“América Latina tiene 8% de la población mundial y 30% de los homicidios. Entre Brasil y México tenés 100.000 homicidios por año. La guerra de Siria, con Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Hezbollé, Estado Islámico, porque no faltó nadie a la fiesta, tuvo 400.000 homicidios en diez años. O sea, en diez años Brasil y México tienen un millón de homicidios, el doble de la guerra de Siria”. Así empezó su intervención, el jueves, en Magnolio Sala, el doctor en ciencias de la seguridad y crimen Gonzalo Croci, en un conversatorio sobre seguridad y drogas organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas del Partido Colorado (PC).
Luego de la descripción sobre la situación de la violencia en la región, el experto se detuvo en datos económicos: “Un kilo de cocaína cuesta entre 700 y 1.000 dólares. Cuando lo llevás a un área urbana pasa a casi 3.000 dólares; lo traés a Uruguay y cuesta 10.000 dólares; lo llevás a Hamburgo y cuesta 100.000 dólares”. Es decir, “pusiste 1.000 y sacás 100.000”, señaló. En el caso de Uruguay, Croci identificó “dos problemas” vinculados a la cocaína. Por un lado, el mercado local de consumidores y, por otro, “Uruguay como país de tránsito de la cocaína”. A su criterio, el principal problema es el segundo, y su epicentro está en el puerto de Montevideo.
Volviendo a los números, el experto advirtió: “El negocio de drogas mundial son 400.000 millones de dólares”, esto es, “seis [veces] Uruguay”. Mientras tanto, el Ministerio del Interior tiene un presupuesto equivalente a “4 puntos del PIB”. “Estos tipos te comen el sistema. Tenés que poner tu foco mucho más allá de los escáneres del puerto, necesitás mucho más”, afirmó. Frente a estas afirmaciones, el diputado colorado preguntó desde el auditorio: “¿Cuál sería la conclusión después de advertir esa desproporción? ¿Abandonar la lucha contra el tránsito porque el enemigo es demasiado grande, o dedicar más recursos para tener mucho más que un par de escáneres?”.
Croci le respondió que se debe “rotar a los individuos que trabajan ahí” y “poner órganos de contralor que revisen lo que está pasando”, pero, sobre todo, “optimizar tus recursos escasos”. “Tu problema es el puerto de Montevideo. Cuando los tipos no puedan sacar más la droga por acá, Uruguay ya no es interesante, porque el mercado uruguayo es chico”, añadió.
Sanjurjo: “Una política de seguridad socialdemócrata”
También expuso sobre el tema el irlandés John Collins, especialista en crimen organizado transnacional. En inglés afirmó que en materia de políticas de drogas “hay un deseo de simplicidad”, y aseguró que la dicotomía entre legislación o prohibición “debería ser una cosa del pasado”. El tema “no debería pensarse en términos absolutos de negro y blanco”.
En línea con lo dicho por Collins, el coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, expresó que “se puede ser escéptico con estos temas, pero no se puede ser reaccionario”. Señaló que las actuales políticas de drogas “se crearon hace 60 años” y que actualmente “es muy difícil no llegar a la conclusión de que han fracasado en todos los sentidos”.
Un día antes, el miércoles, Sanjurjo había planteado conceptos similares, en compañía del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en el marco de una nueva “tertulia socialdemócrata” que tuvo lugar en la casa central del PC.
“En el mundo desarrollado”, esto es, aquellos países “donde uno puede estar con la laptop trabajando en un parque de noche y no se te ocurre que te puedan robar”, ya no existen políticas de seguridad “que sean de izquierda o de derecha”, sostuvo Sanjurjo. En esos lugares la estrategia de seguridad “combina mucho de un lado y del otro”, tal y como, a su entender, está empezando a ocurrir en Uruguay.
Por un lado, “en nuestro país tenemos gente, cada vez menos, por suerte, que se avergüenza de la represión”, porque cree que a la Policía “hay que abolirla” y que “todas las personas que cometen delitos son víctimas”, porque “la culpa es del capitalismo y todas esas pavadas que escuchamos todos los días”, manifestó el jerarca del Ministerio del Interior.
Por otro lado, hay quienes “constantemente hablan de que hay que meterles un balazo en la nuca a todos”, continuó Sanjurjo. Ubicó en este grupo a los que “ahora están encantados con lo que vemos en El Salvador con [Nayib] Bukele”, cuyo plan de seguridad definió como “la política más vieja de la historia”. “Es simplemente hacer un estado de excepción donde la persona no tiene más derecho a un abogado o a un juicio y lo único que se hace es que al sospechoso se lo mete para adentro. Así termina siendo bastante fácil”, ironizó.
Afirmó que la solución es “una política de seguridad moderna”, que “reprime” pero al mismo tiempo “previene y rehabilita”. “Poco a poco, creo que hemos ido teniendo cierta influencia que ha llevado al ministerio a adoptar lo que yo considero que es una política de seguridad socialdemócrata”, expresó Sanjurjo. “El problema es que nuestra política de seguridad está coja, porque no tiene la pata preventiva, eso ningún gobierno lo fortaleció”.
Petit: “Hay más de 15.000” personas privadas de libertad
A su turno, Petit coincidió en que “las políticas criminales tienen que ser parte de las políticas sociales”. La mejor política penitenciaria, sostuvo, es promover “el desarrollo integral de las personas”. Hoy, “lamentablemente, tenemos un altísimo porcentaje de niños que se crían en la pobreza”, en condiciones de estrés, inseguridad y mala alimentación, sin los “micronutrientes” que “permiten las conexiones cerebrales, y [en unas condiciones] que afectan no solamente lo cognitivo sino [también] el desarrollo de la empatía”, es decir, “la capacidad de ponerse en el lugar del otro”, expresó.
Esto, junto a “normativas que enfrentan el delito con penas más duras”, ha contribuido a que Uruguay se posicione actualmente décimo en el mundo en cuanto a personas privadas de libertad por cantidad de habitantes. “Hay más de 15.000”, indicó el comisionado parlamentario, y eso “por lo menos nos genera una cantidad de signos de interrogación sobre si estamos haciendo las cosas bien”. “Todos los días salen liberadas más de 26 personas; sin ir más lejos, del Comcar salen todos los días entre diez y 12 personas”, comentó.
Petit lamentó que, debido a la “sensación de inseguridad” de la sociedad, que “tracciona” sobre el Poder Legislativo, “muchas veces se generan penas sobre delitos que pueden ser tratados de otra manera que con la privación de libertad”, como, por ejemplo, “tentativas de hurtos o receptación”; en definitiva, “delitos que son contra la propiedad y no contra la vida”.
Por último, Petit admitió que últimamente ha recibido varias preguntas sobre Bukele. Su respuesta, por el momento, es que “nada indica que eso mejore, la experiencia indica todo lo contrario”. “El humanismo penitenciario parte de la base de ver justamente la globalidad de las personas, y no pensar que sólo hay delincuentes, sino personas que cometen delitos”.