La Comisión de Constitución y Legislación del Senado empezó este martes a tratar dos proyectos de ley, uno del Frente Amplio (FA) y otro de Cabildo Abierto (CA), que proponen incorporar el delito de “enriquecimiento ilícito” de los funcionarios públicos en el Código Penal, y ambas iniciativas fueron criticadas por voces de la academia que asistieron a la comisión en esta jornada.

En diálogo con la diaria, Susana Sotto, profesora de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Claeh, afirmó que “cualquiera de los dos proyectos” presentan “varios escollos desde el punto de vista penal”, dado que “coliden con principios del derecho penal, especialmente con el principio de inocencia”.

El proyecto del FA establece que aquel funcionario público que, “con obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos”, obtuviese durante el ejercicio de su función pública un aumento patrimonial “significativo o injustificado” respecto a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de 18 meses a seis años de penitenciaría, una multa de hasta 15.000 unidades reajustables y una inhabilitación especial de dos a cinco años.

Con una redacción casi idéntica, el proyecto de CA dispone una pena de 20 meses a seis años de penitenciaría, una multa de hasta 10.000 unidades reajustables y una inhabilitación de cinco a diez años. Asimismo, define lo que sería un incremento patrimonial “significativo”, esto es, “todo aumento que supere el 30% del declarado bajo juramento al asumir el ejercicio de la función pública”.

Para Sotto, quien dio su opinión este martes en la comisión, “en ambos proyectos se invierte la carga de la prueba”, siendo así la persona investigada “quien debe probar que no se enriqueció ilícitamente”. “Por más que uno de los proyectos dice expresamente que la prueba está a cargo del Ministerio Público [el del FA], al final del día la prueba recae siempre en el imputado; entendemos que es violatorio al principio de inocencia”, señaló.

Consultado al respecto, el senador del FA José Carlos Mahía, miembro de la comisión, dijo a la diaria que el planteo de Sotto es “legítimo”, y expresó que “hay que perfeccionar la norma” para que “Uruguay avance en esto”. “Hay que encontrar, dentro del marco constitucional, posibilidades que nos ayuden a crear esta tipificación”, expresó.

También compareció ante la comisión una delegación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que hizo críticas similares.

El senador de CA Guillermo Domenech, también integrante de la comisión, dijo a la diaria que “todo principio tiene su excepción”, en referencia al principio de inocencia. “Pero aun sin pretender consagrar una excepción al principio, pienso que podemos encontrar una forma de contemplar las objeciones, a efectos de lograr la unanimidad en la comisión”, expresó. “Lo que queremos es que existan normas penales que le faciliten al sistema judicial perseguir a los funcionarios corruptos”, manifestó Domenech. La unificación de ambos proyectos es algo que se maneja a la interna de la comisión.

¿Hace falta una ley?

Sotto comentó que el delito de enriquecimiento ilícito en la función pública “ya está tipificado en varias legislaciones de la región”. No obstante, en el caso de Uruguay, señaló que “este tipo de conducta puede quedar atrapada por la ley de lavado de activos”, promulgada en 2017. Dicha normativa “tiene como delito antecedente los delitos de corrupción pública, entonces, toda persona que cometiere alguno de los delitos de la ley anticorrupción [17.060] perfectamente puede quedar atrapada”, apuntó la profesora de la Universidad Claeh.

En ese sentido, Mahía cuestionó “la aplicabilidad que ha tenido la ley de lavado de activos”, que “ha sido muy, muy baja”. Si bien señaló que esto “quizás tiene que ver con que tiene pocos medios”, afirmó que es necesario legislar específicamente sobre este tema “en un momento en que la sociedad exige determinadas conductas”. “Habrá que ver de no generar un embrollo desde el punto de vista jurídico, pero hay que trabajar en la materia”, subrayó.

En la misma línea, Domenech sostuvo que hay que aprobar “alguna norma que sancione a aquellos crecimientos patrimoniales que no pueden justificarse”, sobre todo, “cuando están referidos a personas que han hecho ejercicio del poder político”.

El senador de CA mencionó que la propuesta “no es algo original”, ya que “existen numerosos países en los que se ha consagrado una legislación similar”. “Lo único que estaríamos haciendo es ponernos a tono de acuerdo a los ejemplos que tenemos en el mundo”, señaló.

Acerca de los recursos presupuestales que se requieren para investigar la corrupción, Domenech sostuvo que “hay que estudiar el tema de la Jutep”; a su entender, el organismo tiene que “reforzar sus cuadros funcionales con técnicos en el área jurídica y contable”. “Me parece que eso es imprescindible”, consideró.

Las autoridades de la Jutep se han quejado insistentemente de la falta de recursos humanos para abordar todos los casos que llegan a la institución. Uno de ellos es el del senador nacionalista Juan Sartori, que recién este lunes presentó algunos complementos de su declaración jurada que le habían solicitado, pero sigue omiso con la documentación de su esposa.