Si bien fue el primer impulso, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió dar marcha atrás en su decisión de sacrificar a los 272 animales víctimas de tráfico ilegal incautados a principios de mes por la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente.

Durante una rueda de prensa, el titular del MGAP, Fernando Mattos, señaló este jueves que además de ser una “incautación por contrabando” también “contraviene” la norma que prohíbe “el movimiento de aves que no están en el sistema de monitoreo avícola”, lo que se agrava en un contexto “de riesgo sanitario por influenza aviar”.

En este caso, afirmó, “lo que indicaría la norma es el sacrificio de los animales una vez que los servicios ganaderos hacen el análisis de riesgo”. De todas formas, “hay otras especies que no son aves, hay reptiles y tortugas” que sí van a ser liberadas “porque el análisis determina que el riesgo no es mayor”, añadió el ministro.

Para las aves -que además son silvestres, principales transmisoras de la gripe aviar- el ministro Mattos y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decidieron derivarlas “al cuarentenario del ministerio”, donde “estarán bajo custodia” y serán monitoreadas “desde el punto de vista sanitario y aisladas implicando un riesgo menor de eventuales contagios”.

El jerarca explicó que desde el fin de semana las cuida el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que lo seguirá haciendo una vez pasadas al cuarentenario; así, “una vez que se disminuya el riesgo se liberarán eventualmente para una reserva de carácter ambiental”, puesto que, como las aves provienen “del delito”, no hay forma de tener conocimiento de su origen.

Mattos recalcó que el país atraviesa “momentos de emergencia sanitaria por influenza aviar” y que en los análisis realizados a las aves “puede haber falsos positivos o falsos negativos”, así como “una situación donde la carga del animal hoy es baja pero va procesándose la infección dentro del ser vivo, y en una semana puede ser una amenaza”.

“Estos delitos deben ser tipificados penalmente”

Sobre las 13.30, Mauricio Álvarez, integrante de la organización Conservación de las Especies Nativas del Uruguay (Coendú), recibió un mensaje de Whatsapp del presidente de la República, en el que le informaba de la marcha atrás en la decisión.

Según contó Álvarez a la diaria, las autoridades les informaron que “las tortugas y tres erizos” ya se encuentran “en el zoológico de Durazno”, mientras que las aves, como anunció Mattos, están en el cuarentenario del MGAP, donde, según pudo saber Coendú, hubo una baja importante en la cantidad de comida que recibían cuando estaban -con anterioridad- bajo supervisión del Ministerio de Ambiente: “Se bajó de 20 a dos kilos de fruta por día”.

“Eso se suma al hacinamiento, estar una al lado de otra, sabemos que hubo muchas muertes”, agregó Álvarez, aunque matizó que no han podido “tener registros visuales”.

Álvarez también remarcó que desde Coendú seguirán insistiendo con “la importancia de que estos delitos deben ser tipificados penalmente”, puesto que ahora lo único que sucede es que quienes son encontrados contrabandeando animales reciben una multa. Para Álvarez, al tipificarse como un delito penal, “cortás el tráfico”.

Por último, Coendú ha insistido en que se preste “especial atención” a los 21 lagartos colorados que se incautaron, por tratarse de “una especie exótica invasora, como el jabalí”, por lo que se debería “velar por la seguridad de esta especie para que no haya escapes ni reproducciones”.