Desde el 22 de diciembre, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso a disposición del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) dos casas para que las autogestionen, además de apoyo y seguimiento a los beneficiarios. Desde la cartera se brindarán alimentos, doble aporte en la Tarjeta Uruguay Social y vinculación con el programa Accesos para favorecer la inserción en el mercado laboral.

Wilson Ferreira Sfeir, adscripto de la Dirección Nacional de Protección Social, dijo a la diaria que la propuesta apunta a la “independencia” y a la “autonomía” de las personas. En ese sentido, señaló que la iniciativa no se centra solamente en la “gestión de los centros”, sino “también en la individualidad”.

Cada casa tiene nueve integrantes, a diferencia de los refugios, donde “hay viviendo entre 20 y 30 personas”, acotó Ferreira. A su entender, en los refugios se dificulta “mucho” la convivencia al compartir varios espacios. El jerarca dijo que, en cambio, en estos tipos de dispositivos se busca que la persona tenga su propio dormitorio con sus pertenencias y se realiza un trabajo “cuerpo a cuerpo” junto a los educadores y trabajadores sociales, entre otros técnicos de la organización Observatorio del Sur (Obsur), integrada por laicos y sacerdotes católicos. Obsur trabaja en otros dispositivos del Mides y, según Ferreira, “trabajan recontra bien”. “Hemos tenido varios egresos del sistema de refugios tradicional. Ellos gestionan un par y un centro diurno también. Nos pareció ideal para darle acompañamiento a este proyecto”, indicó y agregó que ya tenían vínculo con Nitep.

Ferreira indicó que Nitep “siempre estuvo en una postura un poco agresiva con el Estado, más allá de los gobiernos. En este caso, dijeron: ‘Sentémonos en la mesa a conversar, veamos cómo podemos solucionar este tema. Nosotros queremos apuntar a reproducir este tipo de dispositivos por todo Montevideo’. Eso era lo que nos decían ellos. Si sale bien, nosotros podemos reproducirlo, porque entendemos que tiene una lógica de trabajar la independencia, la individualidad, además del colectivo”.

Asimismo, el jerarca indicó que querían conveniar con Nitep porque les parece “interesante” escuchar a las personas que viven “todos los días los problemas del sinhogarismo”: “No solamente darles un techo, sino también poder trabajar la inserción en el mercado laboral, culminar estudio y tener capacitaciones laborales”.

El papel de la sociedad civil

Ferreira señaló que las propuestas que nacen de la sociedad civil, “con conocimiento de causa”, son las que “hay que impulsar”. En las dos casas hay “un pacto de convivencia” y además los beneficiarios decidieron qué se iba hacer en cada casa. Por ejemplo, en una de ellas decidieron realizar una huerta, mientras que en la otra se realizará un taller de panadería para así poder comercializar.

En principio, no está planteado que haya más casas mixtas autogestionadas por el colectivo, aunque Ferreira apuntó que harán una evaluación del proyecto. “Si tiene buena evaluación, la idea es poder seguir reproduciéndolo”, dijo y agregó que este tipo de “casas comunitarias, autogestionadas y pequeñas” son “una solución para los vecinos, porque evita el ingreso de las personas a los refugios a determinada hora, lo que convulsiona la convivencia en los barrios”.

Por su parte, Valeria España, abogada especialista en derechos humanos, dijo en diálogo con la diaria que es positivo el carácter participativo de la implementación de esta política. Si bien consideró que es una política que “avanza”, se da en un escenario de una “gran violencia institucional” tanto en el espacio público como en los refugios.

Sobre este último caso, se han denunciado no solamente las características para poder acceder a los refugios, sino también las condiciones que allí se viven, donde “evidentemente tampoco hay un control que se haga a aquellas organizaciones que proveen este servicio de manera tercerizada”, apuntó.

Según España, hay “muchos problemas estructurales” también en los refugios, por lo tanto, “es una buena medida alejarse de ese paradigma, como han dicho las autoridades, pero ninguna política asociada a la situación de calle puede alejarse de ese paradigma si no contempla otras cuestiones que le afectan directamente, como es la normativa que está vigente hoy, que criminaliza a las personas en situación de calle, que habilita la violencia institucional y que de alguna manera tampoco reconoce su condición de sujeto de derechos”.

La especialista dijo que una de las acciones que tendrían que acompañar este tipo de pilotos es poder abrir la discusión de una ley integral para las personas en situación de calle, “donde no solamente se contemplan a las personas que están en situación de calle, sino a aquellas que están en riesgo de estarlo”.