“Disminuir las desigualdades en el país es un gran norte”, afirmó en entrevista con la diaria el próximo ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, sobre las metas de su gestión. Civila, quien resultó electo senador por el Partido Socialista, entiende que el “núcleo de pobreza” se “recrudeció” en términos cuantitativos y cualitativos en los últimos años y que, como respuesta, el Estado debe generar una mayor coordinación con organizaciones sociales que trabajan en los barrios, en lo que describe como “un enfoque comunitario que potencie las capacidades barriales”.
Civila sostiene que, para afrontar la problemática de la situación de calle, la sociedad debe “asumir que hay problemas que no son individuales”. En lo que respecta al marco legal, afirmó que se debe hacer una “buena evaluación” de la ley de internación involuntaria aprobada por este gobierno antes de tomar decisiones, si bien planteó como premisa que “pensar que con compulsividad se puede dar solución al problema es una mirada incompleta”.
El ministro designado también habló de las polémicas declaraciones de la exvicepresidenta y dirigente del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky, quien días atrás aseguró que conoce a personas que mintieron ante la Justicia en causas que investigan delitos de lesa humanidad para condenar a exmilitares. “Las vi con dolor”, lamentó el dirigente socialista.
¿Qué esperás de lo que viene?
Espero una etapa de transformaciones importantes del ministerio, con un equipo de gobierno que lo veo potente, diverso, con una gran riqueza; ese equipo de gobierno tiene grandes desafíos. Hay uno que para mí conecta mucho con el Ministerio de Desarrollo Social [Mides], que es la reducción de la desigualdad. Obviamente que la desigualdad no puede reducirse o afectarse solamente con las políticas que lleva adelante el ministerio, pero creo que sí se trata de pensar el desarrollo social como proyecto. Disminuir las brechas de desigualdad, disminuir las desigualdades en el país es un gran norte, una gran referencia, y desde ahí creo que cobran sentido también otro montón de acciones. Eso va a pautar el qué de las políticas, pero también cómo llevarlas adelante.
¿Cómo viene el armado del equipo?
Tratando de componer un puzle a una escala más pequeña, pero como se hizo con el gobierno nacional. Quiero que haya señales hacia colectivos u organizaciones que han estado trabajando en distintos temas a nivel social y que me parece que pueden tener cabida y hacer un aporte importante. También gente sugerida por distintos grupos del Frente Amplio [FA], personas de estricta confianza política.
La creación del Mides justamente se da con el FA en un contexto de emergencia social. ¿Qué queda de esa emergencia social hoy en día?
Es otro momento de la vida del país. Cuando se creó el Mides, en 2005, todavía estaban los coletazos de la crisis de 2002. Todos recordamos situaciones muy duras. Además, existía una descoordinación, una dispersión de las políticas sociales que hoy están dentro del ministerio, que era imprescindible tratar de remediar. En aquel momento hubo un eje fundamental que fue el Plan de Emergencia, y hoy estamos en otro momento. Creo que hay un contexto diferente: la crisis de 2002 no es asemejable a la crisis social que ha vivido el país en estos últimos años. Hay un núcleo de pobreza muy duro que se ha visto recrudecido, no sólo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Pienso, por ejemplo, en la problemática de calle, pienso también en el enorme desafío de trabajar con los liberados del sistema carcelario –creo que es un acierto que la dirección haya pasado al ministerio–. Hay poblaciones que, producto de distintas circunstancias, también han visto agravada su condición, que ya era una condición de mucha dificultad. En parte, el cambio de modelo que tenemos que llevar adelante tiene que considerar esto, como también que si queremos cambios estructurales, y que la política social contribuya a esos cambios estructurales, necesitamos un trabajo mancomunado con un montón de organizaciones que no son estatales, pero que hacen cosas en todos estos temas. Necesitamos de un enfoque comunitario: un enfoque que potencie las capacidades barriales.
¿Cómo sería ese trabajo?
Imagino espacios de coordinación no solamente a nivel macro –con organizaciones que tienen presencia en muchos lugares–, sino a nivel micro, en lo barrial. Hay que encontrar el formato o los formatos, seguramente sea necesario más de uno, que habiliten que ese entramado comunitario encuentre un espacio también de convergencia. Es muy importante que visualicen también al Estado como un aliado en esa construcción de entramados en el territorio.
¿Planteás la vuelta al funcionamiento de los Socat [Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial]?
En términos generales, te diría que no planteo la vuelta a cosas que se hicieron antes como concepto. Sí creo que hay una inspiración en los Socat que hay que retomar, que tiene que ver con la articulación en territorio. Seguramente no sea repitiendo el modelo de los Socat de forma idéntica.
Gonzalo Civila.
Foto: Martín Varela Umpiérrez
Hablaste de la situación de las personas que viven en la calle, ¿es posible mejorar la vida de esas personas?
Estoy convencido de que sí. Es una tarea difícil pero posible trabajar para que haya menos personas en situación de calle y trabajar también para que los dispositivos que trabajan con las personas en situación de calle apuesten a sacar lo mejor de las personas y generen procesos que tengan un foco en la trayectoria de vida, y no solamente en atender en la emergente la situación puntual, que debe ser atendida sin demora. Creo que la diversidad de dispositivos y de propuestas es clave, porque la diversidad de las realidades también es muy grande.
¿Cómo evaluás la ley de internación compulsiva que aprobó este gobierno?
Hay un marco legal vigente, y tenemos que hacer una buena evaluación de lo que ha sido la aplicación de las normas que existen, porque hay algunas anteriores también. Creo que pensar que con compulsividad se puede dar solución al problema es una mirada incompleta, por la propia experiencia ya transitada. Cómo se ha aplicado la herramienta, cómo se está aplicando, cómo se puede aplicar en el futuro es otra discusión. Creo que se necesitan elementos para hacer una buena evaluación, no tomar decisiones de forma intempestiva. En cualquier caso, creo que lo que sí hay que prevenir es la criminalización de la situación, de las situaciones, no sólo de la situación de calle, sino de las situaciones de extrema dificultad que viven muchos compatriotas en distintos planos. Esa situación de las personas que están en calle ha ido deteriorándose cada vez más, tiene que ver con cuestiones que hacen a la vida concreta de esas personas y también a cómo funcionamos como sociedad en torno a estos temas.
¿Y cómo podría generarse este trabajo con la sociedad?
Se necesita sensibilización y asumir que hay problemas que no son individuales exclusivamente, sino que hay una dimensión que está relacionada con el funcionamiento, con la dinámica de la sociedad. Hay emergentes de esos problemas que nos tienen que interpelar en un montón de niveles. Después hay un enfoque sociocultural que es importante que esté presente en los abordajes, incluso con las propias personas que están en situación de calle. Para todo esto hay que convocar a toda la gente que está trabajando el tema, a los propios participantes de la política. Uno piensa, por ejemplo, sobre el tema refugios y muchas veces la voz de las propias personas que van a los refugios tiene que estar, hay colectivos. Hay gente que está trabajando el tema en distintos espacios de la academia, desde organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo con diferentes abordajes. Se va a necesitar también tomar decisiones inmediatas, porque mientras discutimos, pensamos, reflexionamos, participamos no podemos postergar la toma de decisiones.
¿Hay algún tema en particular que te interese saber en qué situación está durante la transición?
Todos. Tengo la obligación de interesarme por el estado de situación de cada una de las áreas del ministerio. Dentro de las prioridades que tiene el programa del FA hay varias que tienen que ver con políticas que parcialmente están contenidas en los objetivos y en los programas del Mides. Pienso en toda la línea que tiene que ver con las infancias, que es una línea muy importante, con el problema estructural que tiene el país de infantilización de la pobreza, que ha sido puesto también en el debate público y en el que hay aparentemente bastante acuerdo a nivel social y político. El tema de cuidados es también muy importante. Trabajar en el enfoque del sistema y en su potenciación. Es una política que el FA intentó generar o consolidar como sistema en su último gobierno. Lo pudimos hacer parcialmente, faltaron recursos. En este gobierno hubo también movimientos con relación a esta política, uno de los cuales fue la fusión de Cuidados con Discapacidad en el ministerio. Eso es algo que el propio programa del Frente se plantea revertir. Ahí hay otra prioridad. Hay también una prioridad en la revisión y la optimización del sistema de transferencias.
¿Fue parte de la reunión de transición tu encuentro con la Coordinadora de Ollas?
No, no hablamos del tema, ya habíamos conversado por teléfono con el ministro sobre eso.
¿Qué evaluación hacés de ese episodio?
Obviamente que es natural que tengamos desacuerdos, porque tiene que ver con el enfoque, pero sí quedó claro, como lo dije públicamente y se lo dije también a él, que los gestos no tienen ningún intento de desplante, ninguna intencionalidad respecto de las actuales autoridades. El ministerio tiene entre sus objetivos coordinar y articular con las organizaciones que en la sociedad están haciendo cosas. Para nosotros, el fin de la política que lleva adelante el ministerio es la gente, es la sociedad. La gente que ha estado sosteniendo en momentos de emergencia necesidades básicas de nuestros compatriotas es gente que nos merece mucho respeto, consideración, que creemos que hay que escuchar.
Hace unos días estuviste con Yamandú Orsi en una reunión con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. ¿Qué peso creés que tiene la iglesia hoy en día en el trabajo social?
La iglesia católica en Uruguay tiene una gran cantidad de obras sociales en distintos lugares del país. Hay mucha gente trabajando socialmente desde distintos ángulos y con distintas perspectivas, porque la iglesia católica es una organización diversa también, entonces tiene proyectos con distintos enfoques, pero indudablemente es un actor importante para conversar sobre estos temas. Indudablemente, la interrelación con la iglesia católica es importante, como lo va a ser con otras organizaciones, organizaciones culturales, deportivas y religiosas también de otras confesiones.
¿Cómo viste las declaraciones de Lucía Topolansky sobre presuntos testimonios falsos en causas de crímenes de lesa humanidad?
Las vi con dolor. Fue un episodio en el que se activaron muchas cosas que tienen que ver con el sufrimiento del pasado y que todavía está abierto. Hay que tener muchísimo cuidado; no comparto las declaraciones que hizo Lucía. No lo digo como un juicio hacia la persona, que además fue mucho más protagonista de esos hechos que yo, pero a veces las afirmaciones que adquieren un talante general y no queda muy claro de qué se está hablando pueden ser muy revictimizantes y dolorosas para mucha gente.
Nosotros tenemos un gran objetivo que tiene que ver con avanzar en la causa de la memoria, la verdad y la justicia. El terrorismo de Estado no es un elemento exclusivamente histórico, o de narración de la historia, en la medida que hay crímenes que quedaron impunes y hay víctimas con heridas abiertas, que son de toda la sociedad uruguaya también. Es un tema que tiene que estar en el abordaje y en la discusión pública, y en ese sentido me siento parte de la lucha de los derechos humanos, de la memoria, verdad y justicia. Respeto profundamente a las víctimas y creo que es muy importante que el trabajo que haga la Justicia sobre estos temas pueda ser a fondo y que la voz de las víctimas sea central.