Liliam Kechichian: “El FA tiene en Bergara una figura que puede ser clave para que vuelva a ganar el gobierno”

El 2022 transcurrió entre un referéndum contra la ley de urgente consideración, buque insignia del gobierno, una Rendición de Cuentas que centró los debates en los recursos de la educación pública, y acusaciones de corrupción contra la administración que dirige Luis Lacalle Pou por casos resonados como el del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y el del narcotraficante Sebastián Marset, ante los cuales el gobierno reaccionó con “negación”, según el entender de la senadora frenteamplista Liliam Kechichian.

Los últimos días del año estuvieron precedidos por la aprobación de la reforma jubilatoria en el Senado, que el Frente Amplio (FA) rechazó en general, aunque acompañó algunos artículos: “Era imposible mejorar esta reforma, pero sí preservar derechos de los ciudadanos”, comenta la exministra de Turismo a la hora de explicar por qué levantaron la mano al votarse algunos incisos.

La coordinadora de la bancada opositora de la cámara alta conversó con la diaria sobre lo que dejó el año parlamentario para el FA, los casos Marset y Astesiano, cómo ve la gestión en turismo y lo que se avecina en 2023, con una campaña interna en el horizonte.

¿Qué balance se puede hacer de 2022 a nivel legislativo?

El Legislativo, que siempre ha tenido como motor de su producción a las bancadas mayoritarias o la bancada del gobierno, porque tienen las iniciativas y los votos, ha sido muy pobre. El Parlamento prácticamente se ha reducido al análisis de la Rendición de Cuentas y a muy pocas cosas más, y veníamos de dos años en los que prácticamente todo lo que llegaba era “grave y urgente”, y no iba a las comisiones porque estaba la pandemia. Nosotros como bancada acompañamos todas y cada una de las cuestiones que llegaban en esas condiciones para atender los efectos de la pandemia, pero si tengo que hacer un balance es este: muy, muy, muy pobre el trabajo.

El año se puede dividir en tres cuatrimestres claros: el de la campaña contra los 135 artículos de la LUC, el de la Rendición de Cuentas y el de los casos Marset y Astesiano. Hay quienes dicen que este es el peor momento del gobierno, pero más allá de esto, ¿creés que hay cambios en cuanto a cómo la ciudadanía ve al gobierno?

Creo que sí. El primer cuatrimestre, cuando se votó el referéndum por la LUC, sin duda estuvo precedido por ese debate y también, todavía, por empujes de la pandemia que en el verano pasado tuvieron consecuencias bastante duras. A mí no me gusta decir que el gobierno tuvo blindaje, pero es cierto que el tema de la pandemia ocupaba las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos y no les permitía ver un conjunto de temas que empezaban a aparecer fuertemente, que para nosotros siempre estuvieron en el planteo del gobierno, pero que la gente no visualizaba o no sentía de la misma manera. En todo el mundo pasó lo mismo: los gobiernos quedaron subsumidos en ese único tema, con una presencia muy central [del gobierno], en el caso nuestro, todos los días en la televisión. Eso tiñó buena parte del accionar político. Para el FA, estar recluidos y evitar el contacto con la gente –que siempre fue parte de nuestro ADN–, fue muy complejo.

Hasta la campaña de la LUC estuvimos fuertemente golpeados como oposición por la derrota y por la pandemia. Nos sacó de los ámbitos naturales donde el FA se mueve. Fue una epopeya [la campaña en el referéndum]: la gente con tres tapabocas, desinfectando las biromes, la gente que no quería que le agarraran la mano para sacarle la huella. Se peleó con muchas cosas y se lograron esas 800.000 firmas que quedarán en la historia de la mejor movilización del pueblo uruguayo. Luego tuvimos una Rendición de Cuentas que fue de ajuste, donde el gobierno se vanagloriaba y confirmó que lo que quería era ahorrar en medio de la pandemia, al revés de lo que hacía el mundo entero.

En la primavera empezamos a tener algunas señales con el hackeo de la base de datos del Ministerio del Interior; todavía no sabemos qué envergadura tuvo el acceder a más de 84.000 pasaportes como se accedió. Después aparece el caso Marset, y en la interpelación no logramos prácticamente ninguna respuesta que nos satisficiera porque, primero, el prosecretario [de Presidencia, Rodrigo Ferrés] vino a tratar de convencernos de que no tenían prácticamente ninguna responsabilidad porque había un decreto del FA que los obligaba a entregarle un pasaporte a un narcotraficante con antecedentes, quien además estaba preso por usar un pasaporte paraguayo falso. Ahí creo que la gente finalmente comprendió que no era irremediable haberle dado el pasaporte. Marset está libre porque el gobierno le dio un pasaporte y no tuvo los cuidados necesarios. Ahí ya empezamos a ver problemas de concepción, problemas de falta aguda de coordinación entre el gobierno y una muy pésima gestión que nosotros veíamos en otros ministerios. En este caso se tradujo en un hecho grave que afectó la imagen de Uruguay. Además, dejó al rojo vivo que la lucha contra el narcotráfico es un tema central.

Pero si algo faltaba, en un gobierno que hizo alarde en exceso de las palabras “libertad” y “transparencia”, aparece todo el episodio Astesiano. Al principio, [estaba] vinculado sólo al tema [de la emisión de] pasaportes, no sólo porque instalaron en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva una asociación para delinquir para entregar pasaportes falsos, sino que tirando de esa piola empezó a aparecer más que una trama delictiva, una de accionar mafioso. Vínculos, tráfico de influencia, fraude, abuso de poder; hubo vínculo con el servicio diplomático, con grandes empresarios, seguimiento a personas particulares, respuestas a amigos sobre diversos temas, ingresos a la base de datos del Ministerio del Interior y a las cámaras. Es decir, ese señor –que para el gobierno, al principio, y para el presidente en particular, había sido un funcionario intachable– hacía y deshacía en la Torre Ejecutiva. Ahí sí se destapó un accionar delictivo y mafioso que llegó al extremo.

¿Fue un quiebre para el FA el espionaje a Charles Carrera y Mario Bergara por la denuncia que hicieron por el acuerdo entre Katoen Natie y el Estado?

Prendió todas las alarmas. Nos preguntamos: si hay dos senadores que pueden estar siendo investigados, espiados o seguidos, ¿qué pasará con los periodistas, fiscales o cualquier otro ciudadano que cumpla alguna tarea pública? Ahí el gobierno entró en un proceso de negación, de minimizar lo que estaba sucediendo, de decir que no es un problema de la administración sino entre privados, cuando la persona que estaba en el centro de las denuncias era ni más ni menos que el jefe de seguridad presidencial. Cada noticia que sale nos muestra que sí tenía muchísimo poder, no era un perejil, no era alguien que tiraba humo. Estamos en una crisis institucional grave, que también se ha querido minimizar. Se da, una vez más, la enorme incoherencia de este gobierno, no sólo en lo que fueron sus promesas electorales más conocidas de no poner impuestos, bajar los combustibles, no subir las tarifas, de decir que se ponen del lado de la gente, que iban a respetar la negociación colectiva –todas esas promesas electorales no fueron cumplidas–, sino que también incluyó en esas promesas electorales que este era un gobierno en el que si algún funcionario se iba de boca con algún otro funcionario no duraba ni cinco minutos en el cargo. Nosotros tenemos a un segundo de la Policía Nacional en chats que han visto la luz pública en los que insulta de una manera soez a un senador y nadie le pidió la renuncia.

Ante la negativa del Partido Nacional (PN) de que Carolina Cosse y Yamandú Orsi presidieran el Congreso de Intendentes, los intendentes frenteamplistas terminaron por cederle la presidencia al intendente de Flores, el blanco Fernando Echeverría. ¿Fue una mala señal de la oposición a la ciudadanía que no lograran llegar a un acuerdo Cosse y Orsi, quienes son, además, dos precandidatos cantados?

Fue un error. Es cierto que las intendencias de Montevideo y de Canelones son muy demandantes y el Congreso de Intendentes también lo es. Entonces, habían considerado que lo mejor era seis meses para cada uno y ese fue el acuerdo, no se tuvo la flexibilidad necesaria.

De antemano se sabía que el PN no llevaba este planteo.

Por eso creo que fue un profundo error, porque el Congreso de Intendentes ha jugado un papel importante. Para nuestros compañeros del interior la presencia, todos los jueves, de los temas nacionales encabezados por el Congreso tiene una fuerza muy grande, y me da la impresión de que el propio presidente del FA, Fernando Pereira, en estos últimos días, ha reconocido que seguramente por la reacción de la gente no fue la mejor forma de resolverlo.

¿La falta de acuerdo podría ser el tono de la campaña entre Orsi y Cosse?

No, en absoluto. Las internas siempre son duras. Yo creo que puede haber más candidatos y que sería saludable que los hubiera. La bipolaridad nunca es buena, salvo algunas excepciones de nombres absolutamente unánimes. Creo que la competencia dentro de la fuerza política es buena. Me parece que tenemos algunos compañeros que encarnan experiencia de gobierno, estabilidad, rumbo, que trabajaron mucho por la equidad, por los derechos, que fueron parte fundamental de los 15 años de crecimiento, pero de redistribución de la riqueza de una manera diferente.

Habla de Mario Bergara.

Claramente, por su talante de diálogo, de equilibrio.

¿Ya está tomada la decisión para que se presente como precandidato?

No. Está definido para Fuerza Renovadora. Ahora estamos en un espacio más amplio, que es Convocatoria Seregnistas-Progresistas. Soy una convencida de que para ganar es necesario una candidatura que encarne algunas cosas que la ciudadanía muchas veces busca concentradas en alguien: equilibrio, diálogo, experiencia, vocación de servicio, visión de futuro. Me parece que el FA tiene ahí en Bergara una figura que puede ser clave para que vuelva a ganar el gobierno en 2024.