La diferencia de criterios en el nuevo consejo directivo (CD) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ya se empezó a notar. Según informó El Observador, por cuatro votos contra uno, se incluyó en su registro de organizaciones sociales al Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (Ceddhhu), que defiende a represores, condenados por delitos cometidos durante la dictadura y víctimas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y otros grupos guerrilleros.
Wilder Tayler, director reelecto, fue quien votó en contra. El resto de los nuevos directivos votaron a favor: Marcos Israel, presidente del organismo, Bernardo Legnani, Jimena Fernández y Carmen Rodríguez.
En su justificación, Tayler dijo que hay límites que “no se deben” pasar. Además, apuntó que la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, que “requiere de plataformas institucionales lo más amplias posibles para ser realizable”, no admite “la cooptación de entidades que toleren la negación de los derechos humanos”.
También se basó en que ha habido declaraciones públicas de los dirigentes de la Ceddhhu en que profesan una “lectura negacionista del terrorismo de Estado” que asoló el país. Asimismo, indicó que “promueven el concepto de ‘presos políticos’ para quienes son acusados (e incluso condenados) por cometer crímenes de lesa humanidad. Tal es, entre otros, el caso de miembros del llamado Foro de Montevideo y el Centro Militar”.
Dijo que el órgano de difusión de este último, El Soldado, “brega por la caracterización de presos políticos para quienes han cometido algunos de los crímenes más serios en la historia del país”; y que si bien “tienen derecho a hacerlo” en el ejercicio de su libertad de expresión, y al amparo de los valores que “sustentan la democracia” -y por esa razón, y si llegara el caso, la INDDHH “deberá defender” su derecho a expresarse libremente-, “el libre ejercicio de su derecho a defender criminales de lesa humanidad no los habilita a integrar la INDDHH”.
Tayler aseguró que la INDDHH “no es neutral” en esto. Por eso, insistió en que no debe recibir en su seno y en “nombre del pluralismo y la apertura de ideas” a quienes “profesan” conceptos que “socavan los derechos humanos o revisan su historia reciente en nuestro país”. “El pluralismo y la libertad de expresión no justifican que una INDDHH acepte como socios a quienes toleran la negación de tan importantes valores”, añadió.
En su fundamentación, concluyó que la intención de registrar la organización en la INDDHH “ha sido predicada en lo que los solicitantes anticiparon como un giro en la orientación político-partidaria de la Institución, el que suponían les sería propicio”. Por eso, señaló que “esa postura sólo refuerza la falsa percepción de la INDDHH como una entidad esencialmente politizada, tema sobre el que entiendo que el CD no debe conceder”.
Algunos de los integrantes del Ceddhhu son Sergio Molaguero, quien estuvo secuestrado por el grupo izquierdista OPR-33 en 1972 y ahora es presidente de la organización, mientras que la vicepresidenta es Graciela Rompani, viuda del expresidente colorado Jorge Pacheco Areco e integrante del Foro de Montevideo, una organización que reclama fuertemente por la liberación de violadores de los derechos humanos. Otro que integra la directiva es el exdiputado colorado Daniel García Pintos, de la Brigada Palo y Palo, colectivo también defensor de represores. “Considerando que hay más de 100 asociaciones inscritas, me parece que es lógico que nos hayan admitido”, apuntó Molaguero a El Observador.