Asimismo, no ven con buenos ojos las candidaturas de Uriarte y Villarreal, por considerarlos muy identificados con el FA. En la carta, las organizaciones ya habían planteado su preocupación por lo que consideran una idea de convertir a la INDDHH “en un reparto de cargos, asignando cuotas políticas según afinidad con el gobierno o la oposición”.

Otro de los nombres que se manejan es el del abogado Juan Ceretta. Consultado por la diaria, confirmó que fue contactado por algunas organizaciones, aunque no es afín a la candidatura. Este jueves, no obstante, tendrá una reunión para “charlar sobre el tema”.

Los candidatos del oficialismo

La coalición también tiene sus candidatos. Según confirmó a la diaria el diputado blanco Javier Radiccioni, el candidato más firme sería el comisario mayor y licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado, a quien el representante calificó como una persona que “puede tener ese carácter de imparcialidad” que dice buscar el gobierno para la conformación del Consejo Directivo. El otro sería el abogado penalista Santiago Ruete Sanguinetti, asesor de la senadora Carmen Asiaín.

Si bien Parrado fue asesor del Partido de la Gente y participó en una comisión de seguridad dentro del Partido Nacional (PN), Radiccioni aseguró que “no participó en la interna y no fue miembro del PN”. Además, sostuvo que es alguien que “ha trabajado en el tema de derechos humanos con cierto tipo de delitos, como la violencia contra la mujer, que me parece que es muy importante en estos momentos” porque es “hacia donde está creciendo más la Justicia, hacia los fiscales y hacia los juzgados de violencia doméstica”.

Según Radiccioni, Parrado “puede aportar desde ese punto de vista”. Hoy, de acuerdo con el diputado, “si le preguntás a un uruguayo en qué siente más vulnerados sus derechos, te va a decir que es en la violencia doméstica, algo en lo que durante mucho tiempo se viene trabajando fuerte, y lo otro es la seguridad”. Radiccioni entendió que “no es sólo el trato de los presos en las cárceles, sino también [atender a] la gente cuando es víctima de violencia”.

“Un nuevo inicio y una actualización”

“En las últimas administraciones del FA lo que más se criticó no sólo desde la oposición sino de gran parte de la población, era que [la INDDHH] no parecía ser imparcial con algún tipo de declaraciones, con algunas cuestiones puntuales”, entendió Radiccioni, al ser consultado sobre qué esperan de este cambio de autoridades.

“Esto tiene que ser representativo”, insistió, y al ser consultado por la iniciativa de las organizaciones de que Tayler y Mota sigan en su puesto, consideró que “tiene que haber libertad de que algunos de los que estaban, y más si las organizaciones sociales o la oposición así lo entienden, tengan un lugar”. No obstante, entendió que “tal vez sería bueno que la renovación fuera completa para darle una nueva cara y un nuevo inicio y una actualización” a la institución.

Al profundizar sobre esto último, habló de uno de los cometidos centrales de la INDDHH: la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. “El tema de los desaparecidos, que tuvo mucho que ver con la creación de esta comisión desde el inicio, sigue siendo un tema importante”, dijo Radiccioni, pero matizó que “también es importante que esta institución se aggiorne”, lo que “no quiere decir que se olvide del tema de los desaparecidos”, sino que “empiece a atender otros temas importantes”. “Porque los derechos humanos se violan todos los días en diferentes situaciones por diferentes actores, no sólo en algunos casos como fue la dictadura, sino también por delincuentes; hay que estar alerta”, agregó.

Respecto del “cuatro a uno”, Radiccioni indicó que durante los gobiernos frenteamplistas se elegían los cinco miembros del Consejo Directivo sin mucha negociación, y aseguró que no se ha hablado de “un número establecido fijo”, pero podría ser esa proporción “si se fuera a los criterios que se utilizaron antes”.