Luego de ser declarado omiso por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por no entregar la declaración jurada de su esposa, el senador del Partido Nacional Juan Sartori volvió a incumplir con lo solicitado por el organismo al no presentar tampoco los balances de sus empresas ni documentación que justifique el aumento patrimonial de 39 millones de dólares que tuvo entre 2020 y 2022. Al cumplirse este miércoles el plazo que tenía para responder a la Jutep, el directorio del organismo deberá discutir cómo proseguir cuando se reúna este jueves.

En el caso de los balances de las empresas, si bien Sartori ya está declarado omiso y la Jutep comunicó al Senado al respecto, una nueva declaración en este sentido “no va a cambiar” la situación del legislador, explicó a la diaria la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo. La sanción que debe imponer la cámara sigue siendo la misma: la retención del 50% de su sueldo, una multa de 50 unidades reajustables al terminar la legislatura y la imposibilidad de volver a ejercer la función pública “hasta tanto no presente la declaración omitida”, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley Cristal (17.060).

Sin embargo, con respecto al aumento patrimonial, el análisis puede ser otro. Según Di Longo, si así lo define el directorio, esto “daría lugar a una investigación”, puesto que “ya no es cumplir o no, sino que ya es presentar una declaración jurada con datos que pueden ser o no correctos”. De votarse, esta investigación serviría “para ver si hay una declaración jurada hecha en forma falsa o si se omiten datos”. “Hablando en forma genérica”, indicó Di Longo, el directorio puede evaluar “si ante esa investigación hace una denuncia” y, si así lo decide, llevar el caso a la Justicia.

Este incumplimiento podría enmarcarse en el artículo 17 de la Ley Cristal, que establece sanciones en el caso de “la inclusión en la declaración jurada de ingresos, bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros, inexistentes o superiores a los reales”, así como “el ocultamiento de ingresos o bienes que se hubieren incorporado al patrimonio” y “la no inclusión de cualquier relación económica o profesional con otras empresas”.

La Jutep dispondrá de “las más amplias facultades de investigación y fiscalización”, y podrá requerir la comparecencia de Sartori. De no cumplir, la multa se establecerá entre 10 y 500 unidades reajustables, “sin perjuicio de la responsabilidad penal” que pueda recaer en el involucrado.

Gil Iribarne: las faltas de Sartori que se estudian ahora “son más graves”

Por estar ante un escenario de posible falsificación de declaración jurada, Sartori podría afrontar un proceso más complejo que el que se inició cuando se lo declaró omiso. Así lo consideró, en diálogo con la diaria, el expresidente de la Jutep Ricardo Gil Iribarne. El también ex secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos señaló que las faltas ahora “son más graves” porque, “salvo el de senador, sus otros ingresos nunca los declaró, y está claro que tiene otros ingresos”, así como participación en sociedades en Inglaterra, “que son públicas”. En esa línea, coincidió en que “ahí ya aplica el artículo 17 [de la Ley Cristal], que es cuando vos no hacés una declaración jurada verdadera”.

“Cuando alterás la declaración, cuando no es la correcta, ahí la Jutep puede hacer una investigación, y tiene amplias potestades para hacerla. Eso implica que puede pedirle a Sartori un montón de documentación, y a la vez le puede pedir información a otros organismos”, explicó Gil Iribarne. Asimismo, el contador sostuvo que, por su patrimonio, “a Sartori le debe importar poco la multa” que se le impone por la omisión, pero en el caso de la investigación “es más complicado el efecto”, dado que la Jutep “podría pasarlo a la Fiscalía”, y si se determina que presentó una declaración jurada falsa, se podría estar ante “un delito”.

Ferraris: “Este caso nos deja unas cuantas enseñanzas”

Para la vocal en representación del Frente Amplio (FA), Ana Ferraris, también se debería “informar al Senado [sobre] este incumplimiento como forma de reforzar lo otro”, en el entendido de que Sartori podría “buscarle la vuelta en términos jurídicos en el Senado para evitar acusaciones” con respecto a la declaración de su esposa, “pero por este otro lado sería más difícil”, anticipó en diálogo con la diaria.

“Este caso nos deja unas cuantas enseñanzas”, sobre todo la de “ajustar la normativa en algún momento para que la actuación de la Jutep sea más efectiva, no tanto por el lado del castigo, sino por el de acceder a la información”, lo que para la vocal del FA es “lo más importante”.

Al ser consultada por la posibilidad de que el caso llegue a la Justicia, Ferraris sostuvo que no cree que el directorio de la Jutep termine resolviendo “poner en conocimiento de los hechos a la Fiscalía”, aunque reconoció que “ante una posible hipótesis de declaración jurada falsa” esto podría suceder.