La semana pasada, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de un decreto repleto de términos técnicos, modificó la reglamentación del “mercado mayorista de energía eléctrica”, hasta entonces regulado por un decreto de 2002.

El principal cambio es que a los productores privados de energías renovables no convencionales -eólica, fotovoltaica y biomasa- se les reconoce la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo, informó El País. Gracias a este reconocimiento, los generadores privados podrán firmar contratos con grandes consumidores de energía, también privados, que hasta ahora lo podían hacer fundamentalmente con UTE. Se pretende, dice el decreto, “lograr un funcionamiento más profundo del mercado mayorista de energía eléctrica”.

En declaraciones a El País, el titular del MIEM, Omar Paganini, sostuvo que la nueva normativa supone “una oportunidad de más competencia” y afirmó que podría atraer “proyectos de grandes consumos eléctricos”. “Si viniera un proyecto de gran porte, por ejemplo, y quisiera que se instalara un parque solar o eólico para ese proyecto, con esto tenemos un mecanismo para que eso pase sin que UTE tenga que desarrollar la inversión”, comentó.

Respecto a la eventual pérdida de ingresos por parte de UTE, Paganini aseguró que “muchos de los consumidores igual van a elegir el respaldo” del ente público; y mencionó que en el último tiempo la “demanda cautiva” de UTE ha crecido y seguirá creciendo “en la medida en que se electrifique aún más la demanda”. La nueva normativa tiene el respaldo del sector privado.

Las críticas

El contenido del decreto del MIEM se discutió durante varios meses. En diciembre del año pasado, el gerente general de UTE, Javier San Cristóbal, le envió a la Dirección Nacional de Energía una misiva con “observaciones” acerca de un borrador del decreto elaborado por el ministerio. En el documento, al que accedió la diaria, San Cristóbal pide incluir en el decreto la creación de un “cargo de transición” -aporte económico- por un período transitorio de diez años para evitar la reducción de los ingresos de la empresa estatal.

La no consideración de un cargo de transición, advierte San Cristóbal, “presiona” el programa económico financiero de UTE, lo cual “se verá reflejado en un aumento de las tarifas de los clientes regulados, por lo que resulta indispensable la creación de dicho cargo”. En el decreto del MIEM no se incorporó dicha solicitud.

En diálogo con la diaria, Gonzalo Castelgrande, presidente de la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE), afirmó que el decreto del Poder Ejecutivo “es gravísimo”, “un mazazo para toda la gente”. Los arreglos entre privados para el suministro de energía, sostuvo, ocasionarán pérdidas en el ente público que “van a terminar pagando las tarifas domiciliarias y los clientes que queden en la UTE, que no van a ser estos grandes clientes”, que “se van a empezar a ir en función de estas nuevas condiciones”.

La directora de UTE en representación del Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, compartió el pronóstico del dirigente sindical. Dijo a la diaria que se trata de “una privatización de la empresa pública mucho más solapada que en los 90” y afirmó que la inclusión del sector privado, “sin ningún tipo de condicionamiento y con todos los beneficios”, dejará a UTE con “lo menos rentable del negocio eléctrico, cuando en realidad fue la que hizo toda la inversión”. “El propio Poder Ejecutivo mata a la UTE y levanta a los privados”, sentenció.

Cardona apuntó que actualmente los grandes consumidores representan el 20% de la facturación de UTE. “Esto lo que genera es que, no sólo no se van a poder bajar las tarifas de la gente, sino que además puede representar el riesgo inminente de un alza de las tarifas”, expresó.

Según consignó El Observador, el director de UTE en representación de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, quien definió al decreto como “privatizador”, estimó que las tarifas para la mayoría de los clientes podrían aumentar “hasta un 10% real”.

Por otra parte, Cardona sostuvo que el reconocimiento de la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo que el decreto otorga a los generadores privados de energías renovables no convencionales es “una mentira física”. A modo de ejemplo, señaló que en el caso de la fotovoltaica, dado que “nunca van a poder decir que hay sol de noche”, UTE “siempre va a tener que estar como garantía del contrato entre los privados”, pero “sin participar de las ganancias”.

Según Castelgrande, fueron los gobiernos del FA los que contribuyeron a que “pasara esto” por “la forma en cómo se hizo el cambio de la matriz energética”. Apuntó que actualmente el 90% de la energía renovable “son privadas”. El presidente de AUTE recordó que, en aquel entonces, el FA “tenía una posición muy marcada de que, aun perdiendo la propiedad, como se perdió, se iba a tener el control” de la energía, pero “a la luz de los hechos está que el control también lo estás perdiendo ahora”.