“Yo voy a afirmar que el objetivo respecto de las sustancias de efecto psicoactivo es la regulación, pero no por un problema de estrategia de opinión pública, sino porque el mercado hay que regularlo, y mucho más los mercados que mueven sustancias ilícitas”, afirmó Milton Romani, psicólogo y exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) en un conversatorio organizado por Rumbo de Izquierda, sector que integra el Frente Amplio (FA), el 28 de marzo. En respuesta a la consigna de la convocatoria, titulada “¿Y si legalizamos todas las drogas?”, Romani sostuvo que “la regulación es un objetivo estratégico desde el punto de vista del desarrollo económico y desde el punto de vista del desarrollo social”.

Además de Romani expusieron Clara Musto, doctora en Criminología e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales en el vínculo entre droga y delito, y Julio Calzada, exsecretario general de la JND y exdirector de la División de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo (IM). Los oradores coincidieron en que una lección aprendida de la experiencia con el cannabis en Uruguay es que es preferible hablar de regulación en lugar de legalización, dado que “legalización despierta ideas de fomento del consumo, de libertad, que puede resonar para algunas personas pero no para otras”; en cambio, “regulación implica ideas de control”, explicó Musto.

La investigadora profundizó en que regularizar implica “no sólo pararse desde el punto de vista de los derechos individuales de los consumidores y su libertad de consumir, sino desde el punto de vista de las comunidades y sus derechos al orden, a la convivencia pacífica, a que exista la ley, una previsión”. En ese sentido, señaló que lo que se vio en el debate sobre la regularización de la marihuana es que “a la gente le importa mucho los detalles y está dispuesta a aceptar algunos detalles de regulación y no otros”, por lo que hay que “hilar fino” a la hora de hacer una propuesta de política pública en esa línea.

Musto mencionó algunos hallazgos del estudio que realizó junto con Nicolás Trajtenberg sobre el efecto del consumo de drogas en el delito, a partir de investigaciones hechas en América Latina entre 1990 y 2015. De esa investigación surgió “cierto efecto pero de una manera restringida”, del orden de 12%. Indicó que desde un punto de vista sistémico, en lugar de farmacológico -que pone a la droga como causa del delito-, “los principios clásicos de política criminal de guerra contra las drogas y de mandar a todo el mundo preso es una manera de echar más leña al fuego, porque estamos mandando a gente proclive al delito a lugares de organización del narcotráfico”.

En línea con lo anterior, Musto afirmó que “es muy importante el impacto de la gente privada de libertad por delitos de drogas, en particular entre las mujeres”, y que un punto de inflexión en esto fue la aprobación de la ley de urgente consideración, “y en particular un artículo que fue apoyado por el FA y el resto de los partidos que aumentó la pena mínima de todos los delitos de drogas a dos años, y por tanto volverlos inexcarcelables”. “Esto exige un consenso dentro el establishment político en el cual el FA en principio participa y es la idea de que la prisión debe ser el castigo ante cualquier tipo de delitos de drogas. Eso desde mi perspectiva es un problema”, consideró.

En términos de caminos que podrían seguirse en pos de una regulación, mencionó recuperar el principio de proporcionalidad “que leyes como la LUC rompen”. Es decir, “penar más cuando se asocia con otro tipo de delitos, cuando se usa la violencia para el intercambio, cuando hay más cantidad de sustancias involucradas”, así como “romper el monopolio de la Policía para hablar de la seguridad, algo que incluso en los gobiernos del FA fue bastante estructural”. Sobre este punto, Musto destacó que “el resto de los actores políticos”, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, la JND y la Intendencia de Montevideo, “le han dejado, por silencio y omisión, el monopolio del discurso sobre la seguridad al MI, y eso es un problema”.

En la opinión de Romani, a nivel político “se abusa de la vinculación violencia-delito-drogas” para explicar la delincuencia. Sin embargo, consideró que “tenemos problemas de convivencia y de violencia que son mucho más complicados y difíciles de abordar que el consumo de drogas”.

Siguiendo esa línea, planteó que “la guerra contra las drogas en toda América Latina ha sido una guerra contra los pobres y contra las mujeres, y acá en Uruguay también”. No obstante, reconoció que “Uruguay ha liderado un cambio en este tema”, en lo que respecta al cannabis. “Y la verdad que no nos ha ido mal. ¿Hemos resuelto el problema del narcotráfico? No, pero hemos resuelto la seguridad de aquellos usuarios que consiguen el cannabis a nivel legal y no tienen que ir a una boca de venta de drogas”, reflexionó.

Algunas advertencias y experiencias truncadas

Calzada retomó los porcentajes que dio Musto al comienzo de su intervención, y destacó que en “88% de los casos los delitos no tienen una asociación directa con el consumo de droga, aunque el tema de la droga esté ahí”. Por este motivo, recalcó que “para hacer política hay que hacer investigación. Si no, se hace política al voleo”. “Hay que conocer qué piensa la gente y cómo la gente puede cambiar de opinión bajo determinadas circunstancias. Si ustedes plantean hoy legalizar todas las drogas, seguramente sean escuchados por un núcleo muy pequeño de personas con determinado perfil de edad, de ingreso socioeconómico y de formación académica”, planteó.

Asimismo, el exjerarca advirtió que “el problema de la droga en la sociedad contemporánea es un problema complejo y no hay una solución simple y única”, y “la regulación es un aspecto de abordaje del tema, pero regulando todas las drogas tampoco vamos a solucionar una cantidad de problemas que provienen de otros lados”. En ese sentido, alertó que frente al desbaratamiento del mercado negro de alguna droga, “seguramente el crimen se desplace a otro tipo de delitos, como la extorsión” o los préstamos ilegales.

Por otra parte, Calzada recordó experiencias pasadas que quedaron truncas, como la de Imaginario Nueve, un colectivo que trabaja en la reducción de daños y la prevención en el consumo de drogas, “que la frustró la propia izquierda”. Su trabajo implicaba “ir a las fiestas electrónicas y decirles a los muchachos, que se sabe que van a consumir, ‘mirá, esto que te vendieron no tiene nada que ver con lo que te dijeron que era, seguramente te haga mal’. De eso hay 20 o 25 años de experiencia en el mundo”, dijo, y lamentó que “en el período pasado en la intendencia se avanzó en hacer control de sustancias, y sectores fuertemente conservadores dentro de la izquierda inhibieron que eso se siguiera haciendo”.

“Posiblemente lo ideal no sea algo de cero a 100”

Musto enumeró algunos ítems para tener en cuenta a la hora de regular el acceso a las drogas que se busque legalizar, como, por ejemplo, la edad; el grado de intoxicación que una persona puede tener al momento de comprar; si tienen que ser residentes o no; si tiene que haber restricciones sobre los lugares de uso; si el consumo debe ser en el local de compra -entonces sería un consumo supervisado-; si tiene que haber un registro de compradores; si tiene que haber licencia para usuarios donde se requiera conocimiento y se demuestre responsabilidad: por ejemplo, estudio, trabajo, antecedentes penales, entre otros.

También mencionó elementos vinculados al diseño del empaquetado, la cantidad de producto contenida y etiquetas con advertencia. A nivel de las empresas involucradas, restricciones corporativas como el control de precios y el control de ganancias, imposición de impuestos, de usos específicos para los impuestos y la prohibición del comercio de acciones. “El modelo de regulación es amplio y puede variar bastante. Puede ser progresivo también; posiblemente lo ideal no sea algo de cero a 100. Se puede probar por tipo de sustancia, por tipo de uso”, sugirió la investigadora.