El lavado de activos, su relación con el narcotráfico y, en especial, la injerencia que pueda tener en la campaña son temas que están en la agenda regional y comienzan a colarse en lo nacional, a medida que se acerca el año electoral. Un síntoma de esto es que la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos decidió darle un impulso al texto para que se apruebe en los primeros días de noviembre; el articulado se encuentra estacionado desde la última legislatura, cuando el exdiputado frenteamplista -hoy nacionalista- Darío Pérez no dio su voto, que era clave para aprobarlo.

El impulso surge de una propuesta que llevaron los diputados del Frente Amplio (FA) y acompañaron el resto de los legisladores, que consiste en pasar a un régimen semanal de sesiones a partir del 5 de octubre, así como “desarticular la subcomisión que estaba votada y que no estaba funcionando con eficiencia en el seno de la comisión especial”, explicó a la diaria el diputado del FA Mariano Tucci.

Asimismo, el próximo martes los diputados llevarán a la bancada frenteamplista una propuesta “con ajustes a una parte del texto que está a estudio”, que luego trasladarán a la comisión. En esta última sesión también se puso de manifiesto que “hay una intención declarada, planteada por el FA y compartida por el oficialismo, de que esta nueva ley debería empezar a regir en el próximo proceso electoral”.

“Por supuesto que vamos a tratar de buscar los puntos de encuentro, esta ley tiene que recoger amplias mayorías, pero vamos a acelerar el proceso de discusión política”, agregó Tucci. En este sentido, apuntó que las diferencias entre oficialismo y oposición “son las mismas de siempre, porque por ahora no ha habido intercambios de propuestas nuevas”: los minutos pagos en los medios masivos de comunicación, así como el acceso igualitario a los medios en campaña electoral y, fundamentalmente, “el aporte de las personas jurídicas”.

Este último es uno de los puntos a resolver en las próximas sesiones de la comisión, dado que la coalición de gobierno cree que las empresas, en tanto personas jurídicas, deberían poder aportar, pero desde el FA entienden que sólo deberían poder hacerlo “las personas físicas”. “Son cosas que todavía están sobre la mesa porque no ha habido avances en el sentido de discutir acerca de los nuevos planteos; las diferencias al día de hoy siguen siendo las mismas, ahí veremos dónde hay acuerdo y dónde no, pero por ahora no hay novedad”, sentenció Tucci.

La Corte Electoral con “la última palabra”

Hasta ahora se había avanzado en “consensos” en el texto, pero “había restado analizar nueve artículos”, explicó a la diaria el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez. Desde el PC buscan avanzar en este proyecto de ley porque entienden que “la legislación del año 2009 necesita ser aggiornada”, así como “hacer algunas incorporaciones de temas que no habían sido tenidos en cuenta entonces”, por ejemplo, “el financiamiento público de la elección municipal”, donde se eligen alcaldes y concejales, una estructura de gobierno creada en 2010.

La finalidad central, argumentó Rodríguez, es “lograr un proyecto de ley que apuntale a la cristalinidad y transparencia en el financiamiento de los partidos en los distintos procesos electorales” y que la ciudadanía pueda ejercer “un contralor a través de la información, que estará accesible a todos los que quieran”, y al mismo tiempo tener “un mecanismo de control por parte del órgano rector”, es decir, la Corte Electoral.

Desde la coalición entienden que la Corte Electoral debería ser el “juez último” respecto de la normativa. “Lo que queremos es que se consagre que la Corte Electoral tenga potestad sancionatoria”, con el Tribunal de Cuentas como una especie de órgano asesor, y que pueda “auditar los fondos y las distintas rendiciones de cuentas que presentan los partidos políticos de manera tal que sea un auxiliar o un colaborador de la Corte Electoral”, pero que sea esta la que tenga la última palabra.